Avanza la guadaña contra organismos científico tecnológicos descentralizados

El arroz, las hortalizas, la carne y el vino que ponemos todos los días en nuestra mesa tienen aportes tecnológicos del Instituto Argentino de Tecnología Industrial (INTA). Hoy no habría sopa deshidratada si no fuera por la tecnología del INTA, tampoco boniato, esa batata que empezamos a ver en las verdulerías y que se puede usar en comidas dulces o saladas. No habría exportaciones de ajo, cebolla y arroz a Brasil (donde el 80% de este último producto proviene de la Argentina) si no fuese por tecnología del INTA. El Malbec no hubiese existido si el INTA no hubiese conservado esas variedades de uva. El INTA tiene el banco de germoplasma (semillas) más grande de todo el hemisferio Sur en vid y olivos. Un desarrollo biotecnológico del INTA permitió lograr una variedad de algodón (de fibra más larga) que puede revolucionar la industria textil y permitirle al país competir con el egipcio. La avena que se usa en una línea de productos cosméticos es resultado de mejoras que introdujo el INTA para que esa planta tuviera menor cantidad de gluten. No habría yerba mate ni té en el Noreste, si no fuese por tecnología de INTA.

Todo esto y más es lo que al parecer ignora el ministro “desregulador”, Federico Sturzenegger, que hace un par de días se preguntó con sorna “¿Para qué sirve el INTA?” y que promueve un decreto que podría ser letal para el organismo (y para otros descentralizados) basándose en falacias. Con la misma visión surgida de prejuicios sin evidencia, arremete contra el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, y contra VENG, empresa creada para comercializar servicios de lanzamiento de satélites, y soluciones de información satelital, que además de padecer el desfinanciamiento y la paralización de sus programas, acaban de soportar el despido de una veintena de profesionales altamente especializados.

Como proclamó más de una vez el presidente, su gobierno está decidido a corroer las estructuras del Estado desde adentro, no importa cómo funcionen o para qué sirvan. En el caso del INTA, lo hará a través de una modificación en la conformación del directorio que le permitirá al Poder Ejecutivo tomar el control del organismo y desnaturalizarlo por completo.

“El INTA tiene una particularidad única: desde hace prácticamente 70 años, es mitad privado, mitad estatal –explica Ariel Pereda, doctor en Veterinaria, investigador del Conicet y director nacional de la institución elegido por unanimidad en 2023, luego de un exhaustivo análisis de antecedentes y propuestas de gestión–. En su directorio, que integran 10 personas, participan las cuatro entidades del campo que conforman la Mesa de Enlace  (Federación Agraria Argentina, FAA, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Coninagro, las Confederaciones Rurales Argentinas, CRA, y la Sociedad Rural Argentina).  Además, la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, AACREA. Esa es la parte privada. El presidente, el vicepresidente y el vocal son nombrados por el gobierno de turno. Y los otros dos miembros son representantes de las facultades de Veterinaria y de Agronomía. Así se llega a un balance público/privado de 50 y 50, pero en el que el gobierno siempre fue una minoría. Eso nos da cierta fortaleza, porque los que dirigen el INTA son los que se ven beneficiados por los productos que desarrolla. Gracias a eso, también se pueden mantener políticas de mediano y largo plazo, que son las que necesitamos en ciencia y tecnología. A diferencia del Conicet, el INTA tiene un objetivo puntual que es el desarrollo de un sector productivo. La mayor parte de nuestro trabajo está enfocado en la actividad agropecuaria, que es la que mayor ingreso de divisas permite. Ahora, esa particularidad es la que está en riesgo por este ajuste un tanto irracional”. 

Pereda pide que ya que se argumenta que el INTA funciona mal se explique en qué. “¿Está mal tener 7000 empleados? –se pregunta–. Que nos digan cuáles son los que sobran. Respecto de las tierras y el edificio de las que quieren desprenderse, más allá de que uno puede sospechar sin muchos datos que existen intereses comerciales non sanctos, ¿sobran? En ellos estamos haciendo ciencia, tecnología. Tenemos bancos de germoplasma, realizamos ensayos de casi 50 años de duración para informar al campo si estamos capturando carbono, si estamos aplicando bien la siembra directa o no, si estamos usando bien los insumos. Podemos hacerlo porque esos espacios existen. ¿Si los vendemos, dónde podremos ir a hacerlos? Pensamos que ya no se discutía que la ciencia es importante para el país y ahora estamos todos en la vitrina, teniendo que dar explicaciones. No es que me moleste explicar, porque contamos con argumentos para fundamentar lo que hicimos todos estos años. Pero aquí hay un plan basado en un prejuicio y un análisis muy superficial de los organismos descentralizados del Estado”.

La idea del gobierno es reducir a ocho los integrantes de la mesa directiva eliminando los puestos para representantes de la academia y trasladar su control financiero al Ministerio de Economía. Pero si el INTA pierde su status de autarquía y descentralización se pone en riesgo su gobernanza, dice Pereda: “Vamos a estar a los bandazos, de un lado para el otro. Pero para poder dar una respuesta tecnológica se necesita un tiempo largo. Por eso nosotros necesitamos políticas desacopladas de la administración de turno”. 

Otra de las falacias que echó a correr el ministro Sturzenegger es que el INTA le cuesta al Estado la mitad de las retenciones al maíz. Sin embargo, destaca Pereda, “Es una mentira que llama la atención viniendo de una persona que dice ser un académico y estar informado de cuestiones económicas”. 

De acuerdo con la publicación “Bichos de campo” (https://bichosdecampo.com), “la Bolsa de Comercio de Rosario calculó que por retenciones aplicadas al maíz en 2025 el fisco recaudará 1.195 millones de dólares, que a un tipo de cambio promedio de 1.100 pesos significarán ingresos por 1.314.500 millones de pesos.

Mientras tanto, el presupuesto 2025 para el INTA (que se genera de recursos propios por tasas a la importación, que de todos modos son apropiadas por Economía) se fijó este año en 223.000 millones de pesos. Esta suma representa el 16,9% de los ingresos proyectados por retenciones al maíz (…) Y si se compara el presupuesto del organismo con el total de la recaudación por retenciones al agro, que se ubica por sobre 9.300 millones de dólares, el gasto en el INTA representaría sólo el 2,3%”.

Entre las intervenciones ya anunciadas en tono celebratorio, figura también el despido de 1500 empleados (de los aproximadamente 6200 con que cuenta en la actualidad) y, como mencionó más arriba Pereda, la subasta de miles de hectáreas de campos de ensayo. El sueldo para quienes ingresan al INTA, después de entre 12 y 15 años de formación, parte de la cual con frecuencia se realiza en el extranjero, ronda el millón de pesos.

“Viendo estos números, las asociaciones gremiales nos dicen que el INTA les sale regalado –comenta Pereda–. Nosotros aportamos más o menos de 20 a 40 mil millones de dólares por año al Estado, calculan, y el INTA sale alrededor de 200 millones de dólares. Si se invirtiera más, ganarían más. Un estudio científico muestra que el sector agropecuario productivo recupera entre tres y cinco veces cada peso gastado en el INTA”.

También se esgrime que el organismo agota hasta el 90% de su presupuesto en sueldos. Pereda lo desmiente taxativamente. “En el mundo se considera que una relación virtuosa es mantener una relación 70/30 (70% para sueldos y 30% para gastos operativos) –explica–.  En 2022, estábamos en 75/25. Después, con la prórroga de los presupuestos llegamos al 85/15. Pero nosotros gastamos mucho más que 15% del presupuesto en desarrollo. El excedente lo obtenemos de proyectos con privados, nacionales e internacionales, regalías de patentes, productos que comercializamos. El INTA, invierte en funcionamiento, 2,4 veces lo que pone el Estado. Si fuéramos ineficientes o no diéramos respuestas valiosas, nadie vendría a poner dinero; sin embargo, tenemos convenios con numerosas compañías privadas internacionales. Cuando consideramos todos los gastos en funcionamiento, nuestra relación real es de 70/30.  Y lo que nos permite financiarnos de esa forma es la calidad de investigadores  que tenemos. Lo importante es la gente, los investigadores y científicos, el personal de campo, los técnicos de laboratorio”.

EL INTA, además, es una institución sana. “No tenemos observaciones de la Auditoría General de la Nación –comenta el científico–. No tenemos actos de corrupción, comercializamos productos tecnológicos. Lo que no hemos hecho bien, evidentemente, es ‘vendernos’. Pero ya no hay tiempo para tibios. La sociedad tiene que saber lo que hacemos”.

Y resume el virólogo Humberto Debat, que durante la pandemia colaboró con el monitoreo de las distintas variantes del SARS-CoV-2 y más cerca en el tiempo secuenció el gen de la chicharrita (una plaga del maíz): "Los recortes al INTA no son simplemente un número en un excel: son heridas profundas a un entramado científico y humano que tardó décadas en construirse. No se trata solo de la paralización de ensayos a campo, del desmantelamiento de laboratorios, o de la suspensión de vínculos con el sector agroindustrial; se trata de quebrar la vocación de quienes dedicamos la vida a hacer ciencia pública con sentido territorial y soberano. La destrucción de capacidades acumuladas, muchas de ellas irreemplazables, arrastra no solo datos y proyectos, sino la energía del colectivo de los que sostenemos la esperanza de que la ciencia sea una herramienta transformadora para el país. Volver a levantar lo que hoy se cae a pedazos va a costar una generación de científicos. Lo que más duele no es la falta de recursos, sino la deslegitimación deliberada, el ataque discursivo sobre a la importancia de nuestro trabajo y el desplazamiento del lugar simbólico desde donde imaginamos un futuro común como nación. Necesitamos volver a un país donde hacer ciencia pública no sea un acto de resistencia, sino una política de Estado. Hoy, en la Argentina, eso se ha vuelto una quimera casi nostálgica. No por falta de ideas ni de compromiso, sino porque han vaciado de incentivos y de dignidad el acto mismo de investigar. Para quienes apostamos por una agenda de conocimiento anclada en las necesidades reales de nuestra sociedad, lo que está ocurriendo no es solo una pérdida institucional: es una fractura emocional. Y reconstruir lo roto, lo que se ve y lo que no, será, lamentablemente, una tarea titánica".

67 años no es nada

Otro de los organismos científicos víctimas de esta política de erosión interna es el INTI, centro creado en 1957 para asistir a la industria nacional impulsando la innovación y la transferencia de tecnología, y que además es referente internacional en Metrología, la ciencia de las mediciones, de fundamental importancia para calibrar instrumentos y hacer posibles el comercio local e internacional. Desde hace más de un año sufre una dolorosa sangría de agentes, pero esta amenaza de desnaturalizarlo, agrava el panorama.

En una carta dirigida al consejo directivo que circuló en los últimos días, los gerentes manifestaron su “firme rechazo ante la posibilidad de que el organismo pierda su carácter de descentralizado”, lo que acarrearía la pérdida de personería jurídica propia y de autonomía administrativa, financiera y patrimonial que son esenciales para cumplir con su misión. Si se concreta esta modificación, subrayan, el INTI no podría acreditar servicios de certificación, firmar convenios de transferencia tecnológica, establecer contratos de desarrollo, formalizar acuerdos de asistencia técnica y proteger su propiedad intelectual a través de patentes, derechos de autor y otros instrumentos legales. Tampoco podría gestionar fondos en forma directa. “Esto lo sometería al régimen de crédito presupuestario y a las limitaciones de las cuotas de compromiso y devengado, reduciendo drásticamente su capacidad de respuesta ante las demandas dinámicas del sector industrial (…) Además, se vería seriamente afectada la posibilidad de adquirir insumos específicos y críticos para el funcionamiento de los laboratorios”, agregan. 

“Ser descentralizados nos permite generar recursos propios y ahorra gastos al Tesoro –afirma Yamila Mathon, que el 13 de este mes cumple 20 años en el organismo y trabaja en el área de gestión–. Nosotros estamos dentro de la órbita de la Secretaría de Industria del Ministerio de Economía, el 100% de nuestro consejo directivo (de tres personas), a diferencia de lo que ocurre en el INTA, lo pone el gobierno. Por la ley de constitución del INTI, tanto el presidente, como el vicepresidente y  el vocal son nombrados por el Ejecutivo. Es como si cada gobierno tuviera su propia 'intervención'. Por lo tanto, es el Ejecutivo Nacional, gobierno tras gobierno, el que decide qué rumbo toma el INTI. El director técnico es personal de carrera y los restantes son representantes de cámaras de las empresas más importantes del sector”. 

En otra apreciación desafortunada, el ministro desregulador manifestó que los organismos descentralizados se habían sobredimensionado durante el kirchnerismo, que tenían independencia para cobrar trámites y que “con la motosierra” atacaría dicha recaudación para que en el futuro ningún organismo pueda cobrar por sí mismo, algo que para el INTI sería letal.

Desde la asunción de este gobierno, con la apertura de los retiros voluntarios, la discontinuación de contratos con monotributistas y las jubilaciones que no se reemplazaron, el INTI ya perdió alrededor de 700 técnicos profesionales y administrativos de los 3000 originales. 

Si se respeta la normativa legal, su problema tampoco es presupuestario, ya que se solventa con fondos que recibe del Tesoro Nacional, un porcentaje de las importaciones e ingresos por servicios prestados que en este momento asciende al 35%, explica Mathon.

“El INTI quedó incluido dentro del artículo tres de la ‘Ley Bases’ (organismos exceptuados de ser disueltos) –destaca–. Ahora, la modificación por decreto de aspectos que tienen que ver con su ley de creación puede desfigurarlo a tal punto que pierda su objetivo. Ni siquiera quedaría ‘desconcentrado’ como el INTA, sino directamente centralizado; es decir, pasaría a ser una dependencia del ministerio. [En contraste] un organismo descentralizado es autónomo y autárquico. Autónomo, porque tiene capacidad de generar sus propias normativas, resoluciones, disposiciones, reglamentaciones. Autárquico, porque puede generar y administrar fondos propios. Esto es lo que exige la propia dinámica industrial, porque los cambios ya no son cada diez años, sino de un momento a otro. En cambio, en el Estado, pedir un presupuesto, la compra de un insumo o de un equipamiento puede tardar un año. No solicitamos que se respete su ley orgánica porque queramos manejar fondos discrecionalmente. Sería imposible, ya que la totalidad de la dirección pertenece al Poder Ejecutivo”.

Con 52 centros de investigación y desarrollo en todo el país, el INTI tiene casi uno por sector industrial: alimentos, plástico, textiles, caucho, materiales para la construcción, metalmecánica, electrónica, lácteos. Presta una infinidad de servicios de control de calidad y de seguridad. Además, realiza, reproduce y mantiene los patrones nacionales de medida, lo que contribuye a asegurar la calidad en las mediciones relacionadas con el cuidado del ambiente, la salud, los alimentos, la seguridad pública, la equidad en el comercio y la calidad de la producción industrial.

“Si desapareciera el INTI, lo primero que a uno se le ocurre es que se vería afectada la industria –concluye Mathon–. Pero en realidad se perjudicaría toda la población. Gracias al INTI nos sentimos seguros cuando tomamos un ascensor o entramos a un edificio que tiene controles contra incendios. El INTI certifica el cemento y los juegos de un parque de diversiones, y por su tarea sabemos que en las estaciones de servicio un litro de nafta es un litro de nafta. Tal vez uno podría pensar que si no tiene una industria, su desaparición no debería importarle. Pero es el encargado de mantener los patrones nacionales de medida para proveer trazabilidad, controlar las balanzas de los comercios… Atravesé distintas gestiones, tuve que defender una línea de trabajo, defender del ataque a trabajadores y trabajadoras, como ocurrió durante el macrismo cuando se produjeron 254 despidos. Pero es la primera vez en los 67 años de vida del organismo que se ve algo como esto”.

Adiós al espacio

La guadaña también pasó por la empresa VENG, vinculada con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), que sufrió el despido de una veintena de trabajadores. “Son unos 17 o 18 en Córdoba (de una planta de 243) y cuatro a seis en la Provincia de Buenos Aires –detalla Emiliano Baum, ingeniero en sistemas y delegado de ATE en Conae–. VENG tiene oficinas administrativas en CABA y un centro de ensayos en Pipinas”. 

La compañía le pertenece mayoritariamente al Estado Nacional y las medidas que se están tomando desde los máximos niveles del gobierno determinaron la virtual parálisis de sus programas, uno de los cuales es el del lanzador para pequeños satélites Tronador. “Está totalmente paralizado. Desde el gobierno no quieren ni escuchar hablar de ese programa. Lo mismo ocurre con los [satélites] SAOCOM 2, de Conae y VENG. Al Sabiamar le falta muy poquito, pero tampoco aparecen los fondos –lamenta Baum–. [Aunque la compañía tiene una dotación muy reducida], como la están desfinanciando, les empieza a ‘sobrar’ gente”. 

De acuerdo con Baum, los proyectos con la Agencia Espacial Italiana (con la que la Conae vuela la constelación SIASGE de observación terrena) estaban progresando muy bien [hasta fines de 2023]. “Vinieron esta semana para ir concretando el SIASGE 2 –cuenta–. Pero ya deberían estar volando los SAOCOM 2 y no hay nada, no existen. La Conae perdió el 60% del presupuesto en términos reales. Es imposible funcionar así”. 

La idea del Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, es que se puede prescindir de la Conae y reemplazarla por  más participación del sector privado. “Yo me pregunto en qué modelo se inspiran –dice Baum–. A grandes rasgos, hay tres principales: el de China, Rusia y algunos otros, que es completamente estatal. El norteamericano, en el que el Estado pone plata y financia corporaciones, pero dirigiendo las líneas de desarrollo. Y el europeo, que es el más cercano al nuestro, se basa en una agencia espacial nacional y al menos una empresa controlada por el Estado, pero abierta al sector privado. No hay ningún misterio. Pero no hay respuesta”.