En apenas un par de días, un conjunto de grandes cerealeras declaró futuras exportaciones con retenciones cero por un total de 19,5 millones de toneladas de granos valuados a precio FOB en 7012 millones de dólares (el límite del cupo oficial). La estafa pergeñada entre el Poder Ejecutivo y las exportadoras nucleadas en la CIARA CEC fue doble.
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Las cerealeras se quedaron con 1500 millones de dólares de ganancia neta (por las retenciones cero), el fisco dejará de recaudar por los derechos de exportación (se avecina un mayor ajuste del gasto público) y cuando vayan a comprar los granos a los productores, le descontarán de lo que abonen en pesos el valor actual de las retenciones.
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En 2007, una maniobra similar fue denunciada ante la Cámara de Diputados, lo que dio origen la llamada Ley Martínez Raymonda. La trampa radica en que las exportadoras puedan declarar ventas sin contar con el grano en su poder. La norma aprobada al inicio de la gestión de CFK intentaba resolver una de las “avivadas” de las exportadoras ocurrida tres meses antes al gran conflicto por las retenciones móviles de marzo de 2008.
De esta movida, los productores no verán un peso. Tal es así que el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, también se “sintió” estafado: “¿Llegó este beneficio al productor genuino? ¿Lo pudo aprovechar o no lo pudo aprovechar? ¿Cómo puede ser que la exportación haya emitido tantas declaraciones juradas para cubrir semejante cantidad de dinero? Hay que ser prudentes, hay que tener datos concretos”, sostuvo el dirigente agropecuario.
La maniobra se terminó de perfeccionar con el anuncio del secretario de finanzas, Pablo Quirno, con la inclusión de instrumentos en dólares para la licitación de este viernes, probablemente alimentada por la montaña de pesos que quedarán en circulación por el adelanto de 7000 millones de dólares de las exportaciones granarias.
La movida oficial, que parece redonda para los intereses del sector privado, conlleva una duda: ¿Y si los productores se abroquelan y deciden no vender sus granos a menos que las cerealeras paguen precios acordes a una baja de retenciones? Se encienden algunas alarmas de importaciones de soja de Paraguay y Brasil.
Todo a los grandes
“Esta es una medida que no estuvo pensada para incentivar al sector productivo. Se armó un instrumento netamente económico que además perjudica al sector porque sigue generando imprevisibilidad. No nos dan a los productores la potestad de decidir y planificar mejor”, señaló Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina (FAA), en el inicio del Congreso Anual Ordinario de esa entidad.
¿De dónde van a la salir los granos que las cerealeras pueden registrar en sus declaraciones juradas de venta al exterior?
Al cierre de agosto, la Secretaría de Agricultura informaba que quedaban 15,2 millones de toneladas de soja 2024/25 sin vender a la exportación ni la industria, más otros 5 millones de toneladas que habían sido entregadas por sin fijar precio.
Según la CIARA CEC, los valores informados correspondían al 30% de la cosecha 2024-2025 que estaban guardados en silobolsas. Este era su poder de fuego, valuado al inicio de septiembre entorno a los 9300 millones de dólares.
Para el dirigente rural Pedro Peretti, la ventana de oportunidad que le regalaron a Bunge – Viterra (concentran el 30% del mercado), LDC, COFCO, Cargill, Molinos Río de la Plata y AGD, ya había sido concertado entre la CIARA CEC y el propio Gobierno.
“Estas medidas no se toman sobre la hipótesis de que después hay que salir a buscar los granos. Estas medidas se consensuan con CIARA, se pone en la mesa cuánto grano tenés vos y cuánto está en mano de los productores y se toma la decisión en base a la existencia que tienen las exportadoras. No hay nada librado al mercado. La tenían, la vendieron, la cobraron y se la llevan”, explicó Peretti en diálogo con El Destape.
En esta línea, el dirigente Claudio Lozano (Unidad Popular) también mencionó la idea de un pacto entre la administración Milei y las exportadoras en detrimento de los productores. “O ya tenían los granos que habían obtenido descontándoles a los productores el equivalente a las retenciones para quedarse ellos con el precio pleno, o, ahora saldrán a comprar el grano sobre el cual también les aplicarán un descuento a los productores”, explicó Lozano. Para las exportadoras, el esquema es ganar – ganar.
Si efectivamente los granos no estaban en poder de las exportadoras, ¿qué pasaría si los productores decidieran no vender? ¿Pueden aguantar la cosecha todo un año? Seguramente los grandes pooles de siembra, acostumbrados a manejar sus operaciones como una cuestión financiera, sí. ¿Y los medianos y pequeños productores?
“El productor puede decir ´si no me pagas 500.000 pesos la tonelada, yo no te vendo”. Se supone que el mercado va a estar más demandado que ofertado. Cuando llegue el día en que deban embarcar la producción, las empresas van a tener que comprar y eso hay que pagarlo. Ahora viene un tira y afloje de este estilo”, sostuvo el consultor Javier Preciado Patiño.
“Por un mero objetivo recaudatorio en vista de las próximas elecciones de octubre, se deja de manifiesto quiénes son los ganadores y perdedores dentro de este gobierno: entre los primeros están los grandes acopiadores y exportadores que trasladaron el valor de las retenciones cadena abajo y ahora cobran el valor pleno de los granos. Entre los segundos están los pequeños y medianos productores que se dedican a la producción de commodities dado que no reciben los beneficios de la quita, y también empeora la situación del resto de los agricultores familiares que producen para el mercado interno”, manifestó Ignacio Drake, integrante del Observatorio de Economía Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Triangulación
Si los productores se le plantasen de manos a la exportación, ¿qué pasaría? La hipótesis puede ser la siguiente: que las cerealeras “amenacen” con triangular operaciones desde Paraguay y Brasil. La industria aceitera ya realiza este negocio al traer soja paraguaya para no pagar retenciones, luego procesarla en el complejo industrial que existe sobre los puertos de San Lorenzo y luego pagar un diferencial mínimo de retenciones. Durante el Gobierno de CFK se derogó la posibilidad de llevar adelante este esquema de importaciones temporales pero Macri lo reinstaló.
Paraguay produjo el año pasado cerca de 11 millones de toneladas. Entre julio de este año y el mismo mes del 2024, la industria local importó un total de 7,7 millones de toneladas de soja, de los cuales el 83% llegó desde Paraguay y otro 11% desde Brasil.
Las empresas que exportan granos desde Paraguay son Cargill con el 15% de participación, seguido por Viterra (11%), ADM, Bunge, LCD (8%), y COFCO (7%), las mismas ganadoras del esquema Caputo Milei. En caso de triangular, se comprarían el grano a ellas mismas.
Un caso histórico
El 26 de diciembre de 2007, la Cámara de Diputados aprobaba la Ley Martínez Raymonda, que obligaba a la ex Oncca a revisar si las exportaciones declaradas por las cerealeras contaban con la mercadería en su poder cuando las habían anotado en el registro oficial. La sospecha era que no. Entonces, se las obligaba a pagar la alícuota correspondiente al momento de efectivizar las exportaciones.
Según había denunciado en su momento la AFIP, las exportadoras habían realizado una presentación anticipada de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para poder abonar las retenciones con la alícuota antigua. En 2012, la primera empresa en pagar el total de la deuda denunciada fue Alfred Topfer. Por entonces, el total adeudado por la maniobra del conjunto de las cerealeras era de 1700 millones de dólares.
El diputado de Fuerza Patria, Eduardo Valdes, presentó un pedido de informes para que se determine si efectivamente las cerealeras tenían en su poder los granos o no al momento de anotar las recientes DJVE por 19 millones de toneladas, invocando la existencia de la Ley Martínez Raymonda.
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