La Asociación del Magisterio de Santa Fe (Amsafé), el gremio de docentes públicos, presentó este miércoles un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe contra la reforma jubilatoria establecida por la Ley N.º 14.283, sancionada de manera polémica en septiembre de 2024. La reforma vulnera los derechos de los trabajadores y jubilados con la justificación del gobierno de Maximiliano Pullaro de sanear "el déficit" de la Caja de Jubilaciones y Pensiones.
A través de un comunicado, Amsafé explicó que esta medida judicial busca proteger los derechos individuales y colectivos de los docentes, tanto en actividad como jubilados, que se verían afectados por la nueva normativa. En ese sentido, aseguran que la ley "lesiona, restringe y amenaza derechos y garantías consagradas por la Constitución Nacional y la Constitución Provincial".
"Desde el momento en el que el Gobierno de la Provincia envió a la Legislatura Provincial la Reforma Jubilatoria para su tratamiento, desde AMSAFE advertimos que afectaba seriamente los derechos de las y los trabajadores de la educación activos y jubilados", señalaron desde la entidad gremial, que pidió declarar la inconstitucionalidad de la ley.
El gobernador Pullaro alcanzó su objetivo a partir de las desprolijidades e improvisaciones del oficialismo en la Cámara baja y con represión por parte de la Policía a los manifestantes en las afueras de la Legislatura. De esta manera, el mandatario radical pudo establecer una ley que avasalla a los empleados públicos y otros sectores, justificándose en que se alcanzará una reducción de entre un 20 y 30% de las pérdidas de la Caja.
Según la nueva norma destinada a achicar el millonario déficit previsional, en el marco de la emergencia dictada por dos años y prorrogable por otro más, rige un aporte solidario de pasivos y activos. En el caso de los pasivos, ese aporte lo pagarán aquellos que perciban más de tres haberes mínimos y de modo ascendente. Además, se incrementa el aporte para los activos y hay un tope equivalente a 20 jubilaciones mínimas para los pasivos.
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La reforma, que consta de 56 artículos redactados en 49 páginas, también establece límites temporales para las pensiones. Asimismo, se implementan cambios en el sistema de pensiones y el cálculo de haberes de los docentes, a la par de retoques en el régimen para los integrantes de las fuerzas de seguridad.
Esto traza una línea de parentesco con lo que pretende la administración de Javier Milei a nivel nacional. "La relación entre Javier Milei y Maximiliano Pullaro se manifestó esta semana de una forma muy explícita: radicales cambiando su voto frente al veto del Presidente de la Nación al aumento para los jubilados, e integrantes del mismo partido forzando una Reforma Previsional en nuestra provincia. La simetría entre ambos es inocultable", plantearon desde la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram) días después de la sanción.
Revés judicial contra la reforma previsional de Pullaro: una jubilada docente de Rosario le ganó la pulseada
La presentación judicial del gremio se da en un contexto en el que se están conociendo distintos fallos judiciales, principalmente en Rosario, en contra de la reforma jubilatoria. A través de una acción de amparo, una docente jubilada de Rosario consiguió eximirse de los descuentos de haberes.
El fallo corresponde a la jueza Nº 10 del fuero laboral, Paula Calace Vigo, y le impone a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia que interrumpa los descuentos de haberes aplicados y devuelva los que ya detrajo a la demandante.
Si bien ya hubo veredictos de la Justicia, casi todos partieron de denuncias de ex magistrados y funcionarios judiciales, que perciben jubilaciones altas. En esta oportunidad, la demanda fue realizada por una jubilada docente, con un haber de 1,7 millón de pesos, problemas de salud propios de su edad y con un hijo con discapacidad a su cargo.
Es el tercer caso, por lo menos, en el que una persona con jubilación media logra eximirse -a través de la Justicia- de los descuentos de haberes que impone la reforma de Pullaro. El amparo interpuesto por esta jubilada ataca al artículo 2º de la ley, que impone esa contribución forzosa, que redunda en el descuento. El otro artículo impugnado, el 10º, implica otra de las críticas que cosechó la reforma de Pullaro: la facultad conferida al Ejecutivo para postergar hasta 60 días a la clase pasiva la aplicación de los aumentos que por paritaria consiguen los gremios de trabajadores públicos provinciales.
De esta manera, los jubilados cobran los incrementos con dos meses de retraso, lo que genera un deterioro progresivo de su poder adquisitivo respecto de los trabajadores activos. Por lo tanto, erosiona el principio del 82 por ciento móvil de sus haberes.
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