La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), conducida por Juan Carlos Schmid, expresó su “enérgico repudio” a la decisión del Ministerio de Capital Humano de iniciar sumarios contra la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y el Sindicato La Fraternidad por el presunto incumplimiento de la conciliación obligatoria, en el marco de su participación en el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) el 19 de febrero.
El Gobierno informó que, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, inició los procedimientos administrativos contra ambos gremios por no acatar las conciliaciones obligatorias dictadas según la normativa vigente. Según precisó la cartera laboral, las infracciones contempladas en el régimen general de sanciones por infracciones laborales —ratificado por la Ley N.º 25.212— pueden implicar multas que van del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador afectado.
Desde la CATT advirtieron que la medida “constituye un grave antecedente de presión sobre las organizaciones sindicales y una señal preocupante de avance sobre derechos fundamentales de los trabajadores”, entre ellos el derecho constitucional a la organización y a la huelga.
En ese sentido, Schmid sostuvo que “el derecho a huelga es una herramienta legítima del movimiento obrero y está protegido por la Constitución Nacional y por los convenios internacionales de la OIT”. Y agregó que “pretender sancionar a organizaciones sindicales por ejercer ese derecho es un camino peligroso que atenta contra la democracia sindical y el diálogo social”.
Por su parte, el secretario gremial de la Confederación, Juan Pablo Brey, remarcó que “el transporte argentino ha demostrado históricamente su compromiso con el funcionamiento del país y con la sociedad”. Sin embargo, subrayó que “también tiene el derecho de defender las condiciones de trabajo y las conquistas laborales”.
En esa línea, Brey advirtió que “la judicialización o sanción del conflicto gremial no contribuye a resolver los problemas de fondo y sólo profundiza la confrontación”.
Finalmente, desde la CATT expresaron su “solidaridad con los trabajadores y trabajadoras del transporte y con las organizaciones sindicales afectadas”, y denunciaron “cualquier intento de avanzar sobre la libertad sindical y el derecho constitucional de huelga, pilares fundamentales de la democracia y de la organización de los trabajadores”.
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