Mientras el gobierno de Javier Milei eliminó a través de un decreto la creación de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para que no se avance en la indagación sobre el escándalo $Libra que lo involucra al mandatario, casos relacionados con criptomonedas se replican en el país. El viernes pasado, Gabriel Enrique Cabrera (36), un trader cordobés, fue detenido tras ser acusado de estafar a particulares con la promesa de invertir sus ahorros. Los presuntos damnificados son 12 y el primer cálculo de la supuesta defraudación indica que el monto global asciende a U$S108.021 y $16.700.000.
Por orden de la fiscal de Delitos Complejos del 2° Turno de Córdoba, Valeria Rissi, agentes de las fuerzas de seguridad allanaron la casa de Cabrera en barrio Colón –Murcia al 2100– y se lo llevaron con la imputación de “estafas reiteradas”. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Policía de Córdoba, con la coordinación de Delitos Económicos.
Según los primeros datos que se conocen de la causa, Cabrera habría engañado a miembros de su entorno –amigos y familiares– recibiendo montos de dinero de entre U$S 15 mil y U$S 30 mil para la adquisición de una moneda virtual, a cambio de “inmovilizar” el capital en plazos variables (generalmente un año) con la promesa de pagar, mes a mes, un interés muy elevado.
El hecho de haberse aprovechado de la confianza de miembros de su entorno de amistades y familiar puede ser utilizado como un agravante. A esto se le añade que el “boca a boca” de los primeros “éxitos”, que le habría generado nuevas contrataciones. Fuentes relacionadas con la causa sostienen que Cabrera prometía un interés del 60% al 70% nominal anual, pagado mes a mes. Otras fuentes indican que ese rendimiento era del orden del 8% efectivo mensual.
La moneda que recibía Cabrera, según fuentes judiciales, era principalmente el dólar, o bien pesos que se convertían a dólares para fijar la operación con ese monto en la moneda norteamericana. Además, hubo algún caso de USDT, la criptomoneda cuyo valor es de prácticamente de una unidad digital por dólar.
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Según expuso el medio La Voz, fuentes relacionadas con la investigación señalan que las operaciones eran muy sencillas, sin contratos y en una sede “informal”, ya que Cabrera trabajó hasta septiembre pasado en oficinas de un coworking de barrio General Paz. En ese sentido, se movió sin demasiada estructura: según detalló que sostienen fuentes de Tribunales 2 es que en septiembre pasado Cabrera dejó de frecuentar esas oficinas, dejó de pagar los intereses mensuales y no atendió más los llamados de sus clientes.
El abogado penalista Carlos Cardeilhac redactó las 12 denuncias y se presentó ante la Justicia para patrocinar a los presuntos damnificados. Cardeilhac aseguró en diálogo con el mismo medio local que espera que los abogados de Cabrera estén dispuestos a negociar para reparar el daño y resarcir a las víctimas, como un modo de evitar una sanción penal más grave.
Córdoba: dictan prisión preventiva para la influencer libertaria acusada de liderar una estafa piramidal
En diciembre del año pasado, la joven influencer libertaria Candela Salazar fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Córdoba acusada de liderar un esquema de estafas reiteradas vinculadas a inversiones falsas en criptomonedas. Según la investigación, actuaba con un cómplice, con quien ofrecían ganancias irreales desde 2022, que dejaron pérdidas por casi 23 dólares.
La estrategia con la que trabajaba Salazar consistía en atraer inversionistas con la promesa de retornos extraordinarios de entre un 10 y un 12% mensual en dólares. Todo eso lo hacía a través de sus redes sociales: promocionaba estas oportunidades para sus seguidores como un “negocio único”. Mostraba viajes exóticos, autos de alta gama y un alto estilo de vida, lo que generaba credibilidad en el público que tenía acceso a ella.
Según la Fiscalía de Instrucción del Distrito 2 Turno 1, a cargo de Lourdes Quagliatti, son cuatro las denunciantes hasta el momento, pero no descartan que haya más víctimas. Sólo las estafas confirmadas suman 22.900 dólares. Al tiempo que Salazar fue detenida por agentes de Delitos Económicos y de la Policía Aeroportuaria, fueron allanados el domicilio de la joven y de quien es señalado como uno de sus principales colaboradores Nicolás Gionco, también de 27 años. Allí, la policía incautó dispositivos electrónicos, documentación y otros elementos clave que pueden ser claves para el avance de la causa.
Salazar y Gionco están acusados de estafa reiterada. En ese contexto, las autoridades instan a quienes hayan sido afectados por este esquema a denunciarlo en la Unidad Judicial de Delitos Económicos. La colaboración de las víctimas será crucial para ampliar la investigación y llevar a los responsables ante la Justicia.
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