Con la recaudación cayendo por los efectos de la crisis económica y con la premisa sostener el superávit ficticio ante el FMI, el Gobierno oficializó este lunes otro recorte brutal sobre un Estado ya disminuido: casi $ 3 billones menos en el Presupuesto 2026. En detalle, la medida recorta $1,5 billones de subsidios y asistencia, energía, obra pública, salarios docentes, programas sociales, urbanización y hasta fondos para tratamientos contra el cáncer.
El Gobierno Nacional introdujo modificaciones en el Presupuesto a través de una medida publicada en el Boletín Oficial. La medida, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, contempla cambios vinculados a deudas previsionales, el programa de retiros de la ANSES, redistribución de cargos y ajustes en partidas de distintos organismos estatales. La readecuación presupuestaria también incorporó nuevos recortes con el objetivo de fortalecer la meta de superávit fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional.
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El ajuste más significativo recayó sobre el rubro “Otras asistencias financieras - servicios económicos”, dependiente de Obligaciones del Tesoro Nacional, con una reducción de $ 1,47 billones, en línea con la disminución de subsidios y los aumentos tarifarios en servicios públicos.
Entre las partidas más afectadas también aparecen:
- Programas de uso racional y eficiente de la energía, con un recorte de $ 359.497 millones.
- Infraestructura para el desarrollo deportivo, con una baja de $ 320.671 millones.
- Obras de repavimentación y mantenimiento de la Ruta Nacional 38, entre Tucumán y Catamarca, por $ 97.104 millones.
- El Fondo de Compensación Salarial Docente, que perdió $ 78.711 millones.
- Programas de prevención y tratamiento del cáncer, con una reducción de $ 63.021 millones.
- Iniciativas de integración social y fortalecimiento ciudadano, con una poda de $ 55.465 millones.
- Programas de integración socio-urbana, que cayeron $ 39.442 millones.
En total, el recorte neto es de $ 2,5 billones. Sumado a mayores ingresos estimados en $ 565 mil millones, el Gobierno elevó la meta de superávit fiscal a $3,2 billones.
Menos fondos para provincias y obra pública
La decisión implicó un ajuste superior a los $ 970.000 millones sobre provincias y municipios mediante la reducción de transferencias y la paralización de obras de infraestructura y saneamiento. Las transferencias corrientes para administraciones provinciales se redujeron en $ 494.290 millones, mientras que otros $ 155.710 millones vinculados a servicios sociales también fueron eliminados.
A su vez, el programa “Relaciones con las Provincias y Desarrollo Regional”, dependiente del Ministerio del Interior, sufrió un recorte superior a $ 320.711 millones. En materia de infraestructura, el Gobierno eliminó partidas destinadas al programa de expansión de obras de agua y saneamiento por más de $27.641 millones. Entre los proyectos afectados figuran el Acueducto Vipos en Tucumán, el sistema de agua potable de Concordia, la planta depuradora de Rafaela y el acueducto Sarmiento–Comodoro Rivadavia en Chubut.
Ajuste en educación y universidades antes de la marcha
La Secretaría de Educación también quedó alcanzada por la reducción presupuestaria, con una baja superior a los $ 78.000 millones. El principal recorte impactó en el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió más de $ 35.288 millones, afectando principalmente transferencias a las provincias.
El programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas también sufrió recortes, incluyendo una disminución en becas estudiantiles. Además, la empresa estatal EDUC.AR dejó de recibir transferencias por $ 48.000 millones.
Las universidades nacionales también fueron afectadas. Las partidas para infraestructura del conocimiento cayeron $ 5.303 millones, impactando en obras de trece instituciones. Entre las más perjudicadas figuran la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda.
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Recortes en Defensa
El Ministerio de Defensa también registró ajustes por más de $ 46.000 millones en programas vinculados al alistamiento operativo de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, la Fuerza Aérea Argentina sufrió la mayor reducción, con una baja de $ 16.500 millones en equipamiento y bienes de uso.
El Ejército Argentino perdió más de $ 12.622 millones destinados a transporte, comunicaciones y maquinaria militar, mientras que la Armada Argentina tuvo un recorte de $ 15.220 millones. Dentro de este último ajuste se eliminó una partida de crédito externo para la incorporación de cuatro helicópteros navales livianos destinados a la Base Naval Puerto Belgrano.
La reestructuración presupuestaria impactó así sobre áreas vinculadas al equipamiento, mantenimiento y entrenamiento de las Fuerzas Armadas, además de profundizar el ajuste sobre provincias, educación e infraestructura pública.
El trasfondo detrás del ajuste de Milei
Para inicios del año, el gasto público proyectado para 2026 planteaba continuar en descenso para la mayoría de las áreas del Estado. Entre los sectores más afectados aparecían la obra pública y la educación, dos áreas consideradas clave para el desarrollo de largo plazo.
Uno de los principales ejes del recorte iba a ser la infraestructura pública, cuya reducción representa cerca de una cuarta parte del ajuste total. En paralelo, las partidas destinadas a políticas educativas representarían apenas el 0,8% del PBI en 2026, el nivel más bajo de las últimas dos décadas. A esto se suma el retroceso en ciencia y tecnología: la inversión en el área terminaría más de un 40% por debajo, en términos reales, respecto de 2023.
Según los cálculos del Instituto Argentina Grande en base a la hoja trazada originalmente, el gasto en “educación y cultura” caía un 7% real en 2025 frente a 2024 y acumulaba una baja del 47% respecto de 2023. En “ciencia y técnica”, la reducción era del 18% comparada con el año anterior y del 44% en relación con 2023.
Sin embargo, el recorte más pronunciado se registró en “agua y alcantarillado”, área vinculada a la obra pública, donde el gasto descendió un 70% frente a 2024 y un 92% respecto de 2023.
Sobre este prospecto de ajuste, el Gobierno ahora profundizó la motosierra para asegurar la continuidad que le ofrenda al FMI cada mes. La pregunta que cabe es por qué es necesario salirse de las proyecciones originales hechas por el propio Caputo. En la crisis está la respuesta; más precisamente en los cobros que realiza el Estado para financiarse.
Cae la recaudación, sube el ajuste
La recaudación tributaria registró una nueva caída en abril y acumuló así nueve meses consecutivos de retroceso. Tomando como referencia una inflación estimada del 2,6%, la baja en términos reales fue apenas un punto porcentual menor a la observada en marzo.
En términos generales, los impuestos vinculados a Combustibles y a Créditos y Débitos bancarios fueron los únicos que lograron sostener los ingresos fiscales. En el caso de los combustibles, la recaudación creció cerca de un 30% real impulsada por el efecto precio y por la actualización previa del tributo. Aunque en abril el ajuste había sido postergado para evitar un mayor impacto inflacionario, el Gobierno ya confirmó una suba parcial de $ 10 por litro para mayo.
Más de la mitad de la caída total de la recaudación estuvo explicada por los tributos relacionados con el comercio exterior. Los Derechos de Exportación registraron un desplome interanual real del 35%, mientras que los Derechos de Importación retrocedieron un 12%. En ambos casos influyeron la reducción de alícuotas y un tipo de cambio real más apreciado, aunque en las importaciones también impactó el bajo crecimiento del volumen importado.
El IVA, que había mostrado cierto dinamismo al inicio del mes, perdió fuerza hacia el cierre y terminó exhibiendo una caída real cercana al 3% interanual, en línea con lo ocurrido en marzo. Dentro de este tributo se observaron bajas tanto en el componente de la Dirección General Impositiva como en el de la Dirección General de Aduanas.
Al mismo tiempo, los recursos provenientes de la Seguridad Social volvieron a disminuir y acumularon seis meses consecutivos en baja. En abril, la caída fue del 4% real, afectada por el deterioro de los salarios formales y la pérdida de empleo registrado reflejada en los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino.
A la caída que viene mostrando la recaudación en los últimos meses —explicada principalmente por la debilidad de los impuestos ligados al comercio exterior y el escaso dinamismo de aquellos vinculados al consumo interno— se agregará ahora el efecto de las medidas incluidas en la reforma laboral.
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Según las estimaciones de la consultora LCG, los cambios implicarán una pérdida equivalente al 0,01% del PBI por la reducción de impuestos internos coparticipables y otro 0,18% del PBI debido a la creación del FAL, un fondo que absorberá recursos que actualmente recibe la ANSES. El cálculo contempla que este esquema comenzará a aplicarse durante el segundo semestre del año.
En ese contexto, especialistas siguen de cerca el posible impacto de la reciente reglamentación del RIFL, que prevé una reducción de las contribuciones patronales al 5% para nuevas incorporaciones laborales, siempre que se trate de trabajadores desempleados o informales al 30 de abril. Como referencia, se estima que para compensar únicamente el costo fiscal de medio año de funcionamiento del FAL sería necesario generar más de 500.000 nuevos puestos de trabajo.
En términos generales, las proyecciones para 2026 anticipan recursos por alrededor de $ 225 billones, lo que representaría una caída real del 7% respecto de 2025. Así, el Gobierno se enreda en su propio programa económico.
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