Sin respuestas por parte de las autoridades, familias, afiliados y organizaciones sociales se movilizan este martes en Resistencia para denunciar el grave deterioro de la atención sanitaria que padecen cientos de pacientes del Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos de Chaco (INSSSEP), como consecuencia de la falta de pago a prestadores médicos por parte de la gestión de Leandro Zdero y las decisiones del presidente del organismo, Rafael Meneses.
La concentración tiene lugar desde las 9 de la mañana en la sede central del INSSSEP, ubicada en avenida 9 de Julio, en la ciudad Capital. La protesta se desarrolla bajo la consigna “La salud no se negocia” y apunta de manera directa al gobernador chaqueño: señalan que el mandatario “limitó y encareció la cobertura de los servicios” y estableció el cierre del Programa de Prevención de Enfermedades Cardiovasculares.
La deuda acumulada, que alcanza a centros de alta complejidad como el Hospital Italiano, ya provoca la interrupción de tratamientos, controles y derivaciones. La situación pone en riesgo la vida y la salud de niñas, niños, personas con discapacidad y pacientes con patologías severas, que permanecen sin cobertura efectiva. Desde los sectores convocantes advierten que este cuadro configura una grave vulneración del derecho a la salud, reconocido por la Constitución y por la normativa vigente.
Según detalló el medio Noticias del Paraná, las familias exigen el pago inmediato de las deudas y una respuesta concreta que garantice la continuidad de los tratamientos y las prestaciones médicas. En esa línea, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) recordó que el oficialismo logró en la Legislatura la aprobación de un incremento del 100% en los aportes de los trabajadores destinados al Fondo de Alta Complejidad del organismo. Para el gremio, esta medida implica “una reducción salarial extra a sus bolsillos”, vigente desde diciembre de 2025.
El comunicado también apunta contra la política salarial del Gobierno provincial. ATE afirmó que los sueldos de la Administración Pública permanecen congelados “pese a los constantes aumentos de precios en los bienes de primera necesidad y los servicios”, en un contexto inflacionario que “pulveriza la capacidad adquisitiva de las y los estatales chaqueños”.
A su vez, recordó que existen “múltiples medidas judiciales que ordenan al INSSSEP a dar respuestas a situaciones de extrema urgencia sanitaria”, y ratificó que continuará con los reclamos para que “se normalicen los servicios y se proteja el derecho a la salud que debe garantizar el INSSSEP”.
Crisis hídrica en Chaco: sanitaristas profundizan reclamos y advierten por el plan privatizador de Zdero
En medio de la temporada de verano, con altas temperaturas y un consumo energético en alza, miles de usuarios pagan boletas costosas mientras por las canillas no corre una gota. Este panorama expone la fragilidad operativa de la de la compañía Servicios de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial (Sameep), que atraviesa un doble frente crítico: el fuerte malestar social por la falta de suministro y un creciente conflicto gremial puertas adentro.
El gobernador Zdero enfatizó que, en la actualidad, el sostenimiento de Sameep recae sobre el conjunto de la sociedad. "Hoy los chaqueños sostenemos la empresa de Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial", indicó en declaraciones para medios locales, y agregó que es el Estado el que debe cubrir gastos básicos como el pago de salarios.
Los dichos del mandatario provincial solo hacen que el conflicto se profundice: “La casa no está en orden y los platos rotos los paga el usuario”, argumentan desde los gremios al medio Chaco Ahora. El secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias del Chaco (SOSCH), Daniel Tabares, advirtió que las decisiones actuales “huelen a privatización o tercerización de servicios”.
A fines de 2025, trabajadores sanitaristas se movilizaron hacia Casa de Gobierno para exigir respuestas concretas al Ejecutivo provincial. La medida fue resuelta en una asamblea extraordinaria, en un contexto de creciente malestar por incumplimientos salariales y condiciones laborales que, según denuncian, ponen en riesgo tanto la estabilidad de los empleados como la prestación de un servicio esencial. Pese al estado de alerta, los empleados garantizan las guardias mínimas y la continuidad del servicio, remarcando su "compromiso con la comunidad y la paz social".
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