El Gobierno abandonó la tarea de velar por la transparencia de los procesos electorales de los sindicatos. Desde hace al menos dos meses la Secretaría de Trabajo discontinuó el otorgamiento de certificaciones de autoridades electas en las organizaciones gremiales, lo que para los especialistas es una forma de anarquizar el rubro al estimular las disputas internas además de complicar tareas tan cotidianas como trámites ante los bancos. También cesó con el envío de veedores a las votaciones y a las presentaciones de memorias y balances, una atribución histórica del Ejecutivo interrumpida por la aparente inspiración de la motosierra del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
La renuncia de la cartera que encabeza Julio Cordero a llevar a cabo su labor de control coincidió con el desplazamiento del último director nacional de Asociaciones Sindicales, Claudio Aquino, y la decisión de no suplantarlo por otro funcionario. La certificación de autoridades es el instrumento por el cual el Estado da cuenta de la legalidad y transparencia en el resultado de un comicio y, por lo tanto, de los dirigentes electos. Su utilización más frecuente es ante las entidades financieras para la adquisición de propiedades o vehículos, pero también para clausurar eventuales disputas internas.
Si al cese de las certificaciones se le suma la privación de veedores en las elecciones el mensaje implícito apunta a estimular las confrontaciones internas en los sindicatos a falta de una vigilancia estatal. Ese escenario, a su vez, es propicio para las avanzadas de un gobierno como el de Javier Milei, que hasta ahora intervino una veintena de obras sociales sindicales y sabe que hacerse de estructuras gremiales reporta fondos y presencia territorial. Incluso, como se sospecha sucedió en la intervención de la obra social de los rurales Osprera, plataformas para compras o licitaciones amañadas a favor de empresas cercanas a la familia Menem.
El corrimiento de la mirada del Estado sobre la vida interna de los sindicatos se produjo al mismo tiempo de la publicación en el Boletín Oficial, en mayo pasado, del decreto 342/25 que derogó varias instancias que Trabajo debía recorrer para encaminar una elección sindical antes de avanzar sobre la intervención de la organización por acefalía. En una primera lectura, y tal como cita la norma en sus considerandos, podría interpretarse que se trata de una decisión auspiciosa del Gobierno de reducir su injerencia sobre los gremios.
Sin embargo, en los últimos días creció la tesis entre los asesores de la CGT de que ese abandono podrá convertirse en terreno fértil para las tensiones internas con listas opositoras, para la judicialización y la eventual intervención del Ejecutivo por acefalía. Fue de hecho el camino que recorrió Trabajo en la disputa entre el secretario general de la Unión de Trabajadores Rurales (Uatre), José Voytenco, y el dirigente opositor y diputado libertario Pablo Ansaloni, que derivó en un intento de intervención judicializado. La semana pasada la Justicia federal allanó la cartera laboral por esta causa, tal como reveló en exclusiva El Destape.
La maniobra encontró desorientada a la CGT, que en mayo pasado se había abocado a frenar otro decreto publicado el mismo día, el 340/25, que estiraba al máximo los criterios de servicios esenciales y de ese modo ponía trabas generalizadas al ejercicio del derecho a huelga. La judicialización de aquella norma encontró eco en la Justicia del Trabajo, que dictó una medida cautelar y puso en suspenso su aplicación. En paralelo quedó en plena vigencia el decreto 342 pese a las advertencias de algunos de los abogados de la central obrera. Hasta ahora los gremios buscaron suplir la ausencia de control estatal con la contratación de escribanos para dar fe de las elecciones y cubrirse de la posible judicialización de sus actos.
Hasta ahora no hubo reportes de intervenciones de Trabajo en sindicatos o intentos de avanzar sobre los resortes propios de cada estructura para la resolución de sus disputas internas. De todos modos la modificación que introdujo el decreto 342 a la ley 23.551, de Asociaciones Sindicales, allana el camino para la captura de gremios por parte del Ejecutivo. El primer artículo simplifica las facultades de la cartera laboral al constatarse un conflicto interno sin resolución: “Designar un funcionario con carácter excepcional, en caso de que se produjere un estado de acefalía con relación a la comisión directiva de una asociación sindical de trabajadores o al órgano que tenga asignadas las funciones propias de un cuerpo de conducción”.
La norma otorga al funcionario del Ejecutivo un período de 120 días “prorrogables por el mismo plazo” para normalizar y llamar a elecciones. Es decir que, en la interpretación más extensa, el Gobierno se hace durante un año (si se contabilizan como hábiles los días de intervención) del control de un gremio con posibilidad concreta luego de incidir sobre el diseño de una nueva conducción, como mostraron históricamente gobiernos como el de Mauricio Macri y ahora el de Javier Milei.
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