Tras el allanamiento que la jueza María Servini ordenó de las oficinas de Gendarmería, se confirmó que la investigación interna por el ataque de un efectivo al fotoperiodista Pablo Grillo del pasado 12 de marzo se cerró solamente una semana después del hecho.
El 19 de junio, Servini ordenó a la División Balística de la Policía de la Ciudad que realice el allanamiento y registro del edificio Centinela de la Gendarmería Nacional Argentina. Además, la jueza pidió que se secuestre el expediente de la investigación interna "para determinar el estado de revista actual del cabo Guerrero y conocer el resultado de las medidas que se realizaron", informó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), querellante en nombre de la familia de Pablo Grillo.
La semana pasada, el juzgado había dado algunos detalles sobre el allanamiento a Gendarmería Nacional. Se habían secuestrado la pistola lanza gases que utilizó el cabo Guerrero el 12 de marzo, una pistola lanza gases de idénticas características a la que usó Guerrero, diez cartuchos de gas lacrimógeno de iguales características a las que usó Guerrero y la información sobre la investigación, denominada como información administrativa 01/25.
La investigación interna
Tal como se desprendió del allanamiento, Gendarmería Nacional cerró el expediente que investigaba la actuación de sus efectivos durante la represión frente al Congreso del 12 de marzo, sin formular ningún reproche disciplinario. "El análisis del expediente revela múltiples falencias que comprometen la seriedad y objetividad de la investigación interna. Lejos de constituir un proceso orientado al esclarecimiento de los hechos y la atribución de responsabilidades, el trámite interno operó como una mera formalidad diseñada para avalar los comportamientos de sus efectivos y encubrir cualquier conducta que haya puesto en peligro la vida de los manifestantes", consideró el CELS.
Cinco días después de la brutal represión, el 17 de marzo, el Comandante de la Región I, Marcelo Porra Melconian, ordenó abrir el expediente y designó como sumariante al Comandante Mayor Adrián Barressi. Al día siguiente, Barressi ya había producido su informe final, en el que concluyó que no existía "reproche disciplinario alguno" y, por ende, no habría suspensión para Guerrero. Para el informe, únicamente tomó declaración a personal de la fuerza.
En el informe, desligaron al oficial de Gendarmería y responsabilizaron a Pablo Grillo, por ubicarse "en la línea de tiro". "Ese mismo 18 de marzo, el asesor jurídico José Carlos Lodolo emitió dictamen coincidente y convalidó la versión oficial. Finalmente, el 19 de marzo, a sólo siete días de los hechos, Porra Melconian firmó la resolución de cierre del sumario", señaló el CELS.
Si bien el expediente se reabrió el 25 de abril y el Comandante de Región Ie ordenó al sumariante que tome nuevas medidas -ampliar declaraciones de efectivos, detallar la nómina del personal actuante, precisar el uso de granadas y medios disuasivos, incorporar partes médicos y realizar una pericia-, un par de días después se firmó un segundo dictamen jurídico, que reiteró que no correspondía formular reproches disciplinarios. El 29 de abril, Porra Melconian volvió a dar por finalizada la investigación administrativa.
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