La Justicia avanza con la investigación contra Marcelo Porcel, empresario acusado de presuntos abusos contra menores en el colegio Palermo Chico. Las pericias psicológicas realizadas a los primeros denunciantes buscan determinar el impacto de los hechos denunciados y aún no permiten adelantar definiciones sobre el caso, que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50.
Las pericias psicológicas correspondientes a las cámaras Gesell realizadas a los últimos tres menores concluirán recién a mediados de febrero, lo que retrasa cualquier novedad judicial. Una fuente con acceso al expediente explicó a Infobae, medio que tuvo acceso a los informes del Cuerpo Médico Forense, que los tiempos responden a la ampliación de la denuncia presentada a fines de diciembre.
La causa está a cargo del fiscal Pablo Turano, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, y tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard. El empresario acusado enfrenta imputaciones por abuso sexual gravemente ultrajante por la multiplicidad de víctimas, corrupción de menores agravada y producción de representaciones sexuales de menores de 18 años.
El expediente judicial se centra en hechos que habrían ocurrido entre 2022 y 2024. De acuerdo con la investigación, el presunto abusador habría captado la confianza de los amigos de sus hijos y los habría llevado tanto a sus domicilios como a su lugar de trabajo, donde organizaba reuniones y fiestas. Siempre -según la causa- les proveía alcohol, impulsaba juegos, apuestas online y desafíos en los que ofrecía dinero como recompensa.
En ese contexto, se lo acusa de haber incentivado a los menores a desnudarse de la parte inferior del cuerpo o de haberles realizado masajes con cremas en piernas y espaldas, llegando en algunas situaciones a tocar o rozar las partes íntimas de los chicos, de acuerdo a los relatos de las víctimas incorporados al expediente.
La causa reúne un total de 10 víctimas, todas están representadas por el abogado Pablo Hawlena Gianotti, mientras que la defensa del empresario acusado está a cargo de Roberto Rallin. La investigación se concentró en los tres últimos denunciantes incorporados, lo que llevó al fiscal a priorizar estos casos antes de avanzar con la indagatoria de Porcel. Para poder realizar las nuevas cámaras Gesell, se decidió habilitar la feria judicial.
El objetivo de estas evaluaciones es clarificar si los menores fueron coaccionados para formular denuncias, si existió fabulación de los hechos o si presentan indicadores compatibles con situaciones de abuso. La realización se vio retrasada debido a un error en la notificación de una perito de la defensa, cuya presencia era indispensable para la continuidad de las audiencias.
El contenido de las pericias a los chicos denunciantes
Las pericias psicológicas realizadas a cuatro de los primeros siete chicos denunciantes, elaboradas por profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, señalan que “no surgían indicadores de cuadro psicopatológico de base, ni productividad de tipo psicótica... No surge sintomatología, conductas desajustadas, ni indicadores (en su discurso ni en sus producciones proyectivas) de compromiso psicoemocional-traumático asociados a victimización sexual” en los menores.
Uno de los profesionales destacó que el menor que entrevistó “se encuentra orientado en tiempo y espacio, con conciencia situacional; su estructura de lenguaje y contenido del discurso resultan coherentes; posee un adecuado nivel de comprensión y sus facultades mentales no revisten alteraciones, ajustándose a los parámetros esperables para la etapa evolutiva por la que atraviesa”. Y añadió: “El joven no presenta producción imaginativa de índole patológica (fabulación), contando con recursos internos que le posibilitan discriminar entre contenidos de la realidad y contenidos de la fantasía...”.
En otro de los peritajes, uno de los chicos señaló que “llegó a sentirse presionado por parte del adulto a cargo, quien lo incitaba y desafiaba a seguridad”, en referencia al empresario acusado.
Desde el inicio de la causa, el juez Bruniard dispuso una restricción perimetral de 300 metros para el imputado respecto de las presuntas víctimas, del Colegio Palermo Chico y del club GEBA, donde los chicos realizaban actividades deportivas. Además, ordenó allanamientos en las propiedades y oficinas del empresario acusado y el secuestro de dispositivos electrónicos.
Cerrar sesión