La decisión del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, de darle luz verde a la empresa MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera) de avanzar con una nueva campaña exploratoria en la zona de Campo de Río Blanco reavivó una de las luchas socioambientales más antiguas del país. Mientras la administración provincial impulsa el proyecto como clave para la exportación de cobre, los vecinos de Andalgalá denuncian que la actividad amenaza directamente el estado del agua de la cuenca hídrica que sostiene la vida del pueblo.
El punto clave del conflicto radica en la ubicación estratégica del estudio, ya que se asienta en la alta cuenca del Nevado de Aconquija, la zona de recarga de los afluentes que forman el río Andalgalá. El pueblo de la ciudad del centro norte mantiene una resistencia ininterrumpida que quedó representada en cientos de movilizaciones: los vecinos sufren vulneraciones por defender el agua, el territorio y la vida, y además padecen la sistemática denegación de sus derechos constitucionales de vivir en ambiente sano por parte del Poder Judicial provincial y la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
En octubre del año pasado, comenzaron los trabajos que forman parte de las "tareas de relevamiento" que debe realizar la empresa minera para consolidar su línea de base. Sin embargo, el mandatario provincial posibilitó actividades que implican la remoción de suelos, perforaciones y el movimiento de maquinaria en un entorno periglacial.
La consecuencia es el aumento drástico de la turbidez del agua, que la vuelve inutilizable para el consumo y el riego. Un video publicado por Revista Crítica evidencia el grave estado del agua, donde se puede ver la carga de sedimentos (el agua "marrón" o "barro") introducidos en la cuenca hídrica, directamente relacionados con los procesos de exploración minera en la alta montaña. Esa agua que corre por los canales es la misma que va a los filtros, sube al tanque de las casas, sale por las canillas y es utilizada para preparar alimentos e higienizarse.
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El proyecto MARA, que busca producir cobre, oro, plata y molibdeno en pleno cerro Aconquija, está comandado por tres empresas: la canadiense Yamana Gold, la suiza Glencore Internacional y la estadounidense Newmont Corporation. También son tres las normas jurídicas que debieran imposibilitar su realización: la Ley General del Ambiente, la prohibición de la explotación minera a cielo abierto que rige para la cuenca del Río Andalgalá y la Ley Nacional de Glaciares.
“Sin embargo, vino la pandemia y en medio del aislamiento autorizaron la exploración avanzada en el Cerro Aconquija, que afecta también a la cuenca del río Choya. Ahí piensan hacer una escombrera, donde volcarán la explotación que realicen en la montaña, o sea, la cobertura vegetal y lo que ellos llaman la roca estéril, que para nosotros es nuestra biodiversidad”, dijo al medio La Vaca, Sergio Martínez, uno de los antiguos vecinos de la asamblea El Algarrobo”. En ese marco, varias organizaciones señalan que la continuidad del proyecto implica un claro incumplimiento de las leyes ambientales y pone en peligro la matriz hídrica de la región.
Andalgalá: intimación de la CIDH al Estado argentino por violaciones a los derechos humanos
La lucha escaló a esferas internacionales. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se hizo eco de una denuncia presentada por vecinos contra el proyecto. La CIDH notificó al Estado argentino sobre las sistemáticas violaciones a los derechos humanos denunciadas por los asambleístas, incluyendo vigilancia, armado de causas judiciales y represión.
La causa contra el Estado por violaciones a los derechos humanos fue presentada en abril del año 2024. Ahora, el Estado argentino deberá rendir cuenta por las acciones que adoptó la provincia de Catamarca durante todos estos años, como la vigilancia, judicialización, represiones, detenciones arbitrarias, criminalización de la protesta social, persecución e intimidación.
La presentación fue efectuada por la abogada de la Asamblea, la doctora Mariana Katz, en representación de más de 100 vecinos y vecinas, acompañada por el Colectivo Yopoy (los abogados Juan Pablo Vismara, Gabriel Bicinskas y Marcos Filardi), denunciando que 248 vecinos locales fueron víctimas de violencia y la violación de derechos humanos. Según se detalla, el accionar del Estado catamarqueño se encuentra probado en 44 causas judiciales. Además, se está denuncia el accionar persecutorio a través del Poder Judicial, con el armado de causas en contra de los defensores y defensoras del ambiente, a las que la justicia local aún no ha dado respuesta alguna, ignorando así derechos constitucionales.
La intervención de la CIDH representa un freno potencial a la potestad provincial sobre el avance del proyecto, transformando el conflicto local en un litigio que involucra a todo el Estado argentino.
En este escenario, el estado del agua en el río Andalgalá no es solo un tema ambiental, sino un termómetro del conflicto: mientras la minera avanza, el pueblo se mantiene en pie exigiendo que se respete el agua por sobre el interés económico, con la esperanza de que la justicia internacional frene la amenaza sobre su recurso más preciado.
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