Europa discute una edad mínima para el uso de redes sociales

El Parlamento Europeo volvió a poner en el centro del debate el impacto de las redes sociales en los menores, con una propuesta que busca fijar en 16 años la edad mínima de acceso a plataformas digitales en toda la Unión Europea. La iniciativa de protección digital de los jóvenes fue aprobada la semana pasada en Estrasburgo (Francia) por la Eurocámara con una abrumadora mayoría de 483 votos a favor, 92 en contra y 86 abstenciones. Si bien  se trata de una recomendación y no una ley vinculante, la declaración obliga a la Comisión Europea y a los países miembros a tomar medidas legislativas concretas. La norma se aplicará sobre las plataformas más utilizadas como Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube y Reddit, entre muchas otras.

La noticia cobra sentido en un contexto de creciente preocupación por los efectos del ecosistema digital en la salud física y mental y también la seguridad, de niñas, niños y adolescentes de todo el mundo, producto de comportamientos y tendencias en línea, tan peligrosas como habituales, en una etapa vital frágil e hiper vulnerable: el acoso, el hostigamiento, la violencia digital, el frapping, el ciberbullying, el grooming, el sexting, la adicción, el desarrollo de TCA, las manipulaciones.

Según las estadísticas que acompañan el informe parlamentario, el 25% de los menores tienen un uso “problemático” de los dispositivos; cerca del 97 % de las y los jóvenes acceden a internet todos los días; y, entre quienes tienen entre 13 y 17 años, el 78 % revisa sus dispositivos “al menos una vez por hora”. Estas cifras funcionan como el trasfondo estadístico de un problema real y concreto que se observa en casas, escuelas, clubes e instituciones de todo el mundo: un vasto sector de infancias y adolescencias sometido a entornos digitales diseñados para capturar su atención, competir por su tiempo, muchas veces sin filtros efectivos ni medidas de seguridad. Paradójicamente, en muy pocos países la realidad inspira la implementación de políticas públicas de cuidado.

En ese sentido, el Parlamento Europeo propone -en principio- establecer una edad mínima armonizada en toda la UE para el acceso libre a redes sociales, plataformas de intercambio de vídeos y chats de IA, a los 16 años, aunque permitiéndolo desde los 13 años con consentimiento parental obligatorio. Al mismo tiempo, la Comisión Europea está desarrollando un proyecto piloto, en el que participan varios estados miembro, para incorporar una plataforma a nivel continental capaz de verificar la identidad digital y edad real de los usuarios que acceden a redes sociales desde dispositivos móviles u otros. Los especialistas insisten en que estos sistemas deben ser fiables y proteger la privacidad de los menores.

Además, la resolución reclama incentivar y apoyar el desarrollo de mecanismos de verificación de edad (age-assurance o identidad digital europea) para garantizar la eficacia sin vulnerar la privacidad de los menores; y exigirle a las plataformas que sus productos sean "Seguro por diseño" (Secure by Design); es decir, que desde su creación y construcción prioricen la protección en el trato hacia la infancia y no el lucro o las ganancias siderales. El fundamento es que debe tratarse de productos inherentemente más seguros y confiables, y no que esas características se agreguen después como complementos. Por eso, la decisión parlamentaria implica una intervención más amplia de la Comisión Europea, incluyendo sanciones, multas y, en casos graves y persistentes de incumplimiento, la responsabilidad personal de los directivos y altos cargos de las grandes empresas tecnológicas como Elon Musk, de X; Marc Zuckerberg, de Meta; o Shou Zi Chew, CEO de TikTok.

Uno de los puntos más innovadores del proyecto es el que apunta a desentrañar y desactivar el carácter “adictivo de las redes”, que muchas veces funciona por defecto y suele pasar desapercibido en este tipo de debates. Para ello, la regulación aprobada plantea: prohibir en las plataformas las micro prácticas adictivas como el scroll infinito, el autoplay, la recarga por arrastre, los loops de recompensa y la gamificación nociva; bloquear los sitios que no cumplan normas de la UE; limitar tecnologías persuasivas como publicidad personalizada, marketing de influencers, diseño adictivo e interfaces engañosas; prohibir sistemas de recomendación basados en perfiles o interacción para menores; aplicar plenamente el DSA (Ley de servicios digitales) a plataformas de video, y prohibir loot boxes y juegos de azar encubiertos (monedas, ruletas, pagar para avanzar);  evitar la explotación comercial infantil y cortar incentivos económicos para “kidfluencers” (niños que actúan como influencers); y regular de urgencia la IA generadora de deepfakes, chatbots de compañía y apps que crean desnudos e imágenes sexualizadas manipuladas sin consentimiento.

Más allá de la edad, el punto es cuestionar el diseño del negocio

La propuesta del parlamento europeo no se limita al debate moral, el establecimiento de un umbral etario conservador, o mecanismos punitivos para las empresas que lo incumplan. La flamante regulación es el primer paso en el cuestionamiento de un modelo de negocio detrás de las plataformas cuyas estrategias dañinas y manipuladoras “pueden aumentar la adicción” y “perjudican la capacidad de los menores de concentrarse e interactuar de manera saludable con los contenidos en línea”. Podría definirse como una medida de justicia social, una política de protección colectiva y el respeto por los derechos de las infancias a crecer sin publicidad invasiva, sin manipulación cognitiva, sin explotación comercial o riesgos a su salud mental.

Si las empresas digitales han sabido construir un terreno de explotación de la atención infantil, las experiencias sociales pandémicas y el deterioro de la calidad de vida, donde el scroll infinito, las recompensas y gratificaciones, los algoritmos de recomendación y la personalización son la regla, entonces la intervención tiene que ser estructural y transnacional. El parlamento estipula que el derecho a la infancia prime por sobre los intereses comerciales de los tecnócratas billonarios de Sillicon Valley. Si algo quedó claro en la votación es la urgencia por trabajar en la reconstrucción de un espacio digital seguro y soberano, frente al avance indiscriminado de un poder digital transnacional que no deja de expandirse, causar estragos, y ejercer todo tipo de influencia política y cultural considerable.

¿Qué pasa con las regulaciones en el mundo?

La discusión europea no ocurre en el vacío, ya que son varios los países que avanzaron con regulaciones propias frente al aumento del uso problemático de los dispositivos y redes en la infancia. Francia por ejemplo exige, desde 2023, consentimiento parental para que menores de 15 años creen perfiles y cuentas, aunque su aplicación se demoró por dificultades técnicas; además, un panel convocado por (el presidente, Emmanuel) Macron recomendó en 2024 medidas aún más estrictas que van desde prohibir celulares a menores de 11 hasta vetar teléfonos con internet para menores de 13. En Alemania, los menores de 13 a 16 años solo pueden usar redes sociales con aval de sus padres, aunque especialistas en protección infantil advierten que los controles son insuficientes y piden sanciones más duras. Al mismo tiempo, Italia fijó la autorización obligatoria para menores de 14, mientras que a partir de esa edad el uso es libre. Países Bajos por su parte no tiene una edad mínima, pero prohibió desde 2024 los celulares en las aulas para reducir riesgos de distracción y exposición. Y en Noruega, el gobierno propuso elevar el consentimiento digital de 13 a 15 años, manteniendo la posibilidad de habilitación parental.

En conjunto, estas políticas delinean una tendencia internacional clara: la aceleración de marcos regulatorios más estrictos para contener el impacto de las plataformas y la economía de la atención en la infancia. Pero cabe preguntarse ¿es esto suficiente para enfrentar un problema que tiene un impacto social y vincular más allá de las edades? Al respecto Santiago Stura, Licenciado en Comunicación Social y coordinador de la Asociación Civil Faro Digital, explica que en dicha organización son sumamente cuidadosos con la utilización de términos o diagnósticos como “adicción” ya que tienden a patologizar las conductas adolescentes y de las infancias: “Nos parece un término muy problemático para hablar de la relación que tienen los y las jóvenes con las pantallas. Preferimos hablar de dependencia digital, lo que no implica de ninguna manera desconocer las estrategias que las plataformas tienen y las arquitecturas que desarrollan estos territorios digitales para captar la atención de los usuarios que genera muchísimas dificultades al momento de autorregular el tiempo de uso".

En ese sentido, explica Stura, cuando se debaten regulaciones y consensos en relación a las infancias y adolescencias resulta fundamental que el mundo adulto y las instituciones puedan recuperar la autoridad cognitiva y desde ahí, analizar las edades y limitaciones. "Lo primero es entender desde el mundo adulto más sobre el funcionamiento y las prácticas en los territorios digitales, y que desde allí se pueda construir una autoridad para acompañar a las infancias y a las adolescencias, y tomar decisiones en esa cronología que es muy veloz y muchas veces encuentra al mundo adulto en un rol de espectador asustado. Necesariamente se precisa avanzar en esa comprensión para poder decidir a qué edad cada pantalla, a qué edad cada plataforma y a qué edad cada contenido”, añade. Sin embargo, advierte que, tal como se evidencia en muchos lugares del mundo, con la regulación sola no alcanza: “Se necesita acompañar, comprender, una escucha activa, y saber que las adolescencias se sienten muy desamparadas, situación que no solo no se resuelve sino que se problematiza aún más cuando a ese desamparo se le suman términos patologizantes”.

América Latina, con sus propias desigualdades estructurales, debería mirar de cerca este debate como espejo y advertencia. Evadir el tema desde los Estados es, básicamente, dejar libradas a las infancias a dinámicas de mercado dominadas por gigantes globales que solo piensan en aumentar sus ganancias sin reparar en los daños. En Argentina, particularmente, la pregunta es si un debate de esta magnitud podría siquiera producirse en medio de un gobierno donde la consigna “Viva la libertad” funciona más como desregulación a favor de las grandes plataformas que como protección del futuro de las nuevas generaciones y de los sectores más vulnerables.

Mientras Europa discute cómo limitar la captura atencional de los niños, cómo recuperar una soberanía sobre el propio tiempo en una etapa fundamental de la vida de las personas, aquí el Gobierno de Javier Milei, por el contrario, promueve la entrada irrestricta de jóvenes a negocios digitales, incentiva las apuestas y el trading y hasta impulsa su ingreso temprano al mundo financiero como si se tratara de un espacio de formación ciudadana. ¿Es posible entonces discutir límites, garantías y derechos en un país donde el Estado abandona su rol de regulador y se posiciona como promotor de la lógica de los negocios incluso a costa de una infancia saludable?