El juez Gustavo Pérez Urrechu dictó la prisión preventiva para 14 ex policías de la Unidad Regional II de la ciudad de Rosario en la causa donde están acusados de integrar una asociación ilícita que desviaba fondos públicos a través de la carga de combustible para los patrulleros. En total, son 28 los implicados en el caso, entre los que se encuentran civiles.
Los ex agentes que escucharon las imputaciones ante Pérez Urrechu fueron el ex titular de la unidad Daniel Acosta y su secretario privado, Rodrigo Domínguez, señalados como jefe y organizador, respectivamente, del esquema de corrupción. Acosta fue separado de su cargo en mayo pasado, tras conocerse las primeras irregularidades detectadas en los registros de consumo y en la rendición de gastos de la fuerza.
A ellos se suman, en calidad de miembros, Adrián Bahl (ex Escuadrón Caballería y Sección Perros); Fabián Becerra (ex Grupo Táctica Multipropósito); Roberto Blanco (ex Sección Logística); Nicolás Cuesta (ex jefe de Adicionales); Diego Luna (ex Cuerpo de Guardia de Infantería CGI); Edgardo Roldán (ex inspector de Zona VI); Roberto Sandoval (interventor de Medicina Legal al momento de los hechos); Héctor Saucedo (ex Motorizada); Diego Santamaría (ex Comando Radioeléctrico); Juan Alberto Villordo (ex numerario de Motorizada); Juan Manuel Herrera (subjefe de Motorizada) y Fabián Fantín (Escuadrón Caballería y Sección Perros).
Un cálculo preliminar de Fiscalía cifra el fraude en 45 millones de pesos. Según detalló el fiscal, las maniobras se hicieron de dos maneras: una mediante sobrefacturación, y otra a través de cargas ficticias, nunca realizadas.
MÁS INFO
La medida cautelar, que avaló las imputaciones por peculado y cohecho pasivo, rige hasta el 14 de mayo, con posibilidad de prórroga si la Fiscalía, a cargo de José Luis Caterina, presenta una acusación preliminar. “Esta decisión era lo que habíamos pedido: que pudieran quedar en prisión preventiva y la validación de la imputación por asociación ilícita. La causa tiene ya 28 personas. Varias han recuperado la libertad en contra del pedido de la fiscalía”, dijo Caterina en conferencia de prensa
La pesquisa detectó una sobrefacturación en la carga de combustible mediante maniobras con las tarjetas Visa Flota, que son las utilizadas para abonar la nafta de los patrulleros. El fraude involucró, como contraparte, a los responsables de una estación de servicio Puma, ubicada en Ovidio Lagos al 3900. El Gobierno provincial intervino la Unidad Regional II, por 90 días, y corrió a su jefatura. En reemplazo del ahora detenido Acosta, designó como interventor al comisario general Claudio Romano. El vicejefe, Mariano Gobi, sigue en el cargo.
Fraude con combustible en Rosario: cómo era el esquema de corrupción
El acuerdo espurio con la estación, detectado entre mayo de 2023 y mayo de 2025, consistía en sobrefacturaciones o facturaciones fantasma de cargas de combustible. Una vez que los caudales ingresaban a la empresa, esta entregaba retornos en dinero en efectivo, con periodicidad quincenal y para cada una de las secciones policiales, cuyos representantes los retiraban directamente del lugar. Esos retornos eran un porcentaje de la ganancia ilegítima que recibía la firma con bandera Puma. De hecho, algunos de los imputados fueron fotografiados retirando sobres de las oficinas de la estación.
Según informó el medio Rosario 3, Caterina señaló que esas maniobras quedaron acreditadas mediante múltiples medios investigativos, incluida la declaración de un imputado colaborador y el uso de GPS colocados en móviles que “no se movían” y aun así figuraban como abastecidos.
MÁS INFO
Además, sostuvo que hubo tres móviles asignados internamente a jefes policiales con el único fin de generar facturaciones fantasma. Tras los allanamientos de mayo, cuando la causa se hizo pública, dos de esos patrulleros fueron incendiados en una maniobra destinada a borrar evidencia.
Caterina señaló que, desde la conducción de la URII, “había una cuestión de presionar al gobierno, porque si se quedaban sin combustible implicaba de alguna manera cortar el patrullaje en una situación muy delicada”.
El fiscal indicó que los allanamientos y el desbaratamiento de la maniobra generaron un ahorro: “En mayo se estaban bajando alrededor de 403 millones de pesos solamente para combustible de la Unidad Regional II y, luego de los allanamientos, para abril termina habiendo un gasto de 330 millones”.
Cerrar sesión