La defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner pidió ante la Cámara de Casación Federal la recusación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. También elevó un recurso extraordinario para que se le retire la tobillera electrónica y cuestionó los límites al régimen de visitas, en el marco de su arresto domiciliario por la causa Vialidad.
Según el escrito firmado por el abogado Carlos Berardi, la desestimación de la Corte del recurso de queja ante la condena por la causa Vialidad dictada por Casación "puso de manifiesto severas incongruencias y contradicciones que no solo implican un grave retroceso en materia de garantías constitucionales y convencionales, sino que, además, configuran una situación de temor objetivo de parcialidad respecto de los jueces que suscribieron tal pronunciamiento".
"Tanto las circunstancias que rodearon la tramitación y resolución del recurso en cuestión como los serios déficits argumentales que presenta el fallo dictado en consecuencia, constituyen hechos objetivamente verificables que justifican plenamente la promoción del presente planteo", indicó el texto.
Cristina Kirchner está condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad y se le concedió arresto domiciliario con tobillera electrónica en su domicilio de San José 1111 en el barrio porteño de Constitución.
Por otra parte, la defensa de Cristina Kirchner también apeló la negativa a retirarle la tobillera electrónica en su arresto domiciliario. Será Casación la que tendrá que resolver si concede ante el recurso extraordinario. En caso de no hacerlo, a la defensa solo le quedará el recurso de queja directa ante el máximo tribunal del país.
"Como se observa fácilmente, no reviste ninguna prioridad la aplicación del dispositivo en el caso de Cristina Fernández de Kirchner. Solo la satisfacción que genera a algunos, el morbo de la estigmatización y el ensañamiento de parte 8 de un poder judicial que ha perdido el rumbo y se ha apartado de la aplicación de la ley hace lamentablemente ya muchos 9 años", señaló el escrito.
Asimismo, la defensa de la titular del Partido Justicialista cuestionó los límites al régimen de visitas, alegando que "ni en casos de narcocriminalidad ni ante delitos de lesa humanidad se han impuesto reglas similares".
"No se conoce ni se ha invocado un solo caso en el cual se hayan impuesto regímenes de visitas controlados o acotados a personas que cumplen pena bajo la modalidad de arresto domiciliario; ni siquiera respecto a personas condenadas por delitos infinitamente más graves al que (injustamente) le fue atribuido a nuestra representada", concluyeron.
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