En el marco del paro general contra la reforma laboral y tras el anuncio del cierre de la planta de FATE, trabajadores realizaron un corte en la autopista Panamericana, a la altura de Virreyes, para rechazar los más de 900 despidos en la histórica fábrica. La medida se lleva a cabo a pesar de la conciliación obligatoria que dictara la Secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero.
Los manifestantes realizaron el corte en la zona de Ramal Tigre, a la altura de la calle Uruguay, en medio de la huelga dispuesta por la CGT para rechazar el proyecto de ley que impulsa el gobierno de Javier Milei en la Cámara de Diputados. En el lugar actuó la Gendarmería Nacional, fuerza que le pidió a los operarios que liberen un carril para no afectar de manera total la libre circulación del transito en una de las principales arterias de acceso y conexión del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Los trabajadores accedieron a habilitar un corredor para que el tráfico circule de manera limitada en la autopista. "Parece que lo único que entienden es esto. Necesitamos que la CGT se ponga a la altura, van a ser miles de compañeros que van a quedar en la calle", enfatizó Carlos, obrero de Fate en diálogo con C5N.
Para apoyar a los obreros despedidos arribaron a la manifestación representantes gremiales de otras empresas que atraviesan conflictos sindicales, como es el caso de Georgalos y Lustramax. También se hicieron presentes dirigentes de partidos de izquierda, ya que los delegados de los gremios forman parte de esos espacios políticos.
Los trabajadores de Fate mantienen la vigilia a pesar de la orden de desalojo
Un grupo de policías se apersonó ayer en la planta de Fate en San Fernando después de que un juez fallara que se desalojara a los trabajadores que permanecían en el predio, el mismo día en que se anunció el cierre de la empresa de neumáticos que dejaría a más de 900 empleados sin trabajo. Horas más tarde, el juez de Garantías Esteban Eduardo Rossignoli hizo lugar al pedido de desalojo.
El magistrado, a cargo del Juzgado de Garantías N°4, accedió a lo solicitado por el fiscal Marcelo Fuenzalida y dispuso “ordenar el inmediato desalojo y lanzamiento del inmueble sito en Almte. Blanco Encalada nro. 3003 de la localidad de Virreyes, partido de San Fernando, y su consecuente restitución a favor de sus titulares”, aunque aclaró que ello no implicaba restringir el derecho constitucional a manifestarse por fuera del inmueble y que el uso de la fuerza pública debía ejercerse solo en la medida de lo estrictamente necesario.
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