Organizaciones, prestadores y familias marcharon por la Emergencia en Discapacidad: "Derechos no se recortan"

Mientras el Senado debate este jueves una importante lista de proyectos de ley que el Ejecutivo ya advirtió que vetará, la ciudad de Santa Fe volvió a marchar por la Ley de Emergencia en Discapacidad, con una convocatoria en la Plaza 25 de Mayo que reunió a cientos de familiares, instituciones y prestadores de servicios que reclaman una solución inmediata ante la crisis que atraviesa el sector ante la desidia libertaria.

La manifestación se dio en el marco de una gran jornada lucha y movilización a nivel nacional impulsada por el colectivo de las personas con discapacidad. Desde temprano, se vio una importante presencia de manifestantes frente a la Casa de Gobierno, con carteles que reclamaban: “Basta, vulneran nuestros derechos”, “No al ajuste, los derechos no se recortan, se respetan” y “Discapacidad de emergencia, queremos ser escuchados”. 

La protesta santafesina se sumó a las movilizaciones simultáneas en distintos puntos del país, donde se exige a los senadores que den media sanción al proyecto antes de que se agrave la situación del sector. La iniciativa busca paliar la crítica situación del sector, afectado por el congelamiento de pensiones, recortes en servicios esenciales y el riesgo de cierre de instituciones terapéuticas. El acto central será en el Congreso de la Nación, con la presencia de legisladores y representantes de la oposición, para presionar la llamada al recinto, luego de que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario Ezequiel Atauche, rechazara el dictamen favorable que se había conseguido la semana anterior por “no haberse cumplimentado los requisitos reglamentarios exigibles a tal efecto”.

Uno de los principales puntos de conflicto entre el Gobierno nacional y los sectores que defienden los derechos de las personas con discapacidad es la auditoría masiva de las Pensiones No Contributivas por Invalidez (PNC), que desde el oficialismo se justifica como una medida de control, pero que desde organismos sociales y provinciales se interpreta como un intento de recorte encubierto. En ese marco, Gabriela Bruno, referente del sector provincial, aseguró que las medidas del Ejecutivo nacional impulsó un "piso de derechos" y ruega que "no se siga retrocediendo" en este materia. 

Los profesionales de la salud advierten un deterioro marcado de las condiciones de vida de las personas con discapacidad como producto de la desregulación de sistema y las obras sociales. Bruno aseguró que el objetivo de la ley que busca declarar la emergencia en todo el territorio hasta el 31 de diciembre de 2027 es “asegurar la continuidad inmediata de las prestaciones básicas de salud, educación, transporte, apoyos y rehabilitación, sin interrupciones ni demoras, así como también establecer mecanismos eficaces para que los entes financiadores (obras sociales, PAMI, Incluir Salud, prepagas, etc.) cumplan con los pagos en tiempo y forma a prestadores y profesionales”.

Qué propone el proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad

Entre sus múltiples artículos, el proyecto que podría sancionarse hoy en el Senado busca:

• Modificar las condiciones para acceder a las pensiones no contributivas, que podrán acceder a ella si consiguen el Certificado Único de Discapacidad (CUD), lo que echaría por tierra las últimas modificaciones al respecto del Gobierno. Según la oficina de Presupuesto del Congreso, el cambio "podría aumentar el número de beneficiarios por nuevas altas entre 493 mil y 946 mil personas", lo que supone "un refuerzo fiscal equivalente al 0,22% y 0,42% del PBI". El proyecto propone que esos fondos salgan de la reasignación de partidas. 
• Propone un incremento "extraordinario" para los prestadores, que busca compensar las pérdidas acumuladas respecto de la inflación. Se financiaría a partir de transferencias de la Superintendencia de Servicios de Salud, el PAMI y el Programa Incluir Salud. Para eso hace falta un incremento presupuestario de sólo el 0,03%. Para los talleres protegidos, el aumento costaría el... 0,0008% del PIB.
• Recuperar el modelo social de la discapacidad, a partir del retroceso al modelo médico libertario que no contempla la Convención de la ONU y que se vio reflejado en la Resolución retrógrada y discriminatoria que contenía términos como "idiota" para referirse al colectivo.