El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Fundación TEMAS y la Asociación de Vecinos de la Boca denunciaron al Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que continúe el proceso de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo que empezó luego de la causa Mendoza, impulsada por la Corte Suprema el 8 de julio de 2008 y terminada en octubre de 2024. El colectivo de denunciantes asegura que el cierre de la causa viola el derecho constitucional a un ambiente sano, a la vida, a la salud, a la vida, a la vivienda digna, a la niñez y las garantías judiciales de las personas que viven en la cuenca.
Cristian Fernández es el coordinador del área Legal de la FARN, una de las organizaciones que presentó la denuncia ante la CIDH, y le dijo a TSS: “Esperamos que la CIDH inste al Estado argentino a trabajar en el saneamiento de la cuenca y a no abandonar esta tarea titánica que es la limpieza del Riachuelo porque no se contaminó solo ni se va a limpiar solo, y requiere mucho trabajo y presupuesto. Lo que vimos desde el cierre de la causa hasta hoy es un retroceso en materia de política pública en lo que respecta al saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Por ejemplo, la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) echó a 300 personas y queremos saber cómo repercute esta reducción en las tareas a realizar y las autoridades no lo contestan. Todavía hay mucho trabajo para relocalizar a las personas que habitan en barrios populares y se ven afectados por la contaminación en la cuenca, falta avanzar con obras como el parque curtidor en Lanús. Para que tengamos una cuenca sana es importante que las curtiembres no contaminen más. Hay que seguir trabajando en la contaminación industrial, en la calidad del agua, del aire, en el ordenamiento del territorio y en las áreas protegidas, por eso le pedimos a la CIDH que tome cartas en el asunto y venga a visitar la cuenca para que inste a las autoridades a retomar el trabajo de limpieza”.
En la cuenca se relocalizó al 42% de las familias que vivían a la vera del río. El resto aguarda una solución habitacional y las casas adonde viven ahora deben ser demolidas para completar el camino de sirga. Solo en CABA serán unas 700 familias. El trabajo en el territorio todavía tiene mucho por hacerse: la cobertura de servicio de cloacas llega al 56% de la población de la cuenca.
Alfredo Alberti es vecino del Riachuelo y parte de la Asociación de Vecinos de La Boca. Alberti le dijo a TSS que “los cambios en el período en que estuvo activa la causa fueron muy importantes pero tenemos que tener en cuenta que pasaron muchos años y pensábamos que iban a ser más. La ineficiencia de ACUMAR fue notable. Estamos muy agradecidos por lo que se hizo y ahora no entendemos por qué la Corte Suprema toma la decisión de abandonar la causa. Las mismas razones que la hicieron elaborar el fallo emblemático para la época no han cambiado: desde que se cerró la causa se empieza a ver que el espejo de agua no tiene la misma calidad, nosotros no tenemos la capacidad para hacer estudios pero sabemos que la calidad del agua y del aire no ha cambiado nada desde que empezó la causa. Los cambios del río son estéticos, se ha hecho un maquillaje de la cuenca, están mejor las costas que antes estaban llenas de basura, y el espejo de agua que era una alfombra flotante de basura que generaba olores fétidos. Eso aún no volvió pero si a esto no se lo cuida, no se atienden los presupuestos, si se cierran las sedes de ACUMAR, como la que teníamos acá y ya no está más, tememos que se vuelva a ese Riachuelo que tantos disgustos le dio a la población y se descuide la salud”.
Una parte importante de la obra se saneamiento es el Sistema Riachuelo, que incluye el colector margen izquierda, la planta de tratamientos cloacales y el emisario. Se trata de un caño muy grande que copia la traza del río a su izquierda para poder recoger todos los desechos cloacales, la planta para tratar estos desechos y el caño que los deposita en forma dispersa muchos kilómetros adentro del Río de la Plata. La primera etapa y la última están completadas hace muchos años, y la planta de tratamiento está construidaen más del 80% hace dos años. El Gobierno anunció que la iba a terminar pronto, pero no hay una fecha precisa de inauguración.
Durante los 17 años que la causa Mendoza estuvo activa, ACUMAR debía presentar informes trimestrales y lo hizo durante todo ese tiempo, lo que permitió que se pudiera conocer el estado del río y de las obras. “Hicimos un pedido de información pública y nos dijeron que las obras del Sistema Riachuelo ya estaban terminadas, y también lo informó el vocero presidencial Manuel Adorni, pero falta saber cuándo se hará la puesta en marcha. Nos gustaría que hubiera más transparencia en la información, nosotros antes podíamos seguir esta información en los informes trimestrales, hoy ni siquiera está actualizada en las páginas web. Nos enteramos que se mudaron de oficina por el Boletín Oficial, ahora están en Diagonal Norte y no sabemos cómo afectaron los despidos y renuncias. Más allá de los anuncios formales, queremos saber cómo repercute esto en la vida de los vecinos”, dijo Fernández.
“La Corte nos abandonó y también hemos perdido a una figura muy notable que era el Defensor del Pueblo de la Nación, que era el coordinador del grupo colegiado. (Eduardo) Mondino –exdefensor del Pueblo de la Nación– nos ayudó a aunar instituciones para poder hacer las acciones y tenía cuatro abogados que nos ayudaban y fondos de la Defensoría para hacer análisis físico-químicos. Esto repercute en tres jurisdicciones y tuvimos que apelar a la Justicia porque nunca fue un tema de agenda para la política. Ahora, al desaparecer el interés de la Corte Suprema quedamos nuevamente en manos de los políticos. Y ahora dicen que contaminar el río no es delito, no forma parte de las campañas, pero si la salud es un tema esencial deberían ocuparse del río, que tan importante es para la salud de todos”, dijo Alberti.
El cierre de la causa disolvió el cuerpo colegiado formado por las organizaciones e instituciones que controlaban el trabajo del Estado tanto a nivel nacional como local. De todas formas, las mismas instituciones que formaban parte de ese cuerpo fueron las que se unieron para llevar la demanda en forma conjunta frente a la CIDH, para que los trabajos de recuperación de la Matanza-Riachuelo sigan adelante.
Con información de la Agencia TSS
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