Luego de que el diario La Nación revelara un presunto espionaje ilegal de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) a dirigentes políticos, sociales y sindicales opositores, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el diputado Facundo Manes y las dos CTA se presentaron en tribunales con denuncias penales. El mandatario provincial pidió a la justicia federal de La Plata que investigue los hechos. La central sindical recurrió a Comodoro Py y acusó directamente al jefe de inteligencia, Sergio Neiffert, y al presidente Javier Mileil. Manes agregó el tema en su causa contra el asesor presidencial Santiago Caputo. El martes se reúne la bicameral de Inteligencia por este tema. La filtración y sus consecuencias suman un nuevo capítulo a la feroz interna que sacude a la SIDE mileísta.
Las denuncias contra la SIDE
El periodista Hugo Alconada Mon publicó el pasado 3 de agosto en La Nación una nota titulada “Reporte secreto. La SIDE redacta informes sobre las actividades políticas de la oposición, sindicatos y grupos de jubilados”. Entre las víctimas de ese accionar ilegal de los servicios de inteligencia el periodista mencionó al gobernador Kicillof, al presidente del consejo provincial del PJ bonaerense Máximo Kirchner, a Sergio Massa, al diputado nacional Facundo Manes y al ex intendente Néstor Grindetti, además de organizaciones sociales y sindicales. El reporte está en línea con el Plan de Inteligencia Nacional de la SIDE que como informó El Destape habilita al organismo a realizar espionaje interno, algo absolutamente ilegal.
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De acuerdo a lo publicado por La Nación, en un parte de inteligencia titulado “Hechos previstos 09JUL25”, la SIDE detalló cuáles eran las actividades políticas de dirigentes peronistas, radicales, de la izquierda y especialmente de La Cámpora. El informe fue fechado un día antes, 8 de julio, cuando estaba por vencer el plazo para presentar las alianzas que competirán en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. “Redactado por la Agencia de Seguridad Nacional, uno de los cuatro organismos que conforman la SIDE bajo el mando de Sergio Neiffert, el reporte también detalló diversas actividades públicas −todas lícitas− que se llevarían a cabo el miércoles 9 y días posteriores, como protestas gremiales, convocatorias callejeras y hasta actos culturales, además de actividades de colectivos de jubilados, personas con discapacidades, entre otros”, informó Alconada Mon. Allí se precisaban los horarios, recorridas y lugares específicos de concentración de cada manifestación.
En el parte de inteligencia también se refería que “el jefe político del espacio ‘Para Adelante’, Facundo Manes, mantuvo un encuentro en su domicilio con el ex intendente de Lanús, Néstor Grindetti”. Diego Kravetz, quien fue designado como subsecretario de inteligencia en la SIDE por el gobierno de Javier Milei, trabajó justamente con Grindetti en Lanús, lo que evidencia la interna que actualmente sacude a la agencia de inteligencia.
Varios de los actores mencionados en el artículo decidieron hacerse eco de la noticia y recurrir a los tribunales. El gobernador Axel Kicillof fue uno de ellos. El mandatario provincial realizó una presentación ante la justicia federal de La Plata. La presentación quedó radicada en el juzgado a cargo de Alejo Ramos Padilla.
En su presentación, el gobernador Kicillof explicó que se anotició por notas periodísticas de “supuestas maniobras de espionaje ilegal por parte de funcionarios y/o personal de la SIDE contra mi persona, entre otros”. El mandatario se cuidó de no apuntar directamente contra el Presidente y pidió se abra una investigación “con urgencia” por “lo presuntamente ocurrido”, que definió como algo de “gravedad”.
Kicillof presentó la denuncia “a fin de que se investiguen los supuestos hechos ilícitos”. Dijo que se trataron de “delitos de acción pública cometidos por personas cuya identidad deberá establecerse y cuya calificación legal se determinará luego de la pertinente investigación y reconstrucción de su verdadero alcance”. Con ese norte solicitó a la Justicia que “proceda a la instrucción del sumario y a la producción de las medidas de prueba conducentes para el esclarecimiento de los hechos y la atribución de las responsabilidades penales correspondientes”. El juez federal Ramos Padilla ya ordenó certificar la existencia de otros expedientes abiertos por el mismo tema en otras jurisdicciones.
Al igual que Kicillof, el miércoles pasado las dos CTA denunciaron los hechos que se narraron en La Nación ya que las centrales gremiales también aparecían como objetivos de inteligencia. Las centrales sindicales hicieron la presentación de manera conjunta. A diferencia del gobernador, Hugo Yasky y Hugo Godoy, Secretarios Generales de la Central de Trabajadores de la Argentina de los Trabajadores y la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma, realizaron la denuncia ante los tribunales federales de Comodoro Py y directamente apuntaron al presidente Javier Milei y al jefe de la SIDE, Sergio Neiffert. El caso quedó radicado en el juzgado federal Nº 10 a cargo de Julián Ercolini con el número de expediente CFP 3211/2025.
En la presentación que lleva la rúbrica de la abogada y exministra Elizabeth Gómez Alcorta, las dos CTA afirmaron: “La finalidad aparente de estos informes sería la anticipación o el mapeo de las acciones de las organizaciones y las estrategias electorales de distintos espacios opositores y sindicales. Tal práctica se encuentra claramente prohibida por la Ley de Inteligencia Nacional, constituyendo un grave acto de espionaje ilegal y violación de la privacidad de los ciudadanos y dirigentes involucrados”.
Los denunciantes enfatizaron que “es fundamental investigar estos hechos para esclarecer la existencia de un esquema sistemático de espionaje ilegal que vulnera derechos constitucionales fundamentales”. En esa línea, sostuvieron que el espionaje tuvo “motivaciones estrictamente políticas -incluso electorales-” por lo que “resulta elemental que estas acciones han contado con la participación o autorización de altas autoridades del Estado. En este sentido, es el presidente de la Nación quien ostenta la dirección política y el control supremo de la SIDE. La omisión de investigar a quiénes dieron órdenes o autorizaciones específicas implicaría un grave daño a la democracia, por lo que se hace indispensable solicitar las medidas correspondientes para determinar la cadena de mando y las responsabilidades penales correspondientes”.
A la par, los secretarios generales de ambas CTA solicitaron a la Justicia una serie de medidas de prueba entre las que se encuentran citar a Alconada Mon a atestiguar, requerir a la SIDE “en carácter de urgente, los informes que se hayan elaborado de acuerdo con la información que brindara el periodista Hugo Alconada Mon” y que “informe, si aquellos informes fueron elaborados en virtud de alguna orden judicial, en su caso, aporte el Numero de Causa y el juzgado interviniente”. Spoiler: no hubo ninguna orden judicial.
El primero de los presuntamente espiados que concurrió a tribunales tras la nota de La Nación fue el diputado radical Facundo Manes. El legislador nacional se presentó el lunes en Comodoro Py y reclamó que los hechos que lo mencionan como víctima de un espionaje de la SIDE se investiguen en el marco de la causa que le inició al asesor estrella de Milei, Santiago Caputo, por amenazas luego de que lo increpara violentamente en el Congreso tras la Asamblea Legislativa de este año. “Se denuncia el hecho publicado en La Nación y se solicita que se investigue su existencia como un elemento de prueba de la coacción de la amenaza”, explicó a El Destape el abogado de Manes, el prestigioso jurista Andrés Gil Domínguez. El juez ya corrió vista al Ministerio Público Fiscal para que opine respecto a lo requerido por el diputado nacional.
Es relevante recordar que según La Ley de Inteligencia Nacional los organismos de inteligencia tiene prohibido “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.
La reunión de la Bicameral de Inteligencia
Para la Comisión Bicameral de Inteligencia, el presunto espionaje de la SIDE tampoco pasó desapercibido. El próximo martes, cuando a las 15 se reúnan los integrantes de esta comisión parlamentaria encargada de controlar a los organismos de inteligencia, el presunto espionaje de la SIDE será incluido al temario.
Según pudo reconstruir El Destape, es posible que se decida convocar nuevamente a Neiffert a dar explicaciones. Entre otras cosas, en la última reunión que mantuvo la bicameral con el jefe de la SIDE para abordar el Programa de Inteligencia Nacional los miembros de la comisión quedaron disconformes con sus respuestas. Por ese plan, el titular de la SIDE fue denunciado penalmente.
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Tal como publicó El Destape, el gobierno de Milei habilitó el espionaje interno según surge de un documento reservado que elaboró la SIDE y al que accedió este medio: El Plan de Inteligencia Nacional (PIN). El objetivo que subyace en las directivas de ese plan es la posibilidad de que la ex AFI realice un control social sobre distintos actores de la sociedad y trabaje para reforzar el relato oficial sobre la realidad.
El organismo que conduce Neiffert abre la posibilidad a que se realicen tareas de inteligencia contra todo aquel que “erosione la confianza” en el plan económico del Poder Ejecutivo y manipule a la opinión pública “de manera contraria al interés nacional”. El Plan de Inteligencia Nacional utiliza todo tipo de ambigüedades e imprecisiones lo que hace que la SIDE pueda tener como blanco a periodistas, economistas, sindicalistas y todo aquel que critique a Milei y su relato de la realidad, lo que viola la Ley de Inteligencia Nacional. También pueden ser objetivo de acciones de inteligencia quienes cuestionan a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich o realicen determinadas acciones de protesta. Otro dato central que se desprende del PIN es el encuadramiento explícito con la política de los Estados Unidos e Israel.
Tal como surge del documento, en el Lineamiento estratégico 2, titulado “Superioridad de la información y riesgo de influencia externa”, se precisa como objetivo analizar los riesgos o amenazas que se generen por la difusión de “información falsa o engañosa” con “la intención de influir en la opinión pública y/ o manipular a personas vinculadas a procesos decisorios, de manera contraria al interés nacional”. Aquí es donde entran en juego distintas dimensiones para la SIDE, como la política, la económica y la social. Según constató El Destape, en Planes de Inteligencia Nacional de otras gestiones no existieron abordajes de esas cuestiones.
En lo que hace a la primera dimensión, por ejemplo, la SIDE mileísta se propone hacer foco en quienes “promuevan relatos con potencialidad de desestabilización institucional”. En este lineamiento podría cuadrar el reporte del nuevo escándalo.
Otro objetivo particular del PIN 2024 se centra en el aspecto económico del gobierno. La SIDE apunta a quienes difundan “información falsa o engañosa” para producir un “impacto significativo en la dimensión económica, afectando el normal desempeño de diversos sectores y generando riesgos a la Nación y la sociedad”.
Al ser interpelado por este plan por los integrantes de la bicameral de inteligencia, en el edificio donde la funciona la SIDE, a la concurrieron los parlamentarios, Neiffert no dio explicaciones claras. Ahora, al señor 5 -como se conoce al jefe de inteligencia- se le suma un nuevo escándalo que tiene el mismo origen: la realización de tareas ilegales de inteligencia contra opositores por parte del organismo que conduce.
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