La Cámara Federal ratificó este viernes el procesamiento al gendarme Héctor Guerrero por los delitos de lesiones gravísimas contra el fotoperiodista Pablo Grillo, en el marco de la represión policial del 12 de marzo. La resolución fue firmada por los jueces federales Eduardo Farah, Martín Ururzun y Roberto Boico, quienes procesaron también al prefecto Sebastián Martínez por los disparos contra Jonathan Navarro, que le provocaron la pérdida de un ojo, durante la misma manifestación.
El miércoles 12 de marzo fue una de las tantas movilizaciones de los jubilados a la Plaza de los Dos Congresos en contra de los ajustes del gobierno del presidente Javier Milei. A diferencia de otras manifestaciones, fue diferente por la cantidad de miembros de fuerzas de seguridad que movilizó la entonces ministra Patricia Bullrich. La situación se desbarrancó cuando el cabo Guerrero disparó a los manifestantes una granada de gas lacrimógeno que finalmente impactó contra Pablo Grillo, la cual le produjo una fractura de cráneo.
Al mismo tiempo y en otro lugar de la plaza, el efectivo de la Prefectura Naval Sebastián Martínez hizo algo similar a Guerrero al dispararle a la altura de los ojos a Jonathan Navarro, otro manifestante, quien logró retirarse ayudado por sus compañeros pero finalmente perdió un ojo.
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Qué determinaron los jueces
Por unanimidad, los camaristas ratificaron sobre Guerrero la acusación por lesiones gravísimas y abuso de armas, ambos delitos agravados por abuso de su función como miembro de una fuerza de seguridad. En el caso del prefecto Martínez, también fue acusado, aunque por mayoría, por lesiones gravísimas agravadas por abuso de su función. En este segundo caso el juez Farah votó en disidencia, alegando falta de mérito.
De esta manera los camaristas confirmaron el procesamiento del 7 de octubre firmado por la jueza María Servini, quien dictaminó que el gendarme Guerrero fue el autor del disparo que dejó herido de gravedad a Grillo y de otros cinco disparos realizados en ángulo horizontal hacia los manifestantes.
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Respecto a los cinco tiros con granadas de gas lacrimógeno que hizo Guerrero, la resolución determinó que si bien no fueron dirigidos a un individuo determinado, expusieron "de manera objetiva a un peligro concreto a todo un grupo de personas, con plena conciencia de ese riesgo". "Cada expulsión de proyectil respondió a una acción voluntaria del imputado, quien orientó los disparos hacia quienes se encontraban protestando frente al Congreso de la Nación", concluyó el texto. Tanto a Guerrero como a Martínez los embargaron por $203.000.000 y $ $91.000.000 respectivamente.
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