La detención de Franco Matías Javier Oscari, un joven campesino de 24 años integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI Vía Campesina), generó fuertes cuestionamientos por parte de organismos sociales y de derechos humanos, que denuncian irregularidades en el operativo y exigen su inmediata liberación. El fiscal general Eduardo Villalba dictaminó que el juez federal de Jujuy Esteban Eduardo Hansen debe intervenir en un habeas corpus correctivo presentado por las abogadas María José Castillo y Samanta Delgado.
La organización contó que fuerzas de seguridad realizaron un operativo para detener al hombre por considerar que había amenazado en las redes sociales a la senadora y ex ministra libertaria Patricia Bullrich. Los hechos denunciados ocurrieron durante la madrugada del martes 23 de junio. Según informó el MNCI, el procedimiento comenzó aproximadamente a las 5 de la mañana, mediante un importante operativo desplegado en el lugar donde Oscari vive y trabaja junto a su familia.
Oscari lleva ocho días detenido, por orden del juez federal de Buenos Aires, Ariel Lijo, quien lo sometió a una serie de traslados, sin informar a sus defensoras ni a su familia, con lo que estuvo horas en calidad de desaparecido hasta que se pudo establecer que estaba en Tucumán. Más tarde, luego de que las defensoras se opusieran formalmente al traslado, el joven fue llevado a la Delegación Salta de la Policía Federal.
El fiscal Villalba afirmó que los traslados podrían constituir un “agravamiento ilegítimo” de las condiciones de detención de Oscari. El dictamen del fiscal Villalba fue ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta que está interviniendo en un trámite planteado luego de que el juez Hansen declarara su incompetencia para intervenir en el amparo presentado por las abogadas del joven por entender que debía intervenir un juez de Tucumán, debido a que cuando se presentó este habeas corpus el joven estaba en la Delegación de la Policía Federal de la Capital tucumana.
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“Los diferentes traslados de Oscari, sin una justificación razonable y atendible, por distintas sedes de la fuerza federal interviniente en autos, podrían constituir un agravamiento ilegítimo de las condiciones de su detención", aseguró Villalba en su dictamen. “De hecho, lo sucedido con Oscari implica una restricción de la libertad ambulatoria, asimilable a los traslados dispuesto por el Poder Ejecutivo en un Estado de Sitio", añadió según informó Página 12.
De esta manera, consideró que ese agravamiento de las condiciones de detención habilita la vía del habeas corpus y “exige la intervención inmediata del Juez Federal de Jujuy toda vez que lo contrario consagraría un supuesto de denegación de justicia, y como tal, una afectación a la garantía de tutela judicial efectiva".
En esa línea, interpretó que el juez federal de Jujuy “no puede desentenderse de lo sucedido en su jurisdicción y, por lo tanto, debe ordenar que Oscari sea trasladado a Jujuy donde, en todo caso, deberá permanecer detenido hasta tanto se resuelva su situación procesal, por ser esta provincia donde tiene su arraigo y el acceso a su defensa".
Cargan contra la legalidad de la detención dispuesta por Lijo
En su dictamen ante la Cámara de Apelaciones de Salta, el fiscal Villalba adelantó que iba a pronunciarse a favor de la competencia del juez federal de Jujuy Esteban Hansen en el habeas corpus, “toda vez que la declaración de incompetencia implicaría una denegación de justicia y la convalidación de la vulneración de la garantía de una tutela judicial efectiva", sostuvo.
En el habeas corpus, las abogadas defensoras detallaron que al 25 de junio “desconocían el paradero de Franco Matías Javier Oscari, atento a que ninguna autoridad judicial o policial brindó información oficial sobre su lugar de detención y la existencia de una orden de traslado, lo que por sí solo agravaba la ilegitimidad de su restricción ambulatoria".
Las letradas afirman que la detención de Oscari es ilegal porque se ejecutó a las 5 de la madrugada del 23 de junio, tres horas antes de la hora fijada por el juez Lijo, que había previsto una hora diurna para el operativo en la vivienda del joven campesino, las 8 de la mañana.
Además, afirmaron que el delito por el que se lo detuvo “no justifica automáticamente una detención ni habilita a prescindir del análisis concreto de los riesgos procesales exigidos”. Las defensoras vienen haciendo notar que no existen razones para sostener que hay peligro de fuga, riesgo de entorpecimiento de la investigación o cualquier circunstancia que habilite la prisión preventiva de Oscari, “quien tiene residencia permanente conocida, arraigo familiar y territorial, y actividad laboral estable en el ámbito rural”.
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