En medio del ajuste del presidente Javier Milei a la educación, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) adhirió al nuevo proyecto de Ley de Financiamiento Universitario que será presentado en el Congreso Nacional este miércoles 28 de mayo. El proyecto plantea el "incremento progresivo del presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI para 2031".
La adhesión se realizó a través de su Consejo Superior -que aprobó sobre tablas y por unanimidad- acompañar el texto consensuado entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina y un arco de gremios docentes y no docentes. Además, el cuerpo colegiado de la UNC instó a los legisladores nacionales por el distrito a dar prioridad al tema.
El drama por el que atraviesan las universidades nacionales, y por el cual se desarrollaron marchas, paros y protestas durante todo 2024 y en los primeros meses de este 2025, tiene que ver con el financiamiento de las casas de estudios y, especialmente, con el deterioro de los ingresos de los trabajadores docentes y no docentes.
Las universidades cerraron el 2024 con un recorte del presupuesto del 30% y los salarios reales de los docentes con una caída del 23% respecto a diciembre de 2023. Los datos fueron publicados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
Esta situación se agravó luego de la decisión del Gobierno nacional de prorrogar el Presupuesto 2023. El recorte fue denunciado durante todo el 2024 por la comunidad, que logró movilizar amplias porciones de la sociedad. En abril y octubre, se realizaron dos marchas federales universitarias en defensa de la educación pública, la ciencia y el sistema universitario nacional. Las movilizaciones se profundizaron luego de que el jefe de Estado vetara la Ley de Financiamiento Universitaria, tras la aprobación en el Congreso en septiembre pasado. Aliados del PRO y del radicalismo de la Cámara baja fueron claves para ratificar el veto.
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Tras reuniones entre las universidades y los diputados y senadores, legisladores de Unión por la Patria (UP), el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U), un sector del radicalismo y otra parte de Encuentro Federal, los diversos sectores terminaron de escribir la iniciativa legislativa. Según remarcaron en el texto, la iniciativa está basada "en el reconocimiento de la educación y, en este caso, a la educación universitaria, como un derecho humano universal y bien público y social, en el que su acceso equitativo y su calidad son esenciales para garantizar la movilidad social ascendente y la construcción de una sociedad más justa y democrática".
La semana pasada, docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (Adiuc) revelaron que hubo un "muy alto acatamiento" al paro universitario realizado en Córdoba el pasado martes 20 de mayo. Adiuc denuncia que las casas de altos estudios llevan acumuladas una pérdida de seis salarios desde diciembre de 2023 y alertaron que las consecuencias de estas políticas "son alarmantes y, en muchos casos, irreversibles".
"En estos primeros cinco meses de 2025, hemos recibido aumentos por debajo de la inflación anunciada. Esto hace que la caída del salario sea la más pronunciada en relación a todos los sectores del trabajo y nos genera una perspectiva sombría para el futuro", afirmó la secretaria General del gremio, Leticia Medina.
En diálogo con La Nueva Mañana, Medina advirtió: "Estamos perdiendo docentes e investigadores y tenemos concursos vacantes. Son fenómenos que ya se han dado en otras épocas, con desmantelamiento del sistema científico y de la universidad pública".
Proyecto de Ley Financiamiento Universitario: cuáles son los principales puntos de la iniciativa
El texto indica que "la educación universitaria pública en Argentina ha sido, históricamente, un pilar fundamental para el desarrollo social, económico y cultural del país". En este sentido, el presente proyecto de ley está motivado "en el reconocimiento de la educación y, en este caso, a la educación universitaria, como un derecho humano universal y bien público y social, en el que su acceso equitativo y su calidad son esenciales para garantizar la movilidad social ascendente y la construcción de una sociedad más justa y democrática".
Asimismo, sostiene que la Constitución Nacional establece, en su artículo 75, inciso 19, que al Congreso le corresponde "sancionar leyes que garanticen la equidad de la educación pública estatal y la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales". A su vez, la Ley de Educación Nacional N° 26.206 "define a la educación y el conocimiento como un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado".
En su articulado, el proyecto en cuestión encomienda al Poder Ejecutivo nacional “convocar a paritarias que permitan recomponer los salarios de los y las trabajadoras universitarias”. De esta manera, buscan garantizar la recuperación del poder adquisitivo, tomando como base la variación acumulada de la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la posible ley.
Asimismo, propone aumentar la inversión en la educación universitaria pública, sin afectar las cuentas del Estado. "Todo aumento salarial deberá ser remunerativo y bonificable, y deberá asegurarse la completa incorporación de las sumas no remunerativas y no bonificables dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente", indica el texto de la iniciativa.
En tanto, plantea la creación de un fondo actualizable anualmente de diez mil millones de pesos dirigidos a promover carreras con vacancia esenciales para el desarrollo del país, como así también para áreas de conocimiento relacionadas a la Inteligencia Artificial (IA). Con el foco puesto en el sostenimiento del financiamiento, también plantea el incremento progresivo del presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI para 2031.
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