Producto de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei, los trabajadores de una importante empresa de neumáticos tomaron la planta en reclamo de los sueldos adeudados y para pedir que se retome la actividad. Tras más de 100 días de lucha, obtuvieron una respuesta.
Los trabajadores de Neumáticos Ruiz consiguieron un compromiso de reapertura de la planta de Córdoba y el pago de salarios adeudados. El conflicto se arrastra desde el 8 de febrero, cuando la empresa cerró sus puertas en medio de una crisis que dejó a decenas de familias sin ingresos.
La firma, dedicada al recapado de neumáticos para camiones, tractores y maquinaria vial, llegó a contar con una dotación de 85 empleados. Sin embargo, tras meses de incertidumbre y desvinculaciones, actualmente son 31 los trabajadores que continúan reclamando la continuidad de sus puestos laborales y el cobro de haberes pendientes.
El entendimiento fue alcanzado en el marco de negociaciones desarrolladas ante la justicia . Allí, el empresario Hugo Alberto Ruiz asumió el compromiso de reabrir la planta el próximo martes y habilitar el regreso progresivo del personal. Además, aseguró que cancelará los salarios adeudados correspondientes a abril y mayo.
Las importaciones golpearon duramente a la fábrica de neumáticos
La situación de la compañía se agravó luego de ingresar en concurso de acreedores. Según explicó Gabriel Ponce, secretario ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) Córdoba y empleado de la planta desde 1996, la empresa argumentó que no disponía de recursos suficientes para sostener la actividad.
Desde el gremio sostienen que uno de los factores que golpeó al sector fue el incremento de las importaciones de neumáticos provenientes de China. De acuerdo con Ponce, la actividad vinculada al recapado de cubiertas para transporte de carga sufrió una retracción cercana al 30 por ciento.
En un primer momento, los trabajadores aceptaron esperar la reapertura prometida por la empresa. Sin embargo, ante la falta de avances concretos, decidieron instalar un acampe permanente frente a la fábrica y profundizar las medidas de protesta para exigir respuestas.
El sindicato también denunció que durante el proceso más de 50 empleados fueron desvinculados sin recibir telegramas de despido ni el pago de las indemnizaciones correspondientes. Además, cuestionó acuerdos de desvinculación impulsados por la empresa que, según señalaron, contemplaban montos muy inferiores a los establecidos por la legislación laboral.
“Trabajadores con muchos años de antigüedad terminaron aceptando sumas que representaban apenas una fracción de lo que les correspondía cobrar”, afirmó Ponce a Infogremiales. Mientras el conflicto permanecía sin resolución, muchos de los operarios debieron buscar alternativas para sostener económicamente a sus familias. Algunos comenzaron a trabajar como repartidores o conductores de aplicaciones, mientras que otros recurrieron a changas y tareas ocasionales para generar ingresos.
Ahora, tras más de tres meses de acampe y negociaciones, los trabajadores esperan que el compromiso asumido por la empresa se concrete y permita retomar la actividad productiva en la planta.
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