Si bien la Cámara de Diputados rechazó el veto a la ley de Emergencia en Discapacidad, en la provincia de Santa Fe apuntan contra el brutal ajuste llevado adelante por el gobierno de Javier Milei. La abogada y presidenta de la Asociación Civil Incluime, Mariela Peña, se refirió a la grave crisis que atraviesa el sector por la falta de actualizaciones en las políticas y la retirada de prestaciones esenciales. "El Estado se está retirando y eso margina a los más vulnerables", advirtió.
En en el marco de los recortes, Peña señaló que uno de los ejemplos más claros es la quita de la cobertura de transporte para los estudiantes con discapacidad. En las zonas rurales del territorio santafesino, donde la distancia entre los hogares y las escuelas puede superar los 50 kilómetros, esta falta de movilidad deja a los niños y jóvenes completamente aislados.
Otro de los problemas que mencionó Peña fue la eliminación de pensiones para 110.000 personas con discapacidad a nivel nacional. En Santa Fe, muchas personas se vieron afectadas por esta medida que las dejó sin el único sustento económico. "Vimos testimonios de familias que han dejado de cobrar la pensión y no se enteraron hasta el último momento", lamentó Peña.
En medio del escándalo por los audios de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) de la administración de La Libertad Avanza (LLA), la presidenta de la asociación explicó que, desde marzo de 2025, el Estado nacional dejó de cubrir el transporte escolar para los niños, niñas y adolescentes santafesinos con discapacidad que reciben la pensión no contributiva por invalidez.
En esa línea, detalló que la última reunión con el directorio de la ANDIS fue en octubre del año pasado, lo que provocó que no se actualicen las tarifas de las prestaciones. "Estamos llegando casi al año sin una mesa de trabajo, sin políticas públicas que puedan aliviar esta situación y es crítica", comentó la militante por los derechos de las personas con discapacidad en diálogo con el medio AIRE.
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La falta de actualización en los pagos a los prestadores de servicios está provocando que estos recorten las atenciones. En algunos casos, los trabajadores de centros de día y hogares para personas con discapacidad reciben sus sueldos en cuotas y a veces incluso recurren a la realización de bingos para poder cubrir los gastos. Peña advirtió que esta situación está llevando a muchos empleados a abandonar el sistema, lo que deja a las personas con discapacidad sin la atención que necesitan. "Este es un problema estructural que el Estado debe resolver urgentemente", afirmó.
Con 73 votos en contra al veto, la Cámara baja decidió darle un fuerte revés al presidente Milei. El proyecto, que declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y puede prorrogarse por un año, tiene como objetivo garantizar el financiamiento de las pensiones no contributivas, otorgar compensaciones de emergencia a los prestadores, actualizar mensualmente el nomenclador de aranceles y asegurar el presupuesto de la ANDIS. La iniciativa ahora pasará al Senado y, si la oposición consigue los dos tercios, por primera vez en la historia el Congreso de la Nación habrá rechazado un veto presidencial.
Ley de Emergencia en Discapacidad: principales puntos
En un contexto de cada vez más ajuste y demora en los pagos, la ley determina:
- Regularización de pagos y actualización de aranceles: busca saldar las deudas con los prestadores del sistema de salud y actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral.
- Reforma del sistema de pensiones no contributivas: garantizar el financiamiento para las pensiones por discapacidad, evaluar las condiciones de acceso y de permanencia en el beneficio percibido.
- Mejorar la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS): realizar auditorías para identificar problemas en la gestión de prestaciones.
- Actualizar el Certificado Único de Discapacidad (CUD): solicita que ANDIS junto al Consejo Federal de Discapacidad, establezca los lineamientos sobre las condiciones físicas, mentales, intelectuales, sensoriales y sociales para la certificación de una persona con discapacidad.
- Transparencia del Gobierno nacional: el Poder Ejecutivo deberá informar públicamente sobre la ejecución presupuestaria y las políticas implementadas en el marco de la emergencia.
- Retribuciones económicas: la norma establece una compensación económica de emergencia para prestadores y asignaciones para talleres de producción, con un impacto fiscal estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso de entre el 0,22% y 0,42% del PBI.
- Garantizar los talleres protegidos y centros de día: la ley propone asignar recursos específicos y compensaciones para garantizar el acceso y el funcionamiento continuo de los talleres.
- Cumplimiento de cupo laboral en el sector público: la norma reafirma que el Estado debe cumplir con el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad en el sector público.
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