El Juzgado Federal 2 de Catamarca dictó una resolución que extiende la medida cautelar ya vigente en el ámbito de dicha provincia a todo el territorio nacional y, en consecuencia, ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer, en un plazo máximo de 24 horas, todas las pensiones no contributivas por “invalidez laboral” que habían sido suspendidas por el Gobierno. Además, le exigió abonar los haberes retenidos a las personas afectadas y dispuso que hasta tanto no recaiga sentencia definitiva, se deben suspender las auditorías y nuevas suspensiones.
El fallo se dictó en el marco de la acción de amparo colectivo iniciada por el Defensor del Pueblo de Catamarca junto a personas con discapacidad y a la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APYFaDiM), a la cual se acumuló la presentación judicial realizada ante la Justicia Federal de La Plata por la Asociación Azul, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con el patrocinio jurídico de la Clínica Jurídica en Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata.
También se habían presentado en el caso la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes, la Red de Asistencia por los Derechos y la Integración Social, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos.
En la acción de amparo presentada por la ACIJ en septiembre, argumentaron que la conducta estatal había implicado una "violación del debido proceso y del derecho a la protección social, a la salud y a la vida independiente" de las personas con discapacidad. Además, indicaron que se había violado el "deber de buena fe estatal al haber creado nuevas obligaciones para los beneficiarios y beneficiarias de estas prestaciones de manera simultánea con el inicio de la auditoría y sin impulsar medidas de difusión para que las personas conocieran el deber de actualizar sus domicilios".
La suspensión de más de 100.000 pensiones en los últimos meses implicó un "grave avasallamiento de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, profundizando la situación de vulnerabilidad y exclusión que enfrentaron históricamente", remarcaron desde ACIJ. Con esta decisión, la Justicia federal reafirmó la obligación del Estado de "revertir un accionar arbitrario que puso en riesgo el derecho a una vida digna", concluyó el documento.
Tensión en la ANDIS: familiares ingresaron al edificio y piden abrir un canal de diálogo con autoridades
Un grupo de manifestantes ingresaron por la fuerza este viernes a la sede central de la Andis con el fin de abrir un diálogo con autoridades de la entidad, ubicada en el barrio porteño de Belgrano. “Esta reunión era para exigirle a (Alejandro) Vilches y todo el directorio que se junten para tratar el aumento del nomenclador. Ayer anunció que se juntaba el directorio, nos pusimos recontentos, y a las tres horas dijo que no, que no se juntaba nada”, sostuvo a la prensa la actriz Valentina Bassi, quien se movilizó junto a los familiares.
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En esa línea, reclamó: “Con esas cosas, uno va juntando mucha bronca. Y cuando vinimos acá a marchar, quisimos entregar el petitorio, y no lo aceptó. Eso no pasa nunca. Es un acto simbólico”. Y agregó: “Que no acepte el petitorio es un montón, un destrato; es un maltrato. Estamos recansados ya, por eso entramos”.
El Gobierno aún no reglamentó la ley de emergencia en discapacidad que aprobó el Congreso con el argumento de no tener claro la fuente de financiamiento. Esta decisión abrió una moción de censura al jefe de la administración libertaria, Guillermo Francos.
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