Milei tiene razón. No somos Suiza. De hecho, estamos a décimas de ser Nigeria. La evolución del endeudamiento de los hogares y el crecimiento de la morosidad se convirtieron en los últimos meses en una espada de Damocles en la cabeza de cada uno de los argentinos, que encuentran cada vez mayores dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. El último informe de la consultora 1816, elaborado sobre la base de la Central de Deudores del Banco Central (CENDEU) y estadísticas del Banco Mundial, ubicó a Argentina como el país con mayor nivel de cartera irregular de créditos al sector privado de América Latina y apenas un escalón por debajo de Nigeria en la comparación internacional.
La situación actual no es, como asegura el presidente Milei, resultado de una decisión entre privados, sino de las políticas libertarias para sostener la ilusión del dólar barato que es aprovechada por unos pocos con capacidad de ahorro. La irregularidad del crédito al sector privado alcanzó el 7,6 por ciento, un nivel que coloca a Argentina muy por encima del resto de la región. Ecuador aparece en segundo lugar con una cartera irregular de 4,5 por ciento, seguido por Perú con 4 por ciento, Brasil con 3,9 por ciento, Bolivia con 3,1 por ciento, Colombia con 3 por ciento, Chile con 2,4 por ciento y México con 2,2 por ciento. En el otro extremo, Nicaragua registra apenas 1 por ciento de mora.
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La distancia con los principales países latinoamericanos duplica e incluso triplica los niveles de incumplimiento observados en economías de tamaño comparable. La diferencia también resulta significativa cuando la comparación se amplía al resto del mundo. De los 98 países con un Producto Interno Bruto superior a los 20.000 millones de dólares relevados por el Banco Mundial y procesados por la consultora 1816, Argentina ocupa el duodécimo lugar entre los de mayor morosidad.
Por encima aparecen Argelia con 20,7 por ciento, Bangladesh con 19 por ciento, Ghana con 18,9 por ciento, Irak con 16,5 por ciento, Angola con 14,1 por ciento, Ucrania con 13,9 por ciento, Kenia con 13,6 por ciento, Kirguistán con 10,1 por ciento, Sri Lanka con 9,9 por ciento, Marruecos con 8,2 por ciento y Nigeria con 8,1 por ciento. Apenas cinco décimas separan a Argentina de ese último país. La comparación se vuelve más dolorosa si se observa el otro extremo del ranking, donde Suecia y Noruega presentan apenas 0,4 por ciento de cartera irregular, Canadá e Israel 0,7 por ciento, Suiza 0,8 por ciento, Reino Unido 0,9 por ciento y Estados Unidos 1 por ciento.
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Claramente, estamos lejos de Suiza.
En distintos momentos de su gestión, Milei utilizó ese país como ejemplo del horizonte al que aspira la economía argentina. Sin embargo, la evolución del crédito refleja una realidad completamente distinta. Mientras los sistemas financieros de las economías desarrolladas exhiben niveles mínimos de incumplimiento, Argentina se ubica entre los países con mayores dificultades para sostener el pago de los préstamos.
El Presidente celebró este lunes reposteando en X (ex Twitter) un dato puntual: junio marcó el primer descenso de la morosidad luego de 19 meses consecutivos de aumentos. Según el procesamiento realizado por 1816, la cartera irregular del sector privado bajó de 7,7 por ciento en mayo a 7,6 por ciento en junio. La mora de las familias descendió de 12,8 a 12,7 por ciento, mientras que la correspondiente a las empresas permaneció estable en 3,5 por ciento.
La consultora calificó el resultado como "una muy buena noticia", aunque el propio informe incorpora elementos que relativizan el alcance de esa mejora. En primer lugar, porque la morosidad venía aumentando sin interrupciones desde octubre de 2024, cuando la cartera irregular total representaba apenas 1,5 por ciento, la de familias 2,5 por ciento y la de empresas 0,7 por ciento. El nivel actual continúa varias veces por encima de aquellos registros.
El trabajo advierte que todavía existen razones para pensar que la mora podría volver a aumentar durante el tercer trimestre. "La irregularidad continuó aumentando en la mayoría de las entidades financieras", señala el informe. En junio, la morosidad de las familias aumentó en 18 de las 30 principales entidades financieras. Paralelamente, la mora en préstamos otorgados por entidades no financieras siguió creciendo hasta alcanzar el 33 por ciento.
La aparente estabilización tampoco puede analizarse al margen del calendario. Aunque no lo advierta el informe, cabe recordar que se trata de un mes en el que los trabajadores formales cobraron en su mayoría el medio aguinaldo que, en buena parte, es utilizado para cancelar deuda acumulada durante los meses previos. Ese ingreso extraordinario permitió que numerosos hogares destinaran parte de esos recursos a cancelar cuotas atrasadas, reducir saldos financiados de tarjetas de crédito o regularizar préstamos personales. En otras palabras, el freno registrado en junio respondió en buena medida a un ingreso excepcional y no necesariamente a una mejora estructural en la capacidad de pago.
El propio informe de 1816 incorpora, como otro factor relevante, el crecimiento de las refinanciaciones. El saldo refinanciado ya representa el 3,4 por ciento del crédito total a las familias y el 0,7 por ciento del correspondiente a empresas. "Estas refinanciaciones, récord en décadas, probablemente hayan contribuido a que la mora deje de aumentar en junio", sostuvo la consultora. El dato implica que parte de la reducción observada no surge de una cancelación definitiva de obligaciones, sino del alargamiento de los plazos de pago.
La pistola de Milei en la cabeza
La discusión sobre la morosidad adquirió dimensión política luego de que Milei definiera el problema como un asunto exclusivamente privado. El Presidente descartó así medidas para aliviar la situación de los deudores. "Nadie les puso una pistola en la cabeza", sostuvo. La interpretación del líder anarcocapitalista atribuye el fenómeno principalmente a decisiones individuales de consumo. Sin embargo, la evolución de los datos permite construir una explicación diferente. El incremento de la mora coincide temporalmente con un conjunto de decisiones de política económica que modificaron de manera significativa la relación entre ingresos, gastos esenciales y costo del financiamiento.
Uno de los principales cambios fue la recomposición acelerada de tarifas de servicios públicos y combustibles. Electricidad, gas, agua, transporte y otros servicios regulados crecieron durante buena parte de la gestión a un ritmo superior al de los ingresos. Esa modificación alteró la estructura de gastos de los hogares. Una porción creciente del salario comenzó a destinarse a cubrir obligaciones fijas, reduciendo el margen disponible para consumo y ahorro. Cuando los gastos esenciales absorben una mayor proporción del ingreso, el crédito deja de utilizarse para financiar compras extraordinarias y pasa a cubrir gastos cotidianos.
Tarjetas de crédito, préstamos personales y aplicaciones financieras comenzaron a cumplir el rol de puente entre ingresos insuficientes y obligaciones corrientes. En ese escenario, el aumento posterior de la mora aparece como una consecuencia esperable.
La evolución de los salarios también forma parte de esa dinámica. Si bien la inflación descendió respecto de los niveles alcanzados durante 2024, la recuperación del poder adquisitivo fue parcial y heterogénea. En numerosos sectores privados, las paritarias quedaron por debajo de la inflación o enfrentaron demoras en la homologación. En el sector público, la pérdida fue todavía mayor. Jubilaciones, ingresos informales y programas sociales también registraron un deterioro relativo frente al aumento del costo de vida. La política oficial de contención salarial buscó contribuir a la desaceleración inflacionaria. Pero esa estrategia también implicó sostener durante un período prolongado un menor crecimiento de los ingresos respecto de otros precios relevantes de la economía. Cuanto más tiempo persiste esa diferencia, mayor es la probabilidad de que una deuda inicialmente manejable termine convirtiéndose en una obligación difícil de afrontar.
Otro elemento fue el mantenimiento de tasas de interés elevadas. La estrategia monetaria privilegió rendimientos reales positivos para sostener la estabilidad cambiaria y favorecer instrumentos financieros en pesos. Esa decisión también encareció el costo del crédito destinado a familias y pequeñas empresas. Los préstamos personales, los saldos financiados de tarjetas y otras formas de financiamiento al consumo comenzaron a acumular intereses significativamente más altos.
El problema no se limita únicamente al nivel de las tasas sino también al spread bancario, es decir, la diferencia entre lo que las entidades pagan por los depósitos y cobran por los préstamos. El propio informe de 1816 sostiene que, con bonos soberanos ofreciendo elevados retornos y un escenario de alta morosidad, "las entidades financieras no tienen demasiado incentivo a volver a impulsar fuerte el crédito a familias y empresas". El resultado es un sistema donde el financiamiento continúa siendo caro y selectivo.
Una imagen vale más que mil palabras
Las consecuencias aparecen reflejadas con mayor detalle en el "Mapa de la Deuda", elaborado por el Centro de Estudios de la Ciudad con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert sobre la base de la Central de Deudores del Banco Central. El crédito dejó de expandirse en términos reales desde comienzos del año, mientras el monto de las obligaciones impagas siguió creciendo. Los jóvenes aparecen entre los sectores más afectados. En menores de 35 años, las tasas de mora superan el 25 por ciento y, según el tipo de acreedor, llegan hasta el 50 por ciento. Además, el 36 por ciento de esos deudores concentra sus obligaciones en neobancos, una participación superior a la registrada en entidades financieras tradicionales.
El estudio además revela fuertes diferencias territoriales. La Rioja presenta la mayor tasa de mora sobre el monto adeudado con 23,9 por ciento, seguida por San Luis con 22,2 por ciento, Santa Cruz con 21,9 por ciento, Catamarca con 21,5 por ciento y San Juan con 20,5 por ciento. En el extremo opuesto aparecen La Pampa con 9 por ciento, la Ciudad de Buenos Aires con 11,7 por ciento, Entre Ríos con 13,3 por ciento, Santa Fe con 14,3 por ciento y Córdoba con 15 por ciento.
Las desigualdades también atraviesan los grandes centros urbanos. En la Ciudad de Buenos Aires la mora ronda el 20 por ciento en los barrios del sur, mientras en el norte oscila entre 8 y 10 por ciento. En la provincia de Buenos Aires, los mayores niveles de incumplimiento se concentran en el Área Metropolitana, donde alcanzan alrededor de 25 por ciento. El caso de Añelo, en Neuquén, también llamó la atención de los investigadores. A pesar de concentrar buena parte de la actividad vinculada a Vaca Muerta, registra una tasa de mora de 25 por ciento, la más elevada de toda la provincia.
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Las diferencias también aparecen según el tipo de acreedor. Los proveedores no financieros de crédito exhiben una morosidad de 47,8 por ciento. Les siguen las tarjetas no bancarias con 33,27 por ciento, los neobancos con 23,34 por ciento, los bancos privados con 18,61 por ciento y los bancos públicos con 10,13 por ciento. Las compañías financieras presentan el menor porcentaje, con 4,88 por ciento.
La radiografía elaborada por el Instituto Argentina Grande profundiza ese diagnóstico. Sobre la base de la Central de Deudores del Banco Central, el informe estimó que 3,6 millones de personas ya poseen al menos una línea de crédito considerada "irrecuperable", es decir, con atrasos superiores a un año. Son 1,7 millones más que doce meses atrás. Si se incorporan quienes mantienen atrasos superiores a 90 días, la cifra asciende a 5,8 millones de personas. En otras palabras, aproximadamente uno de cada ocho argentinos registra alguna deuda en situación irregular.
La mitad de las líneas catalogadas como irrecuperables corresponde a montos inferiores a 309.000 pesos. El endeudamiento promedio de esos deudores resulta, además, 53,7 por ciento menor que el de quienes continúan pagando regularmente. "Los deudores 'irrecuperables' no se endeudaron para comprar un inmueble o bienes durables como un auto; el análisis de los montos muestra una realidad más cruda: se endeudaron para pagar el supermercado, hacer un arreglo en la casa o pagar los servicios", resume el documento. Cuando el financiamiento deja de anticipar consumo futuro y pasa a cubrir necesidades básicas, el margen para sostener el pago de las cuotas se reduce progresivamente.
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