La defensa de la enfermera Brenda Agüero, condenada a prisión perpetua por el ataque a 13 bebés del Hospital Neonatal de la ciudad de Córdoba, adelantó que pedirá la nulidad del juicio luego de que Melina Abril Soria, una de las ocho personas que integró el jurado popular en el histórico proceso, revelara que tenía vínculos con el caso.
De 26 años, madre de tres hijos y estudiante de Enfermería en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Soria pasó todos los filtros de selección sin mencionar que se atendió en el Neonatal durante su embarazo (justo en los meses que ocurrían los crímenes) y que la imputada -absuelta- Alicia Ariza, ex jefa de enfermeros del maternal, era docente en la institución donde estudia.
Todo se descubrió a partir de una entrevista que brindó la jurado al medio Perfil Córdoba. “En el 2022 yo estaba embarazada. Me hacía los controles en el Neonatal. Cuando me enteré lo que estaba pasando dejé de hacerme los controles ahí. Mi bebé nació en octubre”, detalló Soria. Asistió a este hospital al menos durante mayo y junio, según relató, los últimos dos meses en la cronología de los cinco crímenes y los ocho intentos de homicidio.
Sus declaraciones amenazan con poner en peligro la validez de todo el debate oral y público que comenzó el 6 de enero y que se desarrolló en 57 audiencias por las que pasaron 99 testigos. Agüero fue declarada culpable de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado en cinco hechos y por el mismo delito en grado de tentativa en ocho por la Cámara Séptima del Crimen. Además, condenó a cinco años de prisión a la exdirectora Liliana Asís, mientras que absolvió al ex ministro de salud Diego Cardozo, por el delito de omisión de los deberes de funcionario público.
Los jueces del caso, Patricia Soria, Laura Huberman y José Daniel Cesano, pusieron este martes a disposición de defensores y querellantes todos los cuestionarios que se discutieron en la selección de jurados. Según confirmó Infobae con fuentes de los Tribunales de Córdoba, la mujer consignó en el formulario que completó al ser citada por la Justicia que “se atendía en el sistema de Salud Pública”, pero no precisó que lo había hecho, al menos temporalmente, en el Neonatal.
Sin embargo, la información que maneja la Cámara Séptima del Crimen es que la ex jefa de Enfermería del Neonatal integra el plantel docente de la Universidad Nacional de Córdoba, pero nunca compartió aula ni se conocían con la mujer. “Ella leyó la lista de nombres de los imputados antes de ser seleccionada y no la reconoció. Recién se da cuenta cuando Ariza hace su declaración indagatoria, la identifica por la cara, pero no tienen vínculo”, aseguró que participó de la totalidad del juicio.
Ahora, como primera medida, el abogado defensor de Agüero, Gustavo Nievas, solicitó informes de la historia clínica de Soria para corroborar con exactitud cuándo se atendió en el Neonatal. A su vez. extendió el mismo pedido para el resto de los jurados. De acuerdo a la mirada de Nievas, la mujer “dejó de atenderse en el Neonatal porque pensó que había criminalidad. Entonces entra al juicio con un nivel de subjetividad marcado. El problema no es su voto, sino que con su subjetividad participó de todas las deliberaciones”, señaló.
En su momento, ninguna defensa pidió separar a alguno de los ocho ciudadanos que completaron el jurado popular. Sí hubo un caso que ameritó excluir a un candidato, durante la preselección que incluyó a 60 civiles: el ciudadano había sido atendido por el ex ministro de Salud Diego Cardozo en sus días como médico. Consultado sobre por qué no habían impugnado su candidatura previamente, el defensor sostuvo que los abogados no tienen la "capacidad de investigación, como si la tiene el Ministerio Público Fiscal”, para detectar estos vínculos.
El mensaje de los jueces a las víctimas
La Cámara Criminal y Correccional de 7° Nominación de la ciudad de Córdoba dio a conocer los fundamentos de la sentencia y le envió un sentido mensaje a los nenes que sobrevivieron: “Cuando ustedes eran bebés, con apenas unas horas de vida (…) una enfermera intentó matarlos. (…) Hoy, quien les hizo ese tremendo daño, ha sido condenada (…) y está en la cárcel por la gravedad de lo que hizo”, comienza el párrafo dirigido a los niños. “La gran mayoría de los médicos y enfermeras de todos los hospitales son personas que se desviven para hacer el bien. Hubo una mala profesional; pero hay millones que están dispuesta a sacrificarse, día tras día, para nuestro bienestar”, agrega el camarista Cesano.
Y completan, en dirección a las madres que perdieron a sus niños en el brutal caso: “Frente a tan terrible dolor, nada –ni el propio Derecho– les puede reparar su quebranto. Sin embargo, esperamos que con este frío proceso en donde se trató de llegar a la verdad –que no es consuelo de nada– puedan, no obstante, comenzar a transitar su duelo”.
El Tribunal, además, consideró que la sentencia también está configurada bajo la figura de violencia institucional en perjuicio de las víctimas, ya que el Estado -a través de sus agentes- concretó prácticas que "resultaron, por lo menos, reñidas con algunos derechos fundamentales" del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. "En uno de los momentos en donde se verifica una mayor vulnerabilidad de la mujer, se afecta a su bebé con bárbaros ataques y se le oculta lo sucedido; y todo esto ocurre y tiene como protagonistas a agentes públicos de un nosocomio a donde aquéllos depositaron toda su confianza", sostienen en el fallo.
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