El Gobierno confirmó este jueves que obligará a las entidades financieras a usar los fondos de sus clientes para comprar un bono del Tesoro, que vence en noviembre después de las elecciones legislativas, para que no puedan usar esos recursos para comprar dólares y hacer subir el valor de la divisa.
La decisión fue tomada con dos medidas: una del Banco Central que endureció la política de “encajes” (el dinero que tienen que mantener inmovilizado) y otra de la Secretaría de Finanzas que solo puso un bono a disposición para que los bancos cumplan con la decisión del BCRA.
“Esto no puede terminar bien”, interpretó una calificada fuente del mercado después de analizar la doble normativa conocida hoy y que fue la reacción oficial al fracaso en la licitación de deuda del miércoles, cuando buscaban renovar 15 billones de pesos y solo lograron el 61% pese a subir escandalosamente la tasa de interés, que en términos reales triplica a la inflación.
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Según cálculos que circulan en el mercado, los bancos públicos nacionales y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad pusieron dos de cada tres pesos que logró recolectar el Tesoro, lo que reflejó el escepticismo del sector privado en la política monetaria y cambiaria del equipo económico del presidente Javier Milei, el ministro Luis Caputo y su amigo y socio en la actividad privada, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.
Preocupación en el sistema financiero
En el sistema financiero se generaliza la preocupación por las intervenciones del Gobierno en la administración de los fondos de los ahorristas, que puede llevar a las entidades a problemas de insolvencia si deben soportar salidas generalizadas de depósitos que buscan dolarizarse.
El Gobierno busca con estas medidas forzar una baja del dólar para que opere en el centro de la banda de flotación y evite acelerar nuevamente el proceso inflacionario, pero los ahorristas aún con rendimientos en pesos que triplican la inflación prefieren la dolarización por el creciente temor a un ajuste después de las elecciones de medio término, donde las encuestas empiezan a reflejar una mejor performance de la oposición.
Los ahorristas compraron 6.726 millones de dólares desde la apertura del cepo a mediados de abril hasta fin de junio, a un ritmo que se incrementó en julio con el pago del aguinaldo y se estima siguió en agosto por la mayor incertidumbre sobre el valor de la divisa.
La secuencia fue de 2.048 millones de dólares en abril, 2.262 millones de dólares en mayo y 2.416 millones de dólares en junio, lo que acumuló el equivalente a 53% del primer desembolso del Fondo Monetario Internacional de 12.500 millones de dólares o el saldo favorable de la exportación de energía gracias al desarrollo de Vaca Muerta.
Este jueves las entidades financieras demandaron 114 millones de dólares en billetes para responder al retiro de fondos de los ahorristas, la mayor parte de los cuales los tuvo que poner el BCRA y el resto fue por compensación entre los bancos.
La estrategia de Milei y Caputo es, en lugar de desalentar la compra de dólares para ahorro, que se define como Formación de Activos Eternos, intentar “secar de pesos” a la economía, algo que quedó demostrado no lograron concretar ni con una suba extraordinaria de la tasa de interés. La intervención del Gobierno en el sistema financiero generó una preocupación entre los inversores, que reaccionaron desprendiéndose de las acciones y provocando una fuerte caída en el valor de las entidades, especialmente de los ADR que cotizan en la bolsa de Wall Street.
La Comunicación A8302 del Banco Central dispuso que desde el lunes los bancos, las billeteras virtuales y los Fondo Común de Inversión tienen que cumplir diariamente con el Efectivo Mínimo (encaje) depositado en el BCRA, cuando tradicionalmente se hace como promedio semanal o mensual.
Esta exigencia se suma a la obligación de compensar inmediatamente si estuvieron por debajo del mínimo desde que arrancó agosto, cuando se dispuso la anterior suba de los encajes.
Como las principales entidades financieras estaban por debajo del Efectivo Mínimo en las primeras semanas de agosto (se estimaba que tenían que compensar 1,5 billones de pesos), la carga desde la semana próxima será mayor, generando una menor oferta de pesos para créditos al sector privado, lo que derivará en una nueva suba del costo del financiamiento a las empresas, en líneas como el descubierto en cuenta corriente, y para las personas que financien el saldo impago de las tarjetas de crédito o tengan líneas personales.
El BCRA permite integrar 3% de los encajes en títulos públicos adquiridos a partir del 18 de agosto, es decir el próximo lunes, cuando el Tesoro llame a una nueva licitación en la que sólo ofrecerá una Letra con vencimiento del 28 de noviembre y tasa TAMAR, la que remunera los plazos fijos de más de mil millones de pesos.
Pero esa posibilidad de encajar títulos obliga a poner por encima, porque tienen que prever fluctuaciones del valor en mercado, lo que restringe más la disponibilidad de liquidez y sube más la tasa para evitar pagar las multas que establece el BCRA.
Esta combinación de medidas provocó que el dólar se desplome en el mercado oficial por momentos debajo de los 1300 pesos -finalmente cerró en 1310-, pero que se vuelva a disparar la tasa de cauciones, que se utiliza para administrar la poca liquidez que queda en la economía que operó en 74% en el mercado minorista y 78% en el Mercado Abierto Electrónico, donde se mueven los bancos.
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