En julio del año pasado, el gobierno del presidente Javier Milei dejó en claro que avanzaría por las pensiones por discapacidad. El plan de crueldad por goteo con auditorías masivas que llevó adelante desde entonces desembocó en el dato que confirma hoy el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos: se dieron de baja 111.463 pensiones por invalidez. "Es un número que de lo único que habla es de la intención pura y dura de recortar, un indicador de que sólo interesan las cifras y no las personas y el ejercicio de sus derechos", advirtió en diálogo con El Destape Varina Suleiman, abogada de la Red por los Derechos de las personas por la Discapacidad.
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La Agencia Nacional por Discapacidad, hoy en la mira por las denuncias por presuntas coimas tras la filtración de los audios atribuidos al director Diego Spagnuolo, admitió este miércoles que en estos 13 meses las auditorías que impusieron tuvieron resultados concretos que impidieron el acceso a derechos básicos, mediante el desfinanciamiento, la suspensión de apoyos o limitación de la cobertura a través de criterios restrictivos, al calor de la estigmatización que promovieron sobre este grupo y del bloqueo oficialista a la Ley de Emergencia en Discapacidad.
"No está pensado el proceso desde el punto de vista de las garantías y de las obligaciones que en virtud de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y del pacto de Costa Rica (la Convención Americana de Derechos Humanos), asumió el Estado argentino", alertó Suleiman sobre los datos que se conocieron este jueves. El Estado debía, por ejemplo, garantizar un proceso administrativo acorde, para que aquellas personas que podían perder la ´pensión en el proceso de auditorías pudieran defenderse. "Una persona que vive en un lugar x y tiene que trasladarse para el trámite a otro lugar no cuenta con los medios para hacerlo. Pero acá el Estado no se está preguntando por qué esas 111 mil personas no fueron. Lo está dando como hecho, y peor, lo está anunciando como una victoria", alertó la abogada que en su momento logró ponerle un freno al ajuste del expresidente Mauricio Macri a las pensiones.
Francos eligió responsabilizar por las suspensiones a las personas con discapacidad, al alegar que fueron suspendidas "por no asistencia al turno" o porque no pudieron ser notificados "por razones imputables al beneficiario". Para las organizaciones que acompañan a los pacientes con discapacidad las pensiones podían ser perfectibles pero "representan un pilar fundamental para la inclusión", por eso habían alertado sobre la estrategia burocrática que estaban implementando para perpetrar los recortes; mientras el vocero presidencial, Manuel Adorni, hablaba de radiografías de perros y otras fake news. Pedían, específicamente, que se hiciera todo lo posible para que las personas con discapacidad "no quedaran atrapadas en un ciclo de exclusión".
Más de 100 mil personas quedaron fuera del sistema. Está en marcha el análisis de otras 418.374 pensiones, según se indica en el informe de Francos. "Se mandaron cartas documentos a todos los discapacitados para que acrediten su condición y muchos de ellos no contestaron", se limitó a responder el jefe de Gabinete ante la consulta de los diputados.
Para Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente por la Discapacidad, "las auditorías fueron una mera justificación" porque ya estaba previsto en el presupuesto nacional "la meta de dar de baja 270 mil pensiones". "Desde que comenzaron con la estigmatización de las personas con discapacidad, se fue profundizando. Comenzaron con algunas denuncias, toda una preparación para todas las auditorías. Allí centro solamente su tarea el Gobierno, no en una cuestión integral de promover la temática de la discapacidad", alertó en diálogo con El Destape.
"Me parece que en un Gobierno que buscase la respuesta a la gente, más que quedarse tranquilo porque la gente no se presentó, y encontrar justificativo allí de que eran gente que no podían justificar su discapacidad o los requisitos para acceder a la pensión, tenían que pensar por qué. Esto es no analizar la realidad de un país donde la mayoría de la gente que accede a la pensión se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Hay gente que quizás no se presentó también, y eso se sabe, porque no podía llegar, porque se les puso el trámite en lugares muy lejanos para atenderse atenderse o lugares que no existían", sumó Molero.
El "auténtico negocio" en la Andis
A la par se puso en marcha una campaña de difamación contra el colectivo. "Irregularidades" fue la palabra que más repitieron los funcionarios en declaraciones mediáticas, donde hablaban de los supuestos "curros" con noticias falsas para dar a entender que el sistema se montaba sobre pruebas falibles, a pesar de que todas las personas que habían accedido a las pensiones por invalidez tenían como obligación la presentación de estudios y diagnósticos clínicos para validar este beneficio.
El mismo Francos, que hoy presenta el informe, había dicho en julio de 2024 que había un "auténtico negocio" de otorgamiento de pensiones truchas "Pareciera que se quiere poner en duda el buen nombre de las personas con discapacidad, de sus familias, de los prestadores y asociaciones que han salido a exigir a la gestión actual que destine recursos como corresponde para sostener la atención de este colectivo", había respondido el Foro.
En esa línea, el Jefe de Gabinete volvió hoy sobre la idea de que había que regular las pensiones. "Es increíble ver cómo se han incrementado durante el período de 20 años que gobernó el país el kirchnerismo, O creció mucho la discapacidad en la argentina o se utilizaron las pensiones para beneficiar políticamente a algunos municipios", llegó a plantear.
Suleiman lanzó una pregunta al aire: "Si ese número se presenta como victoria es porque entonces hubo un combate, ¿cuál es la disputa real?". Para la abogada, se está yendo en contra de la obligación del Estado de tomar conciencia acerca de la discapacidad. "Nadie en su sano juicio va a negar que podría haber pensiones indebidamente otorgadas. Pero eso no puede llevar a teñir a todo el colectivo de personas que reciben pensiones como si fueran aprovechadores, porque ahí se está faltando a la obligación del compromiso internacional del Estado sobre la toma de conciencia de la discapacidad. Acá se asimila una persona con discapacidad a un aprovechador o a alguien que se sirve de los beneficios de todos los demás con artimañas o con astucias ilegales", enfatizó la abogada.
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