La intimidad como espectáculo: la cobertura mediática del caso Lourdes Fernández

La violencia de género no empieza ni se agota en los casos que se difunden. La violencia se anticipa en los procesos socio culturales de construcción de sentido, se habilita en términos políticos cuando el Estado convierte el odio en programa y abandona las medida de protección y prevención, y luego se prolonga y legitima en las narrativas y discursos circulantes. Al mismo tiempo lo que el sistema judicial o policial omite, muchas veces lo consagra la maquinaria mediática, transformando la denuncia de una víctima en espectáculo y el dolor en mercancía.

Todo esto lo vimos alrededor del caso de Lourdes Fernández, conocida popularmente como Lowrdez, exintegrante de Bandana, quien fue violentada y secuestrada por Leandro García Gómez, detenido y puesto a disposición de la justicia acusado de “privación ilegítima de la libertad”. Durante varios días la noticia ocupó pantallas y portales con una intensidad e interés que supera el fin informativo, evidenciando una trama narrativa espectacularizante y revictimizante. Su desaparición, el posterior “rescate” y la detención de su ex pareja fueron narrados como un caso policial o una saga de suspenso de Netflix en vivo y en directo.

Lo que quedó en evidencia fue el negocio atrás del drama. La violencia de género no es un espectáculo sino un problema estructural que debe interpelar al Estado, a la justicia, a la sociedad, y también a los medios y comunicadores. Cabe recordar que en Argentina la violencia mediática está contemplada en la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. En la norma se define como la difusión de mensajes e imágenes estereotipadas que promuevan la desigualdad, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas, “legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.

El dolor como show: espectacularización y morbo informativo

Tal como pasó en otros casos emblemáticos recientes, como el triple femicidio de Varela, la cobertura del caso de Lourdes se construyó como un relato policial televisivo, donde el interés fue desplazado del contexto estructural de la violencia y su complejidad hacia la escena espectacular. “Así salió Lowrdez de Bandana en la ambulancia del SAME, tras horas de tensión por su estado de salud”, decía el título de un artículo en Ciudad Magazine cuya crónica detallaba cada momento con la expectativa y tono de una transmisión en vivo: “Nos daba intriga si iba a hacerlo en una camilla o en una silla de ruedas, porque desconocíamos su estado”. Como si se hablara del guión de una película, y no del cuerpo y la salud física y mental de una persona atravesada por la violencia.

El morbo y el rating se convirtieron en el hilo conductor de todas las transmisiones: cámaras apostadas frente al edificio, descripciones minuciosas del operativo, titulares que apelaban a la intriga o al impacto visual, la búsqueda permanente del bait, y la competencia permanente por el último momento, mientras. El caso se trató más como un suceso de rating que como un hecho de violencia de género en curso cuya resolución era realmente tan urgente como incierta. El efecto de este tipo de movimientos es doble: se despolitiza la violencia, se la separa del contexto socio cultural, y se deshumaniza a la víctima, que deja de ser un sujeto con derechos para volverse una mercancia que circula, se comenta y se consume.

Revictimización: cuando informar es volver a herir

Otra forma muy habitual de cobertura es la revictimización mediática, es decir la operación simbólica que se efectúa al poner el foco en la víctima, responsabilizarla por la violencia recibida, y reproducir una suerte de juicio social público sobre ciertos rasgos, consumos o comportamientos de la mujer que denuncia. En este caso, se puede identificar esta tendencia en varios portales que reprodujeron testimonios y declaraciones que, lejos de aportar contexto, reinstalaron la sospecha o la patologización sobre la cantante.

En La Nación, una psicóloga forense declaró: “Lourdes estaba dentro de lo que se llama habituación a la conducta violenta… algo que tiene mucho que ver con el consumo descontrolado de la droga, que a su vez va minando la fortaleza de la personalidad para poder poner el límite y decir no.” La palabra de la profesional, en vez de aportar complejidad y preguntas sobre una biografía problemática y de extrema vulnerabilidad, simplificaba las causas e introducía la culpabilización sobre la víctima, negando por completo el papel de la ex pareja quien fuera su victimario.

La frase “calvario buscado”, tal como lo tituló el diario, convierte la violencia sufrida en una consecuencia de las propias decisiones de la artista, casi como un destino buscado. Esa narrativa refuerza la idea de que ella “elige” permanecer en el vínculo, desconociendo el entramado de coerción, dependencia y manipulación que define a los vínculos violentos, y lo difícil que es para una mujer reconocer e identificar que está en una relación riesgosa. Desde el punto de vista mediático, es un dispositivo de disciplinamiento: la mujer violentada vuelve a ser señalada y lo que queda bajo sospecha es su conducta, no la del agresor, no los valores sociales, ni la cultura patriarcal.

Violación del secreto: la exposición de datos médicos y judiciales

El 24 de octubre, el diario digital MDZ Online publicó un artículo titulado “Cocaína y alcohol: el informe médico de Lourdes Fernández tras ser rescatada…”, donde se citaba literalmente un parte clínico: “La historia clínica indica que la cantante refiere consumo de cocaína y alcohol… manifestó haber abandonado su tratamiento psicoterapéutico.” Esa publicación luego fue compartida y reproducida en otros medios, portales y redes sociales, exponiendo datos personales de Lourdes que deberías estar protegidos por el secreto médico y judicial. La información solo invadía la intimidad de una víctima que aún estaba en peligro.

En el mismo sentido fue el diario La Nación que detalló que “en el departamento había botellas de bebidas alcohólicas y pastillas fuera del blíster”. No hay justificación periodística posible para divulgar ese tipo de datos que no aportan comprensión del delito, no ayudan a prevenir la violencia y sí, en cambio, consolidan una imagen pública degradante y estigmatizante. Difundir la intimidad médica de una víctima no solo viola su derecho a la privacidad, sino que constituye otra forma de despojarla de su humanidad con el único fin de convertir su cuerpo, su historia y su salud en un objeto de observación pública y consumo morboso.

Detrás de ese gesto hay una matriz cultural: para la misoginia motorizada a partir de la maquinaria comunicacional hegemónica la mujer violentada sólo puede ser creída si se muestra entera, sana, coherente y moralmente aceptable. Ese es estándar de la víctima acorde con las expectativas. Cuando no cumple con ese modelo, si consume, si tiene crisis, si está medicada, si salia de noche, la empatía se fractura y la cobertura se vuelve juiciosa e inquisitiva. La famosa etiqueta de loca, tan usada en el lenguaje patriarcal, inmediatamente le quita credibilidad a su denuncia y la despoja de solidaridad empática.

Responsabilización moral: patologizar para culpar

Varios medios usaron los problemas de salud mental y los consumos de Lourdes como clave interpretativa del caso. TN citó a su madre diciendo:“Las enfermedades mentales son las peores… Las personas que acompañan siempre esperan una respuesta racional, pero es una respuesta que nunca va a llegar.” El consumo o el sufrimiento psíquico, en lugar de ser comprendidos y analizados como producto de una situación traumática sostenida o su biografía, son usados como prueba de una “autodestrucción elegida”. Es la versión contemporánea del viejo “algo habrá hecho”, adaptada al discurso de salud mental.

El problema no es la frase en sí, sino el modo en que los medios la integran a la narrativa: como si las “enfermedades mentales” explicaran el ciclo de violencia. Se instala así una culpabilidad moral y médica: si estaba mal, si consumía, si “no respondía racionalmente”, entonces su destino aparece como una consecuencia ineludible de su propio estado. Ese desplazamiento de responsabilidad es estructural: borra el papel del agresor, diluye la negligencia estatal (que no actuó a tiempo pese a denuncias previas) y vuelve a colocar la carga sobre la víctima.

De la información al disciplinamiento

Informar con perspectiva de género implica resguardar la intimidad e integridad física de la víctima, evitar reproducir estigmas y contextualizar los hechos en el marco de desigualdad estructural. El ejercicio de contextualizar implica no tratarlo como una excepcionalidad ni desconectado de otras formas de violencia. La difusión de partes médicos, los titulares que insinúan culpa o responsabilidad en la víctima, o muestran su intimidad como prueba sólo refuerzan la cultura misógina y patriarcal.

La espectacularización, la exposición médica y la revictimización son estrategias narrativas que constituyen un modo de producir información que disciplina los cuerpos femeninos y des responsabiliza a los violentos. La cobertura del caso de Lourdes Fernández muestra cómo los medios pueden funcionar como extensión del control patriarcal sobre la vida de las mujeres, incluso en nombre del cariño popular y la “preocupación pública”. Mientras tanto, poco se dice sobre la inacción estatal, las falencias de la protección judicial, o el desmantelamiento de políticas de género durante el gobierno de Javier Milei.