El doble femicidio perpetuado por Pablo Laurta en Córdoba sigue provocando conmoción en todo el país. La investigación alrededor del caso sigue avanzando y las autoridades están más cerca de completar el rompecabezas para entender cómo actuó el femicida.
Ahora trascendieron datos de la relación de Laurta y su expareja Luna Giardina y la crueldad pasó a un siguente nivel. La madre del niño había denunciado en más de una oportunidad a su ex y sobre ella había medidas judiciales protectoras.
La vida después de la tragedia
Según La Voz, el hijo de Laurta y Luna ya se encuentra en Córdoba para quedar bajo desguardo de la Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia (Senaf). La Justicia mientras tanto analiza el entorno familiar para evaluar a quién se le otorgará la guarda del menor.
Por otra parte, se conoció el camino judicial que había emprendido Luna Giardina contra Laurta a raíz del hostigamiento permanente que sufría y su vulnerabilidad ante las constantes amenazas del agresor.
Durante casi dos años, según La Voz, se revalidaron pedidos a Migraciones para que cuando Laurta volviera de Uruguay se le colocara un dispositivo dual, equipo que normalmente conocemos como "tobillera electrónica".
El litigio en los Tribunales de Familia también venía a favor de Giardina, pese a que Laurta hacía todo lo que estaba a su alcance para alejar al niño de su madre.
Una historia de hostigamiento y violencia
Luna y Laurta se conocieron en el 2018 por Facebook. En el 2019 tuvieron a Pedro, su único hijo. Como Laurta vivía en Uruguay, al principio viajaba permanentemente para poder verlo. En la pandemia, la relación se mantuvo a distancia y Laurta agudizó su maltrato y hostigamiento.
“Cuando ella estaba acá, él quería controlar con quién estaba, qué hacía, a quién veía. Los comentarios despectivos y la manipulación se volvieron constantes”, contó la abogada Salomé Nausneris a La Voz.
En octubre del 2023 Laurta agredió físicamente a Luna. La jueza de Violencia Familiar y de Género en ese entonces dispuso una restricción de acercamiento de 200 metros, prohibición de contacto y la entrega del botón antipánico. También dictó el tratamiento obligatorio para Laurta, que nunca cumplió, y fijó una cuota alimentaria provisoria del 45% del salario mínimo, que jamás pagó.
Ese mismo mes, Laurta ingresó al país con armas. Las autoridades le incautaron una pistola calibre 9mm y una 38. También llevaba consigo municiones y cargadores. Por el hecho, estuvo demorado y recuperó su libertad.
En febrero del 2024, Laurta fue detenido por violar la restricción judicial. En el Juzgado de Violencia Familiar se ordenó la implementación de la tobillera, pero nunca se pudo colocar porque el agresor ya había regresado a Uruguay.
Fueron cuatro las notificaciones que se enviaron a Migraciones para que, cuando Larta regresara al país, se le colocara el dispositivo. Pero, tal como reveló una persona cercana a la causa en diálogo con La Voz, “nunca volvió a presentarse ante el tribunal, cambió abogados en cuatro oportunidades y los domicilios en Uruguay. Siempre se le notificaba de las audiencias por mensajería, igual que a sus abogadas”
Finalmente, el dispositivo dual fue dado de baja para que pueda ser usado en otras causas. Durante dos años fue destinado a Laurta, pero nunca cumplió con la medida.
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