El fiscal federal Eduardo Taiano solicitó este jueves la elevación a juicio oral de la causa que investiga al oficial de la Policía Federal Cristian Miguel Rivaldi, acusado de abuso de autoridad y lesiones leves por haber rociado con gas pimienta a una niña de 10 años durante una manifestación pacífica en septiembre de 2024. Antes ya lo había pedido la querella. Ahora debe decidir el juez Sebastián Ramos.
El hecho
El episodio ocurrió el 11 de septiembre de 2024 frente al Congreso de la Nación, durante una protesta en defensa de los derechos de los jubilados. Carla Pegoraro y su hija Fabrizia, de 10 años, participaban de la manifestación cuando fueron alcanzadas por gas pimienta lanzado por efectivos de la Policía Federal. Según consta en la causa, ambas se encontraban sentadas en la vía pública, sin ofrecer resistencia ni representar amenaza alguna.
Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia.
La menor fue trasladada al Hospital Oftalmológico Santa Lucía, donde se le diagnosticó conjuntivitis química. Su madre también sufrió irritaciones y dolor persistente. El hecho fue registrado por testigos y difundido en redes sociales, lo que generó una fuerte repercusión pública y el inicio de una investigación judicial.
La acusación
El fiscal Taiano imputó a Rivaldi por los delitos de abuso de autoridad y lesiones leves, y calificó su accionar como “desproporcionado e injustificado”. En su dictamen, sostuvo que el oficial “se apartó de los protocolos vigentes para el uso de la fuerza pública” y que actuó “sin causa legítima, afectando derechos fundamentales de manifestantes pacíficos, entre ellos una niña”.
La causa fue instruida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 12, a cargo del juez Ariel Lijo. Tras la recolección de pruebas, entre ellas testimonios, registros médicos y material audiovisual, el fiscal consideró que estaban dadas las condiciones para avanzar hacia un juicio oral y público.
El caso se inscribe en un contexto de creciente preocupación por el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones sociales y por la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en espacios públicos. Diversas organizaciones de derechos humanos acompañaron la denuncia y reclamaron una investigación exhaustiva.
La madre de la víctima declaró que su hija “no podía abrir los ojos del ardor” y que “nadie se acercó a asistirlas”. También señaló que el hecho ocurrió “sin provocación ni advertencia previa”, mientras ambas se manifestaban de forma pacífica.
Con la elevación a juicio oral, será un tribunal el que determine la responsabilidad penal del oficial Rivaldi. De ser hallado culpable, podría enfrentar penas de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas. La fecha del juicio aún no fue fijada.
Cerrar sesión