El gobierno de Javier Milei, a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), eliminó una serie de controles sanitarios y de calidad que regían la industria de las margarinas desde hace casi sesenta años. Bajo el argumento recurrente de la "simplificación normativa" y la "actualización tecnológica", la Resolución 475/2026 desmantela requisitos del Reglamento de Inspección de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal.
La medida, firmada por la presidenta del organismo, María Beatriz Giraudo Gaviglio, se ampara en la Ley N° 27.233, que si bien declara de interés nacional la inocuidad de los agroalimentos, también subraya la "responsabilidad primaria e ineludible" de los actores de la cadena agroalimentaria. Según los considerandos de la norma, las exigencias derogadas tenían originalmente la finalidad de "controlar el fraude" en la elaboración, pero el oficialismo ahora sostiene que estas condiciones "afectan la calidad del producto final" y ya no resultan necesarias ante los supuestos avances tecnológicos de la industria.
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Desregulación alimentaria: ¿eficiencia o desprotección del consumidor?
El núcleo de la resolución deroga artículos específicos del Capítulo XIV del Reglamento aprobado por el Decreto N° 4.238 en el año 1968, una normativa que sirvió de base para la sanidad alimentaria del país durante décadas. El gobierno de Milei justifica este recorte alegando que permitirá obtener productos con "mayor aceptabilidad".
Los puntos que el Gobierno decidió eliminar son:
- Derogación del Numeral 14.5.7 (sustancias testigos): se elimina la obligación de utilizar sustancias específicas que permitían identificar y rastrear la composición de las grasas.
- Derogación del Numeral 14.5.18 (prohibición de manteca de leche): se levanta la restricción que impedía ciertas mezclas o usos específicos vinculados a la manteca de leche en la elaboración de margarinas, borrando los límites entre distintos productos de origen animal.
- Eliminación del inciso c) del numeral 14.5.19: se quita un control técnico fundamental diseñado específicamente para prevenir el "fraude en las margarinas", debilitando la capacidad de inspección del Estado ante posibles maniobras de sustitución de ingredientes.
Esta decisión se inscribe en un contexto donde el Ejecutivo nacional insiste en que la intervención de las autoridades sanitarias no exime de responsabilidad a los privados por los daños a terceros. No obstante, al eliminar los mecanismos de control "in situ" y preventivos, el SENASA parece estar apostando a un sistema de control ex post, donde el fraude solo se detecta una vez que el producto ya circula en el mercado.
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