La administración Milei ratificó su rumbo político de desguace del Estado a pesar de la derrota electoral sufrida el domingo pasado en la Provincia de Buenos Aires. Este martes se publicó en el Boletín Oficial la desafectación de un campo de 41 hectáreas perteneciente a la Estación Experimental Cerrillos del INTA, para entregárselo a la provincia de Salta como parte de una negociación política. Los trabajadores del organismo denuncian que el gobernador Gustavo Sáenz quiere esas hectáreas para el desarrollo de proyectos urbanísticos.
A pesar de que el organismo científico había recuperado su autonomía luego de que el Congreso rechazara el DNU 462/25, el Gobierno nacional avasalló los planteos formulados por el Consejo Directivo del INTA que calificó ese campo como de “vital relevancia para el control de los afluentes hídricos del municipio”, tal como consta en una nota, a la que accedió El Destape, enviada por las autoridades locales en septiembre del año pasado.
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En todo este entramado de entrega de tierras también salen a la luz las mentiras planificadas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que en su último informe ante la Cámara de Diputados negó que la administración central estuviera pensando en la desafectación de tierras pertenecientes al INTA. Las contradicciones quedaron por escrito. La Libertad Avanza planea rematar 50.000 hectáreas en poder del organismo.
¿Innecesario para quién?
La Libertad Avanza con la entrega del patrimonio nacional. Este 9 de septiembre, el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la Resolución 88/2025 de la Agencia Administradora de Bienes del Estado (AABE), a cargo de Nicolas Pakgojz, para desafectar del INTA un campo de 41 hectáreas perteneciente a la Estación Experimental Cerrillos (Salta).
“En el marco del Expediente Nº EX-2025-21188759-APN-DACYGD#AABE, por el que tramita el estudio preliminar de inmuebles pasibles de ser enajenados, la Dirección de Gestión de Proyectos Inmobiliarios dio intervención a la Dirección Nacional de Gerenciamiento de Activos Físico, solicitando la desafectación de una serie de inmuebles”, puede leerse en la resolución de la AABE, que venía acompañada de tres documentos anexos con el croquis de los campos a desafectar. Además del INTA, se avanzó contra un terreno del Instituto del Agua que será cedido al Club River Plate.
El pasado 4 de julio, la Subsecretaría de Gestión Administrativa de Producción, que pertenece al Ministerio de Economía, a cargo del endeudador serial Luis Caputo, sostuvo que el campo de 41 hectáreas del INTA “resulta innecesario para la gestión específica del organismo”. “Las autoridades del INTA no manifestaron objeción a la presente tramitación”, agregaron desde la AABE. Esto no fue así. La Trampa Avanza.
De acuerdo a una nota interna a la que accedió El Destape fechada el 3 de septiembre de 2024, y enviada al ex titular del organismo, Juan Cruz Molina Hafford, se dejaba constancia de la relevancia del predio en cuestión.
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“Queremos manifestar nuestra profunda preocupación y rechazo respecto a la resolución mediante la cual se otorga a la Provincia de Salta un permiso de uso precario y gratuito con compromiso de compra sobre un sector del inmueble de propiedad del Estado Nacional en jurisdicción del INTA. Estas tierras están actualmente dedicadas a actividades de investigación y desarrollo productivo, y tienen un rol vital en el manejo del escurrimiento de agua de lluvia, contribuyendo significativamente a la prevención de inundaciones, protección de los recursos hídricos y mantenimiento de la estabilidad ecológica en la región”, puede leerse en el texto que fue ninguneado por las autoridades nacionales del INTA y la administración central, con la firma del por entonces presidente del Consejo Regional del Centro Regional Salta Jujuy, Alfredo Loutaif.
El campo todavía no fue valuado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.
Negocios inmobiliarios
El plan de desguace del Estado viene asociado a una suerte de mentira planificada. Con modales menos “violentos” que el promedio de los funcionarios libertarios, Guillermo Francos, jefe de Gabinete, se llevó la marca con una serie de falacias dejadas por escrito. Eso fue lo que ocurrió con su último informe presentado ante la Cámara de Diputados.
Una de las preguntas formulada por los legisladores apuntó al plan de desafectación de los bienes del organismo. “El Ministerio de Economía informa que no hay previsto ningún plan de enajenación de tierras o campos del INTA. Se está realizando un ordenamiento de las tierras y propiedades en uso, aclarando el régimen de propiedad y el estado de cada unidad, y actualizando la base de datos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE)”, manifestó el ministro coordinador en relación a la consulta 951 formulada por el bloque de la UCR.
El ministro también reconoció que de las 102.000 hectáreas totales que posee el INTA, “se estima que unas 50.000 están en desuso”. No era el caso de las 41 hectáreas de la Estación Experimental Cerrillos, que sí fue desafectada.
Para avanzar en su programa de desguace, Milei también se vale de su doctrina de legalidad fraguada. Según el decreto 1382/2012, cualquier enajenación de los inmuebles bajo la órbita de la AABE debía realizarse con el objetivo de “constituir emprendimientos destinados al desarrollo y la inclusión social”.
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En marzo de este año, se firmó el DNU 186/25 que modificó los criterios del decreto de 2012. “Se le ha encomendado al MINISTERIO DE ECONOMÍA la regularización de la deuda pública y su planificación de pago, razón por la cual corresponde otorgarle la competencia de poder acordar, en el marco del mencionado Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, la facultad de afectar bienes muebles e inmuebles innecesarios al pago de las deudas que tenga el Estado nacional con los estados provinciales y la Ciudad de Buenos Aires”.
Según indicaron a El Destape los trabajadores del organismo provincial, el campo en cuestión cumple una función clave en el control hídrico, donde se están haciendo obras claves para conducir y liberar gradualmente los excesos de agua que en otros tiempos inundaban toda la ciudad.
A su vez, reconocen la presión que existe sobre las tierras para avanzar con proyectos urbanísticos, donde no descartan la edificación de barrios privados. Por eso, estarían pensando en la posibilidad de conseguir alguna protección ambiental que les permita meter un freno al avance sobre dichas tierras.
Caso testigo
El 24 de octubre del año pasado, el Gobierno publicó el decreto 950/2024 con el listado de los 309 inmuebles pertenecientes al Estado nacional con el objetivo de venderlos al sector privado para permitir el desarrollo de negocios inmobiliarios o cederlos a las provincias para saldar deudas con el Tesoro Nacional. El caso testigo fue el predio del INTA ubicado en la Ciudad de Buenos Aires rematado por 18 millones de dólares.
El oferente ganador fue la firma Julián Álvarez 1986 Sociedad de Responsabilidad Limitada, integrada por Martín Gabriel Prubner y Lucila Jazmín Zang. Los equipos letrados del organismo sospechan que esta SRL sería una cáscara para el verdadero comprador, el estudio Brukman & Mansilla.
Al momento de realizarse la venta seguía en vigencia el decreto 1382/2012 que disponía que el resultado de las ventas realizadas por la AABE correspondía repartirse en un 70% para el organismo que desafectaba su inmueble y el 30% restante para el Tesoro Nacional. El tema es que, hasta el momento, los 13 millones de dólares que debían haber ingresado en la contabilidad del INTA, un organismo autárquico, nunca sucedió.
Con el DNU 186/25, firmado varios meses después de concretada la venta del INTA, Milei estableció que todo lo que venda la AABE sea depositado en la cuenta del Tesoro Nacional. Por este artilugio, se presentó en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) una nueva denuncia, con fecha 29 de agosto, en la que se planteó dos aspectos centrales.
El primero fue en forma de pregunta: ¿cuál fue el destino de ese dinero? El segundo, apuntó contra la gestión de Pakgojz ya que según el decreto 1382/2012 se imponía que la enajenación que se hiciera del inmueble fuera “para constituir emprendimientos destinados al desarrollo y la inclusión social”. Todo lo contrario a lo que hizo la actual gestión; el estudio Brukman & Mansilla piensa levantar una torre de lujo.
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