Le impiden hablar del "índice de abuelidad" a un docente de la Universidad de San Luis

Los artículos 27 y 33 de la Ley de Educación Superior establecen que “Las instituciones universitarias tienen por finalidad la generación y comunicación de conocimientos del más alto nivel en un clima de libertad, justicia y solidaridad”, y “deben promover la excelencia y asegurar la libertad académica (…) así como la convivencia pluralista de corrientes, teorías y líneas de investigación”.

La “Recomendación relativa a la condición del personal docente de la enseñanza superior” de la Unesco, indica que “Los/as profesores/as de la enseñanza superior y los/as investigadores/as tienen derecho a la libertad académica, que incluye la libertad de enseñar y debatir sin verse limitados por doctrinas establecidas, la libertad de llevar a cabo investigaciones y a difundir y publicar los resultados de las mismas, la libertad de expresar libremente su opinión sobre la institución o el sistema en que trabajan, libertad ante la censura institucional y de participar en órganos profesionales u organizaciones académicas representativas”.

El estatuto de la Universidad Nacional de Córdoba dice que “para el acceso y permanencia en la docencia universitaria no se harán discriminaciones religiosas, políticas, raciales o ideológicas. La Universidad garantiza en su ámbito el derecho de pensamiento y de opinión de sus miembros, quienes tendrán amplia libertad para la exposición de sus ideas”.

Está ampliamente aceptado que las universidades son ámbitos en los que, mientras se preserve la excelencia pedagógica y el rigor científico, cada docente puede elegir qué contenidos incluir en sus clases. Y si hay disparidad de opiniones, se discute en la cátedra. Sin embargo, no es lo que le ocurrió a Leo Seguín, docente de la materia "Biología molecular e ingeniería genética" de la licenciatura en Biotecnología de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad de San Luis. Como jefe de trabajos prácticos de la asignatura, eligió dar el "índice de abuelidad" [la fórmula estadística que determina la probabilidad de parentesco entre un nieto y sus abuelos desarrollada por la científica norteamericana Mary-Claire King con ayuda de las Abuelas de Plaza de Plaza de Mayo, para identificar a los nietos apropiados durante la dictadura militar] como ejemplo de un estudio genético de filiación y también del impacto de la ciencia en la sociedad; en este caso, a través de la relación de la genética con los derechos humanos. Pero ante su asombro, el licenciado Darío Ramírez, profesor responsable del curso, lo retiró sin consultarlo bajo la excusa de que se trataba de “adoctrinamiento”.

“La discusión sobre esto fue escalando hasta llegar al decano y no veo que vaya a resolverse –cuenta Seguín–. Ramírez incluso dijo que daría cuenta a la Secretaría de Educación Superior del Ministerio de Capital Humano. Aunque desde muchos ámbitos me respaldan, tengo temor de cómo se resolverá esta situación”.

En una carta dirigida al decano de su facultad, Seguín hace un relato detallado de lo que sucedió. El trabajo práctico de aula que dictó el 5 de septiembre consistía de dos actividades: por un lado, introducir a los estudiantes en el manejo de papers científicos, con los que no estaban familiarizados, y explicar el funcionamiento de un laboratorio donde se realizan estudios de filiación, como el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), tema que eligió porque considera que los estudios genéticos-genómicos de filiaciones son un tópico insoslayable de la carrera, y por la importancia de la aplicación de la genética a las violaciones de los derechos humanos y el derecho a la identidad. “Darío Ramirez decide borrar el material (link) que subí sobre el BNDG [del ‘clasroom’ o sitio digital en el que se compilan los materiales de estudio], aduciendo que se trata de adoctrinamiento”, subraya.

Luego de esto, Ramírez lo convoca a una reunión en la que finalmente llegan al acuerdo de que éste subiría el archivo al día siguiente aclarando su disenso con parte del contenido de la clase. Pero a pesar de sus reclamos, eso no ocurrió y varios días más tarde le respondió que de allí en más no podría subir ningún material sin consultarlo. Seguín considera que se vulnera su libertad de cátedra. 

En un extenso descargo dirigido también a las autoridades de la Facultad, el profesor Ramírez subraya que no está de acuerdo “con el adoctrinamiento, sea cual fuere la ideología política, menos en el espacio áulico en el cual el alumno considera al profesor como modelo y autoridad en la temática”, que parte del material incluido por Seguín tiene un marcado sesgo “ideológico de izquierda”, que “no es justo usar la posición de poder del profesor, en el aula de un curso de grado obligatorio, para adoctrinar o traer relatos parcializados del pasado”, que no quiere perder tiempo en este tipo de cuestionamientos y que prefiere ser “guardián de saberes”.

Además de conducir un taller de "Política y Ciudadanía Universitaria" y otro sobre "El Rol del Profesional", y de ser docente de Bioquímica Avanzada en la carrera de Biología Molecular, Seguín trabaja con Ramírez desde 2018. “Venía colaborando, pero solo este año quedé a cargo de todos los prácticos de laboratorio y de aula –menciona–. Y lo que hice fue sumarles a los temas la perspectiva de derechos humanos, una visión más social. Eso me hizo pensar en qué es lo que pudo aportar la biología molecular a la genética y me pareció que el mejor ejemplo era hablar del BNDG,  explicar el índice de abuelidad, por qué surge en el gobierno de Alfonsín, la ley que lo crea, y cómo se convirtió en una herramienta de vanguardia que fue un ejemplo en el mundo”. 

Su interés por este cruce de la genética con los derechos humanos surgió de un modo espontáneo. “Estudié biología molecular y me doctoré en bioquímica. Me atrae la historia y con el tiempo me fui volcando hacia una mirada social de la biología molecular. Hice  la especialización en Genética, Derechos Humanos y Sociedad, que dirige Víctor Penchaszadeh en la Universidad Nacional de Tres de Febrero, y me interesa esa visión por sobre la que prevalece en mi facultad que es eminentemente técnica –cuenta–. Por otro lado, nací en 1977 y soy adoptado. Toda la vida lo supe y conviví muy bien con eso, pero estando en México, escuché una charla sobre ciencia amateur y se me ocurrió que nosotros teníamos algo de eso en el trabajo de las Abuelas. Empiezo a investigar y al tiempo con colegas decidimos hacer un curso llamado ‘Genética y Derechos Humanos’. Más o menos un mes antes de que lo iniciáramos, me llaman de Abuelas de Plaza de Mayo a raíz de una denuncia anónima porque había datos de mi documento y mi partida de nacimiento que no coincidían, por lo que invitaban a hacerme el estudio. No encontraron ninguna correlación, pero me tocó muy de cerca. Fue una vocación que me atravesó”.

Ramírez, por su parte, aunque se manifiesta contrario al adoctrinamiento, publica en su Facebook alabanzas a los militares que protagonizaron uno de los períodos más sombríos de nuestra historia. Una de ellas, por ejemplo, dedicada a Jorge Rafael Videla, reza: “Todos lo critican, pero cuando este Sr. fue presidente, no había piquetes cortando calles, no se mantenía a vagos, salías a la calle tranquilo, no había feminazis orinando en la vía pública, deportó a villeros extranjeros y había menos pobres. Había orden, ¿es así o no es así, gente?” 

“Las autoridades de mi facultad me dijeron que no me preocupe, pero en las circunstancias que estamos viviendo –concluye Seguín–, me inquieta”.