El juez de Córdoba Miguel Vaca Narvaja dictó una medida cautelar con caracter de urgencia en el conflicto del Gobierno con las personas con discapacidad, al intimar al Ministerio de Salud de la Nación- y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para atención de Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) a que en un plazo de 72 horas resuelvan los pagos de las prestaciones previstas en la ley 24.901 que reciben los titulares de Pensiones no Contributivas con Certificado Único de Discapacidad.
El fallo, al que tuvo acceso El Destape, se definió en el marco de un amparo colectivo impulsado por el grupo Defendamos Córdoba, con el respaldo de Apadim, el Pequeño Cottolengo Don Orione y varios centros terapéuticos de la provincia. "La falta de cobertura o la interrupción de un tratamiento genera retrocesos en el grado de desarrollo alcanzado mediante la intervención terapéutica, y el esfuerzo aplicado en sostener esos espacios por parte de los grupos familiares y personas responsables del cuidado de las personas con discapacidad", remarcó el magistrado.
En la resolución, Vaca Narvaja sostuvo que existen elementos suficientes para considerar que tanto el PAMI como el programa Incluir Salud incurrieron en atrasos en los pagos de las prestaciones contempladas en la ley 24.901 para personas con discapacidad.
El magistrado señaló además que la situación se desarrolla en un contexto en el que, según expresó, existen "numerosos intentos por parte de la autoridad estatal de evadir o dilatar el cumplimiento de su obligación de observar y garantizar los estándares constitucionales e internacionales de protección integral de los grupos más vulnerables". Además, remarcó que el colectivo afectado está integrado por personas en situación de "múltiple vulnerabilidad", entre ellas niños, adultos mayores, personas con discapacidad y sectores de bajos recursos.
El Gobierno admitió demoras
En el expediente, el propio Ministerio de Salud reconoció retrasos en los pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad. Según una nota de la Subsecretaría de Políticas de Acceso y Apoyos incorporada a la causa, las demoras obedecen a un "proceso de reordenamiento estructural" y a la incorporación del programa a los mecanismos administrativos de la cartera sanitaria nacional.
De acuerdo con esa explicación, la transición hacia los estándares de gestión de la Administración Pública Nacional habría generado dificultades en la tramitación de pagos, aunque el organismo aseguró que la situación se encuentra "en pleno proceso de regularización" y que no implica una reducción de las prestaciones. Sin embargo, el juez consideró que la continuidad de estas demoras puede derivar en interrupciones de tratamientos y prestaciones indispensables para las personas con discapacidad, con el consecuente riesgo para su salud y desarrollo integral.
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