Tomás Ghisoni tiene 20 años y desde los 4 su vida estuvo atravesada por el sistema judicial, primero por el litigio sobre su tenencia y la de sus dos hermanos, después por una denuncia de abuso sexual y malos tratos contra su padre. La cara de Tomás, su historia, sus vínculos hoy son escrutados por los medios de comunicación en busca de generar emociones intensas. “Acá estamos todos llorando”, dice un conductor en la tarde de La Nación+ porque el joven se encontró en la misma pantalla con su padre; el diario Clarín usa la imagen para ocupar media tapa de la edición del 28 de julio.
Hace diez días, Tomás grabó y distribuyó un video de cinco minutos para decir que no fue abusado por su padre sino usado por su madre. Hace dos años, cuando cumplió los 18, también decidió hablar y con más soltura pero con la misma convicción, contó que de niño recibía medicación psiquiátrica para que deje de pedir estar con su mamá durante los tres años en que no pudo tener contacto con ella. En ese video que está en las redes, habla de abusos sexuales de su padre hacia sus hermanos.
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Pablo Ghisoni, el padre, fue absuelto de los hechos que se le imputaron. En primera instancia, durante el juicio oral realizado en 2023, fue el fiscal Jorge Ariel Betini Sansoni quien desistió de los cargos en su contra. Ese mismo fiscal tiene un antecedente por lo menos extraño: en 2015 atenuó la calificación de un femicidio porque el agresor creyó que “la víctima estaba chateando con un amante”. La mujer recibió nueve tiros en la cabeza, el arma con que le dispararon tenía siete tiros; el femicida tuvo que hacer cuatro maniobras para recargar y disparar dos veces más. La absolución de Ghisoni, de todos modos, fue confirmada en segunda instancia, aunque con fallo dividido, a fines de mayo de este año.
Con el video de Tomás en sus manos, el mismo día en que se distribuyó, el fiscal Betini Sansoni denunció a Andrea Vázquez, madre de Tomás, por falso testimonio, instigación al falso testimonio y asociación ilícita. En el texto de la denuncia hay una línea llamativa: menciona a Aníbal Fernández como parte de la sospecha de que detrás de este caso habría una asociación ilícita, a raíz de un supuesto llamado telefónico al defensor de Ghisoni, Héctor Yemmi. Esta denuncia se divulgó como noticia el 24 de julio. Así, el caso se sostiene en los medios con esta novedad y la trayectoria de Andrea Vázquez empieza a ser leída como prontuario: su cargo como subdirectora de Acceso a la Justicia en la Secretaría de Mujeres y Diversidades del Municipio de La Matanza y los textos que escribió sobre la revictimización de niños y niñas en procesos judiciales, en el contexto, huelen a sospecha. Por supuesto el nombre de Aníbal Fernández, deslizado en la denuncia, no pasa desapercibido, queda escrito en diarios y se repite en diversos canales de comunicación.
¿Verdades reveladas o campaña política?
La historia es compleja, el proceso judicial sin dudas tiene que haber sido extenuante para los chicos Ghisoni, pero la exposición no termina para ellos. Ahora les toca ser punta de lanza del proyecto de ley sobre denuncias falsas que agrava las penas hasta seis años de prisión cuando éstas tuvieran que ver con delitos relacionados con violencia de género o violencia sexual contra niños y niñas. “Hechos, no palabras”, dice Pablo Ghisoni que le pidió a su hijo Tomás cuando él le pidió disculpas, según el padre, después de la absolución y después de que el hermano mayor de Tomás, que todos estos años vivió con su padre, hablara en un acto en el senado el 30 de mayo pasado, organizado por Carolina Losada, autora del proyecto que el 4 de junio tuvo dictamen de la Comisión de Asuntos Penales y está listo para ser tratado en el recinto.
La senadora santafecina, radical devenida libertaria en los hechos, ya había trastabillado en noviembre pasado cuando junto a Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia y cruzado contra la “ideología de género”, se montaron sobre el relato de una joven, Jazmín Carro, durante otro acto dentro del Senado. Lo hicieron para apoyar el proyecto de Losada para hablar de “familias destruidas por el feminismo”, como tuiteó el ministro entonces. El problema es que ni Losada ni Cúneo Libarona, evidentemente, habían leído la causa contra el padre de Carro que tiene sentencia firme y cuyas pruebas no se basa solamente en la voz de la víctima. A los dos funcionarios públicos, el uso de la joven que no pudo dejar de llorar en ningún momento mientras leía y nadie la salvó de esa exposición, les valió una denuncia por tratos crueles entre otros delitos que interpuso AEVAS -Altos Estudios en Violencias y Abusos Sexuales-, a través de su presidente, el ex juez y docente de la UBA, Carlos Rozanski y otras organizaciones defensoras de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
El proyecto de Losada no es el único sobre falsas denuncias, el 4 de julio pasado también volvió a presentarse en la Cámara Baja el de la diputada Lilia Lemoine junto a la Fundación Morelli, la misma que denunció al ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, por comprar para las bibliotecas escolares libros como Cometierra, de Dolores Reyes, Las primas, de Aurora Venturini, entre otros. Son textos literarios consagrados a los que acusa de promover la pedofilia, un argumento muy querido por las extremas derechas -desde el presidente mismo para abajo- cuando se trata de atacar derechos como la Educación Sexual Integral o la mera existencia de las personas LGBTIQ+. La fundación Morelli tiene una cruzada contra la ESI y sus aliados son Padres Impedidos, una organización de varones separados de sus hijos por causas relacionadas a violencia de género o violencia sexual.
“Tengo que ser sincero. Vamos a acompañar el proyecto. No soy muy optimista de creer que con la ampliación de la pena y con el tema de la falsa denuncia podamos erradicar el flagelo de comodidad de la política y de las instituciones.” La Justicia funciona mal, faltan equipos técnicos, litigar es caro, no se puede determinar si un delito denunciado se cometió y quién lo hizo -el argumento del senador Luis Juez está en la versión taquigráfica de la reunión de la Comisión de Asuntos Penales; ¿y qué se hace frente a esta falla del sistema? Se desalienten las denuncias. ¿Cómo? Amenazando con la cárcel a quienes lleguen a pedir ayuda a la Justicia sin tener la certeza de que va a fallar a su favor. De eso y no de otra cosa se trata la insistencia con subrayar “el flagelo”, “el calvario” que producen las supuestas denuncias falsas que no hacen más que ocultar la falta del debido proceso y la protección a las infancias y las víctimas que tendría que ofrecer el sistema judicial.
Y no es que ahora mismo las denuncias sean tantas: sólo el 25% de los casos de femicidio que registra la Corte Suprema de Justicia tenían alguna denuncia previa, apenas el 12% de los casos de violencia sexual se denuncian -de estos, el 40% tienen cómo víctima a niñes- y los procesos son tan largos que la idea de Justicia se va desdibujando en el tiempo. Estos datos pueden rastrearse en el informe del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) que en junio pidió una reunión con legisladoras para exponer su preocupación: “Sembrar sospechas donde hay miedo”, es la síntesis de los efectos que se advierten en esta idea de modificación del Código Penal.
¿Habrá una coincidencia no buscada entre la deriva de las denuncias falsas y las dificultades que el gobierno libertario está teniendo en el Congreso para sostener el anunciado veto contra el aumento a las jubilaciones y a la emergencia en discapacidad? En el libro Las guerras del género. La política sexual de las derechas radicales, Nuria Alabao recorre las estrategias de otras fuerzas similares a la que intenta consolidar Javier Milei, como la que lidera Donald Trump en Estados Unidos o Viktor Orban en Hungría, donde los derechos democráticos y el propio funcionamiento de la democracia está en jaque.
“Los políticos de las nuevas derechas y sus aliados fundamentalistas no siempre van al grueso de votantes o al corazón de consensos sociales, sino que tratan de crear activamente un bloque social reaccionario explotando los sentimientos de inseguridad existentes. Juegan a la agitación”, dice Alabao y sigue: “El pánico moral que implica la desestabilización del orden de género se utiliza como vía de agitación y de movilización. Muchos han dejado de votar porque piensan que la participación electoral no va a cambiar nada sustancial, pero si se consiguen activar temas que generan miedo o indignación moral en determinados segmentos sociales se puede recuperar a ese electorado abstencionista”. ¿Cuánto tendrá que ver con las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires la insistencia con que detrás de la denuncia a Andrea Vázquez hay una asociación ilícita que nombra a un político peronista? Es una pregunta entre tantas que puede no tener una respuesta lineal pero que sí es necesario hacerla. Mientras, el sistema judicial seguirá enjuagando su ineficiencia detrás de proyectos punitivos como el de las denuncias falsas, que lejos de mejorar la vida de las víctimas, las aleja de la Justicia.
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