Denunció a su ex por violencia de género, pero él la sigue acosando: el caso que evidencia lo que la Justicia y el Estado no hacen

Jimena Rodríguez Estrella vive con miedo. Miedo a salir a la calle, a que su hija de cuatro años lo vuelva a ver, a que él vuelva a acercarse, a que esta vez no llegue alguien a tiempo para frenarlo. Su expareja, Pablo R., la hostiga desde hace años. La golpeó, la amenazó, la persiguió. Jimena denunció varias veces. Filmó. Aportó testigos, informes médicos, pericias psicológicas. Pero, aun así, la Justicia no actuó con la urgencia que el caso amerita.

“La Justicia tiene la oportunidad y la responsabilidad de brindar protección efectiva a una madre y su hija que viven con miedo constante, y que ya han probado su versión de los hechos”, dijo su abogado a El Destape, Juan Villanueva.

Acaban de presentar un nuevo pedido de prohibición de acercamiento, tras un episodio reciente de acoso que terminó con Jimena y su hija refugiadas en un local comercial de la Avenida del Libertador, en Capital Federal. Fue a plena luz del día. Un vecino de la zona tuvo que interponerse entre ellas y el agresor, mientras otra testigo llamó a la policía. Según consta en el expediente, Pablo R. venía fotografiándolas desde cuadras atrás, y cuando Jimena lo enfrentó, su hija se escondió debajo de su vestido, aterrada.

El expediente judicial –al que accedió este medio– detalla un patrón de violencia que se remonta al menos a 2020, cuando comenzaron a convivir. La situación habría empeorado tras el nacimiento de su única hija.

Jimena denunció ante la Oficina de Violencia Doméstica, a finales de 2021, haber sido agredida físicamente por Pablo R. mientras sostenía en brazos a su beba de un año, situación de la cual ambas salieron lastimadas. Hubo amenazas de muerte y de quitarle la tenencia de la niña, por lo que la Justicia dictó una medida de restricción de acercamiento que fue violada reiteradas veces. Pese a eso, la causa se resolvió con una probation, es decir, una suspensión del juicio a prueba en la que la Justicia le impone al imputado ciertas condiciones de conducta para evitar llegar a juicio. “Una probation por golpear a su ex pareja y a su beba. Ya eso fue inusual. Pero lo más grave es que después violó las condiciones impuestas y no pasó nada”, señaló el abogado.

Según consta en el expediente, Jimena filmó a Pablo R. violando la perimetral, su familia declaró haberlo visto merodear su domicilio, y hubo denuncias nuevas. Sin embargo, la jueza titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 13 decidió no revocar la probation. En su resolución sostuvo que “las medidas judiciales dictadas en oportunidad de la suspensión del juicio a prueba se han cumplido” y descartó la existencia de hechos nuevos de gravedad. Para ella, lo denunciado por Jimena no excedía el marco de un conflicto parental. “Pasaron dos años y cerraron esa causa, como si nada hubiera pasado”, advirtió Villanueva.

Jimena hizo público su caso en búsqueda de ayuda, para que alguien finalmente la escuche. Lo hizo también a través de sus redes sociales laborales, donde expone: “Hay presentadas un montón de pruebas, pero seguimos luchando acá para tener una respuesta. Está todo presentado. Por favor, a los jueces, necesitamos una respuesta. Mi hija ya está más grande y hay cosas que no le puedo ocultar porque las vive. No debería estar viviendo esto. Deberíamos estar protegidas”.

Violencia institucional

Según datos del Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven, hasta el 29 de abril de este año se registraron 94 femicidios y 143 intentos de femicidio. El 17% de las víctimas había realizado una denuncia previa, y el 13% contaba con medidas de protección. La estadística no sólo exhibe la violencia hacia las mujeres, sino también el fracaso del sistema institucional para prevenirla: 85 niños y niñas han quedado huérfanos.

“La vivencia de Jimena como víctima fue totalmente desatendida. A pesar de que la situación de violencia está más que acreditada, y refrendada incluso por el Ministerio Público Tutelar ante la Cámara Penal de la CABA, se le exige a ella una prueba extrema, desproporcionada”, criticó Villanueva. “No se analiza el contexto, ni los antecedentes –los golpes, la violencia, el acoso que tramitaron en la misma Fiscalía–, ni el impacto real y sostenido de esa violencia en su vida y en la de su hija”.

En su presentación ante la Cámara, el Ministerio Público Tutelar fue categórico: advirtió que la resolución judicial “no considera adecuadamente el contexto de violencia de género” ni el impacto que tiene sobre la hija de Jimena, quien ha sido “víctima y/o testigo de la mayoría de los hechos denunciados”. Señaló que el riesgo es “claro y vigente”, que no adoptar una medida de protección equivale a dejarlas expuestas y que el caso constituye una situación de “violencia estructural” que se sostiene desde hace al menos cinco años.

También dio cuenta de las consecuencias concretas: Jimena tuvo que cerrar su local en octubre de 2024, a solo 80 metros del de Pablo R.; ya no publica en redes sociales en tiempo real; y antes de salir de su casa, hace un paneo desde el balcón para ver si él la está esperando. “Mi hija ya sabe todo el protocolo”, dijo Jimena.

Jimena ya no maneja. Se traslada en Cabify, Uber o tren. Cerró su negocio y trabaja online, evitando mostrar dónde está. Antes de entrar a un restaurante, escanea el interior desde la vereda. Vive con miedo, con pérdidas materiales, con la sensación constante de desprotección.

“No está pidiendo ningún privilegio. Está pidiendo auxilio. Necesita que el Estado la cuide. Porque sola, ya no puede más”, resumió su abogado.

El valor de la palabra

La peligrosidad del acusado no es solo una percepción subjetiva de la víctima: también está respaldada por un informe psicológico oficial. En el marco de la causa civil por el régimen de comunicación con su hija, una perito del Poder Judicial describió que Pablo R. “presenta una estructura neurótica con características psicopáticas”, con baja tolerancia a la frustración, dificultades para prever las consecuencias de sus actos y rasgos impulsivos de control omnipotente.

Según el análisis, su escasa empatía y la falta de tratamiento adecuado lo vuelven incompatible con cualquier revinculación que no sea supervisada por profesionales especializados. “Tiene dificultades severas para aceptar el punto de vista del otro cuando no coincide con el propio”, concluye la pericia.

Sin embargo, la Justicia prioriza la revinculación con su hija, incluso desoyendo el informe psicológico y el contexto general.

Pero el hostigamiento continúa. “Se siente absolutamente impune”, resumió Villanueva. Y reforzó: “Es urgente que la Justicia dicte una nueva medida cautelar de prohibición de acercamiento, porque estamos hablando de la seguridad física y psicológica de Jimena y de su hija”.

Lo que sigue

Tal como detalló el abogado, “lo que resolvió la Justicia civil fue limitar el contacto de R. con su hija por los hechos probados de violencia exclusivamente al marco de entrevistas de revinculación, supervisadas por psicólogos y profesionales especializados, justamente por su perfil psiquiátrico y su reconocida dificultad para controlar impulsos violentos. Además, la prohibición de acercamiento para con la menor y Jimena está siendo actualmente analizada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil”.

Ahora, es el fuero penal el que debe intervenir, ya que está en juego la integridad física y psicológica de las personas. “Estos hechos encuadran en delitos y contravenciones, por lo tanto, justifican plenamente la adopción de una medida cautelar urgente, que impida el acercamiento del agresor”, explicó Villanueva.

Jimena no es un caso aislado. Es una de las miles de mujeres que denuncian, prueban, y sin embargo siguen expuestas. La diferencia, muchas veces, no está en la gravedad de la violencia, sino en la respuesta –o la ausencia– del Estado.