El gobierno nacional generó una dura crisis económica gracias a sus medidas y miles de empresas se vieron directamente afectadas, como es el caso de una importante forestadora que suspendió a 200 trabajadores este lunes y apunta directamente a las políticas de Javier Milei.
La firma presentó el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante la Secretaría de Trabajo provincial y entre los empleados hay temor de que haya despidos masivos. La suspensión es por tres meses y los operarios sólo cobrarán el 20 por ciento del sueldo.
La empresa que suspendió 200 trabajadores es Forestadora Tapebicuá S.A de la provincia de Corrientes, argumentando el "deterioro de las condiciones macroeconómicas nacionales". Además, aseguran que la situación podría agravarse aún más y que se evaluará la posibilidad de ejecutar nuevas suspensiones.
En ese escenario también existe la posibilidad de que haya despidos masivos en caso de aprobarse el PPC. De ser así, también se habilita a abonar las indemnizaciones de manera parcial y en cuotas.
La planta de Tapebicuá está instalada en Gobernador Virasoro y es uno de los 10 aserraderos más grandes del país. En junio del año pasado, cerró San Charbel y despidió a sus 70 empleados, era una planta de la localidad de Garruchos, el motivo fue la baja escala e ineficiencia de esa unidad productiva.
“Forestadora Tapebicuá registró una facturación de $14.837,9 millones en el período de nueve meses finalizado el 28 de febrero de 2025, mientras que en el mismo período del ejercicio anterior ascendió a $28.922,7 disminuyendo 49% y evidenciando la importante baja de la actividad de la construcción a nivel nacional”, indicó el comentario del directorio a los accionistas.
MÁS INFO
ARSA paralizó su producción y podría cerrar
La empresa Alimentos Refrigerados SA (ARSA), controlada por el grupo económico venezolano Maralac y cuya planta está ubicada en la localidad de Arenaza, Lincoln, provincia de Buenos Aires, paralizó su producción y podría cerrar definitivamente. Su planta funcionaría con una guardia mínima, suspendiendo a los trabajadores por un periodo 30 o 45 días. De esta manera, crece exponencialmente la incertidumbre entre la familia de los empleados.
Por este motivo, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) seccional Junín denunció penalmente al grupo venezolano que controla a la empresa y además de suspender a los trabajadores por 30 o 45 días y deberle 9 meses de sueldo, se suman las condiciones laborales irregulares, ausencia casi total de representantes de la firma y un reciente vaciamiento de la maquinaria de la fábrica. La empresa no se presentó por segunda vez consecutiva a las audiencias para intentar resolver el conflicto en plena conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo bonaerense, motivo por el cual aumentó la tensión.
Cerrar sesión