El mundo del atletismo se encuentra convulsionado por estas horas a raíz de un caso que parece diagramado para una película, con espionajes, contratación de detectives privados y a un campeón olímpico como protagonista de una historia que sacude, de forma particular, a Italia.
Luego de una larga investigación, el Tribunal de Disciplina de la Federación Italiana de Atletismo (FIDAL) resolvió que el miembro de la federación Giacomo Tortu, reconocido ex atleta y presidente del club Raptors de Milán, contrató a detectives de la agencia de detectives informáticos Equalize para tener acceso de forma ilegal al teléfono de Marcell Jacobs, figura del equipo de relevos 4x100 de Italia que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
De acuerdo al Tribunal a cargo, Tortu buscaba dar con información que pudiera demostrar que Jacobs tomó sustancias prohibidas y, así, ayudar a su hermano, Filippo Tortu, integrante de la histórica prueba de relevos italiana en Tokio. Según consta en el fallo, la investigación informática a la que acudió el dirigente no encontró ninguna de las sospechas de dopaje, y la sanción a Giacomo Tortu de 30 meses se basó en “violación del respeto y del cumplimiento de los estatutos y reglas federativas, así como los principios de lealtad, integridad, equidad deportiva y disciplina, que constituyen los fundamentos del deporte”.
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Además, el mandamás del club de Milán también tendrá otros seis meses de suspensión por “haber cometido la infracción con el objetivo de cometer o de disimular otra, o por asegurarse así mismo o a otro una ventaja”, según se lee en el informe firmado por el Tribunal.
La consecuencia que tendrá Tortu por haber intentado perjudicar a Jacobs, además, es que fue inhabilitado para ejercer cargos en clubes afiliados y para acceder a campos de competición o entrenamiento, luego de que asumiera la culpabildiad de sus actos. Por otro lado, los jueces eximieron de toda responsabilidad a su hermano, Filippo Tortu, ya que consideraron que era “completamente ajeno a la iniciativa del acusado”.
Cabe señalar que el hecho se dio en medio de una investigación que atraviesa también las actividades de la empresa especializada en seguridad e investigaciones, señalada de alcanzar ilegalmente a bases de datos estatales para obtener información confidencial sobre empresas y figuras públicas. publicó detalles de la causa. Según publicó el medio Il Fatto Quotidiano en febrero pasado, Carmine Gallo, inspector de policía jubilado y director de la empresa Equalize, declaró que recibió 10.000 euros de parte de Giacomo Tortu para obtener información de 2020 y 2021 sobre los análisis de sangre de Jacobs y tener acceso a materia de su teléfono.
La investigación, que fue llevada adelante por el fiscal Francesco De Tommasi, ya estaba en pleno curso al momneto que el medio italiano contó el espionaje ilegal. En octubre del 2024, De Tommasi tomó declaración a un testigo, amigo de Giacomo Tortu, quien manifestó que, en julio de 2021, antes de la consagración en Tokio, Tortu había recibido datos de un periodista sobre un supuesto caso de dopaje que avivó las sospechas.La persona en cuestión aseguró que acompañó a Giacomo a una reunión con Gallo, en la que se pídió el espionaje contra el Jacobs.
Tras haber comparecido frente a la Dirección Distrital Antimafia de Milán y la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo en junio pasado, Jacobs respaldó a Filippo Tortu sobre los hechos, en declaraciones a La Gazzetta dello Sport. "Aunque tiene una relación muy cercana con su hermano, no creo que supiera nada. Me guío por la intuición. (Filippo) Me llamó para ver cómo estaba. Pero no puso excusas. Quería saber si sentía alguna animadversión hacia él, sobre todo porque seguimos haciendo los relevos juntos y ese grupo siempre ha estado muy unido. Lo tranquilicé, haciéndole entender que no tenía nada en su contra, hasta que, obviamente, se supiera toda la verdad sobre el tema”, expresó el atleta, de 30 años.
Por otro lado, cabe señalar, Filippo Tortu decidió no presentarse ante la fiscalía de Milán tras ser llamado en mayo, amparándose en el derecho de abstención previsto por la ley para familiares directos del acusado.