Una falsa compra de zapatillas, un patrullero sin identificar y un repartidor como cobrador: así actuaron los policías secuestradores de CABA

Tres inspectores de la Policía de la Ciudad que trabajaban en una brigada y un repartidor fueron procesados con prisión preventiva y embargados por 50 millones de pesos.Cada uno de ellos, acusados de integrar una banda de secuestradores que capturó a un joven que, tras pasearlo durante varias horas, cobraron un rescate de 4 mil dólares y un millón y medio de pesos. Para llevar adelante el secuestro, los policías usaron sus armas reglamentarias y una patrulla sin identificar que fue señalada por los investigadores y que el propio Ministerio de Seguridad de la Ciudad reconoció. Además, desde el gobierno porteño colaboraron junto a Asuntos Internos para lograr la detención de los policías que ahora están alojados en dependencias del Servicio Penitenciario Federal.

El secuestro se llevó adelante el 17 de mayo cuando poco después de las 3 de la tarde, la víctima llegó al barrio del Bajo Flores para entregar un par de zapatillas. Según la investigación, el joven se dedicaba a vender a través de páginas de internet productos importaba del exterior. En ese contexto, un presunto comprador se había comunicado con él primero por instagram y luego por WhatsApp para comprarle zapatillas marca Nike que tenía publicadas y le pidió que se las entregue en la zona de la avenida Perito Moreno y Cruz, en inmediaciones de la cancha de San Lorenzo. Hasta ese lugar llegó la víctima y allí fue capturada. La reconstrucción que realizó el Fiscal Federal Eduardo Taiano logró trazar la línea de tiempo que demostró que mientras el joven secuestrado iba en su auto al lugar de encuentro, los tres policías dejaban sus autos particulares y se subían a una patrulla de la Brigada en la calle Zavaleta 425, mismo lugar de donde partió la Brigada que en noviembre de 2017 asesinó a Lucas González en el barrio de Barracas.

Cuando la víctima llegó al lugar acordado, dos jóvenes en moto se acercaron y se identificaron como los compradores. Luego de ver el producto, le pidieron “por seguridad” contar el dinero dentro del vehículo de la víctima. Una vez adentro, lo apuntó y le dijo “perdiste guachín” para luego golpearlo con el arma y amenazarlo de muerte. Allí el vehículo fue abordado por otro de los secuestradores que empezó a moverse por distintos barrios de la ciudad, mientras que el delincuente armado le sacó el celular a la víctima y empezó a comunicarse con la novia del joven y a pedirle cinco mil dólares de rescate.

Mientras tanto, según pudieron reconstruir los investigadores, muy cerca del vehículo de la víctima se movilizaba una camioneta Citroen Berlingo blanca que resultó ser el móvil número 1177 de la Policía de la Ciudad. Se trata de una camioneta sin identificar asignada a la brigada de Parque Patricios que estaba a cargo de los policías que, al mismo tiempo, fueron identificados por la geolocalización de los teléfonos celulares asignados a esa Brigada. Con las cámaras de seguridad, además, lograron descubrir que de esa camioneta bajó un hombre y se subió al auto de la víctima en el asiento trasero. La reconstrucción logró detectar que ese inspector de la policía porteña fue quien negoció el rescate. Las mismas cámaras sirvieron para mostrar cómo la patrulla monitoreó los movimientos del secuestro, al punto de ser descubierta estacionada detrás del vehículo de la víctima durante varios minutos en el cruce de Rivera y Vedia. 

Finalmente, los policías negociaron con la familia de la víctima el pago de 4 mil dólares y un millón y medio de pesos. Fue el hermano de la víctima quien llevó el dinero a Rucci y Zuviría, en Villa Lugano, donde un motociclista se acercó en busca del botín. Según la denuncia, el cobrador tenía la mitad del rostro cubierto con un cuello polar, de tez trigueña y una cicatriz en su pómulo derecho, que le dijo “yo no tengo nada que ver, solo vengo por la plata”, en una tonada que el testigo luego describió como de extranjero. Minutos después del pago, la víctima fue liberada en una plazoleta de Mariano Acosta y Tabaré, en el barrio de Villa Soldati y la familia realizó la denuncia.

La investigación logró detectar que la moto que cobró el rescate era la misma que utilizaron para llegar hasta el Bajo Flores previo al secuestro y pertenecía a un joven de 20 años que vive en el barrio de Barracas y trabajaba como repartidor para una app de comidas. Las imágenes de las cámaras de seguridad y las fotos que el mismo repartidor tenía en sus redes sociales sirvieron como prueba para identificarlo, detenerlo y procesarlo. La declaración del hermano del joven secuestrado fue clave para poder identificarlo, no sólo por la “tonada” sino también porque describió una cicatriz que reconoció tras la detención. Además, la descripción de uno de los policías que “usaba cadena de oro” fue clave para ubicarlo como el inspector que bajó del patrullero y se subió al auto de la víctima para negociar el rescate. Con la reconstrucción de los movimientos de los policías también pudieron determinar que durante el secuestro, uno de los procesados y detenidos usó el sistema policial para buscar el dominio del auto de la víctima y su número de documento.

Con esta investigación y tras la acusación del Fiscal Federal Eduardo Taiano, la jueza Servini destacó la cantidad de elementos de prueba secuestrados “que permite acreditar la responsabilidad de los imputados” y señaló que los policías “se valieron de su condición de funcionarios policiales para acceder a información sensible y facilitar la maniobra, lo cual aumenta la peligrosidad del accionar y profundiza la afectación a la confianza pública en las instituciones”. Tras ratificar el procesamiento, la prisión y el embargo de los tres policías y el repartidor, la Jueza le pidió al Fiscal que avance en la investigación en busca de conocer si quedaron eslabones sueltos de la banda de policías secuestradores.