La Justicia Federal reactivó una investigación histórica contra la impunidad ambiental al retomar la megacausa por desmontes en la provincia de Chaco. Tras haber permanecido estancada en los tribunales locales, el caso fue elevado a la Cámara Federal de Casación Penal, lo que garantiza que la investigación trascienda las fronteras provinciales.
La causa surgió de denuncias que involucraban delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad, malversación de fondos y tráfico de influencias. El desmonte en territorio chaqueño supone una grave crisis ambiental: destruye hábitats, pone en riesgo especies icónicas como el yaguareté, acelera el cambio climático por liberación de carbono e incrementa inundaciones al degradar el suelo
De esta manera, la reciente resolución del juez Gustavo Hornos representa un hito en la persecución penal de delitos ambientales complejos. La decisión permite que el fuero federal investigue a fondo una posible red de complicidad integrada por empresarios, legisladores y funcionarios públicos, señalados por facilitar la destrucción de bosques nativos mediante maniobras ilegales.
A pesar de que los tribunales provinciales intentaron inicialmente frenar el avance de la Justicia alegando falta de competencia, la Cámara de Casación fue determinante: según detalló el medio La Política Ambiental, los daños ambientales afectan recursos que exceden los límites provinciales. Esta validación jurídica es vista por abogados y organizaciones ecologistas como una oportunidad estratégica para desmantelar las estructuras de poder que sostienen la degradación ambiental en el país.
Desmontes extensivos y crisis ecológica en el Chaco
Los desmontes en Chaco no son un dato menor: según datos oficiales de la Dirección Nacional de Bosques, en los últimos 15 años se perdieron más de 450.000 hectáreas de bosque nativo en esa región. La Justicia federal, al reconocer la interjurisdiccionalidad del daño, busca evitar que la dimensión ecológica del delito quede fragmentada y sin respuesta eficaz.
La causa no sólo apunta a irregularidades administrativas, sino que también implica entender el "desmontar masivo" como parte de un fenómeno criminal coordinado, con efectos ambientales y sociales profundos.
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Este avance judicial cobra mayor relevancia en el contexto de los debates sobre la necesidad de tipificar el ecocidio como delito penal en Argentina. Ambientalistas y sectores políticos señalan que la legislación ambiental actual no contempla una figura que sancione la destrucción masiva de ecosistemas con penas proporcionales al daño causado, similar a cómo se castigan otros delitos de alta gravedad.
Junto con otras causas que buscan responsabilizar penalmente por la caza de especies protegidas o por daños a bienes comunes como bosques y humedales, la reactivación de esta megacausa contribuye a cerrar un vacío histórico donde gran parte de los daños ambientales quedaban en el ámbito administrativo o civil, con sanciones leves o inexistentes.
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