El Gobierno de Javier Milei envió a la Cámara de Senadores un proyecto de ley para modificar el sistema actual de pensiones por discapacidad y, además de establecer un nuevo empadronamiento, modificaría los montos percibidos por los beneficiarios.
Pensiones por discapacidad: a cuánto bajaría el haber con el proyecto de Milei
La iniciativa, denominada “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, mantiene la pensión por invalidez del 70% del haber mínimo jubilatorio, lo que hoy representa alrededor de $275.221.
Sin embargo, el gran problema es la eliminación de la actualización automática trimestral por Índice de Precios al Consumidor (IPC). Que en abril de 2026, por ejemplo, aportó un incremento del 2,9%. Además, el proyecto de ley busca suprimir la facultad del Ejecutivo para otorgar plus por zona desfavorable.
Qué otros cambios propone el proyecto de ley contra la discapacidad
Además de eliminar las actualizaciones de montos, la normativa busca reempadronar a las personas con discapacidad en el programa de ANSES. El eje de la norma es que todos los titulares de pensiones no contributivas por invalidez vuelvan a acreditar su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. Esto afectará a 1.200.000 beneficiarios.
Una vez aprobada, tendrían un plazo de 90 días, prorrogable por 30 más. Los beneficiarios que no cumplan con el trámite dejarán automáticamente de percibir el cobro. El proyecto también habilita auditorías con cruce masivo de datos entre ANSES, ARCA y el sistema tributario para detectar cualquier inconsistencia en los ingresos declarados.
Además, el proyecto modifica los criterios de permanencia en el sistema. Por ejemplo, establece que la pensión será incompatible con tener un empleo formal o estar inscripto en regímenes laborales, lo que restringe la posibilidad de complementar los ingresos percibidos o la pérdida automática del beneficio al conseguir un trabajo en blanco.
En ese sentido, también se pierde la línea inclusiva de la actual legislación porque se eliminan los beneficios otorgados a las empresas que contratan personas con discapacidad.
Otro de los retrocesos en derecho para personas con discapacidad afecta directamente la regulación a las prepagas. El proyecto de Milei deroga los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793, es decir, desaparece el mínimo de calidad en las prestaciones y se pierde el nomenclador que fijaba aranceles homogéneos. Al desregular la negociación con obras sociales y prepagas, los beneficiarios quedan por su cuenta.
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