Mientras el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, profundiza las medidas que atentan contra los trabajadores, el diputado provincial Carlos Godoy impulsó un proyecto que propone un recorte del 30% en los salarios de funcionarios y legisladores, además de una fuerte reducción en gastos operativos y de comunicación.
La iniciativa, que el propio legislador del peronismo denomina "Ajuste a la política", busca que la dirigencia sea la primera en asumir el costo del contexto económico. En un mensaje a directo a todos los sectores que sufren el ajuste del Ejecutivo provincial y que salen a las calles para luchar por sus salarios y derechos, la reducción busca incluir al gobernador, vicegobernador, ministros, secretarios de Estado y diputados provinciales.
En su Artículo 1, la normativa establece como objetivo "priorizar los recursos del Estado en políticas públicas esenciales". El texto aclara que el recorte incluye "toda suma percibida", como adicionales, bonificaciones o compensaciones. Además, se especifica que esta medida no alcanzará a otros trabajadores del Estado ni podrá utilizarse como referencia para modificar otros salarios.
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Tras el rechazo y la paralización del debate de la Ley de Emergencia Económica que impulsaba el congelamiento salarial y afectada al régimen previsional, la mesa intersindical de Santa Cruz de trabajadores estatales realizaron una movilización de antorchas a la Casa de Gobierno en Río Gallegos y paro por 72 horas, para exigir el pago de la paritaria acordada y apertura para el corriente años.
Desde Judiciales adelantaron que presentarán un proyecto para exigirle recomposición salarial a Claudio Vidal para todos los trabajadores de planta: "La deuda con nosotros es del 2024, y mitad del 2025".
Publicidad, comunicación y uso de recursos
En el Artículo 4, se prohíbe explícitamente la creación de mecanismos que compensen esta reducción, evitando que el recorte sea neutralizado por otros ingresos.
En tanto, el apartado 5 establece la suspensión de gastos en publicidad oficial, incluyendo pautas en medios, contratación de servicios de comunicación y financiamiento de redes sociales con fines institucionales o políticos.
Según detalló El Diario Nuevo Día, solo se permitirá la difusión de campañas vinculadas a salud, educación, seguridad y emergencias. En este punto, el proyecto apunta a reducir uno de los rubros más cuestionados del gasto público.
Por su parte, el Artículo 6 limita el uso de bienes del Estado: restringe vehículos oficiales, suspende viáticos y gastos de representación. Sin embargo, exceptúa áreas esenciales como salud, seguridad, Vialidad y operativos invernales.
Además, el legislador planteó la derogación del sistema de Sociedades Anónimas Unipersonales (SAU), al que calificó como "poco transparente" y con escasos controles sobre el manejo de recursos.
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