El riesgo país no baja ni con el petróleo arriba de 100 dólares

La guerra en Medio Oriente tiene un indudable efecto positivo sobre el sector externo argentino. La balanza comercial energética de 7815 millones de dólares del año pasado puede más que duplicarse en 2026, por incremento de las ventas y, fundamentalmente, por el aumento del precio del petróleo. Ayer cerró a 103 dólares el barril y, si el Estrecho de Ormuz sigue cerrado e incluso luego se abre con restricciones, las proyecciones de expertos internacionales indican un precio de 150 dólares y de hasta 200 dólares. Uno de ellos es el premio Nobel de Economía Paul Krugman, quien planteó este horizonte en uno de los escritos en su cuenta de Substack, con más de 550.000 suscriptores.

Si van a ingresar muchos más dólares a una economía bimonetaria que, por la intensidad de la demanda, pareciera que nunca alcanzan, debería estar produciéndose un relajamiento de las presiones en el sector externo. Una de las señales en este sentido estaría reflejándose en una reducción del indicador riesgo país.

Esto debería ser así porque los miles de millones de dólares adicionales serían un aporte clave para garantizar el pago de los intereses y capital de los títulos públicos. El próximo vencimiento importante por magnitud es en julio próximo por unos 4.600 millones de dólares. 

Pero esto no sucede. Por el contrario, el riesgo país alcanzó los 601 puntos.

Con una cosecha agraria récord, superávit energético extraordinario, endeudamiento externo del sector privado creciente y un líder de ultraderecha promercado aplicando un ajuste fiscal despiadado, la pregunta es inevitable: ¿por qué no baja el riesgo país?

¿No será que el plan económico de la dupla Javier Milei-Luis Caputo tiene tal nivel de inconsistencia que ni las fabulosas condiciones financieras y económicas externas para el país, ni la hegemonía política construida desde las elecciones de medio término, en octubre pasado, pueden seducir en gran escala al capital financiero y productivo del exterior? 

Ese nivel del riesgo país en 600 puntos refleja, en definitiva, que el programa liberal-libertario es un mamarracho; evaluación que realizan en la práctica —o sea, con la apuesta de riesgo del capital— no así en el discurso de elogios desmedidos, el establishment local e internacional.

La señal que Milei no quiere ver

El economista Gustavo Rodolfo Reija, CEO del Netia Group SAS, ofrece una explicación probable a este comportamiento. Para Reija, el programa económico de la dupla Javier Milei-Luis Caputo confunde dos variables distintas y las trata como si fueran de la misma relevancia para el capital: el resultado fiscal y la percepción de riesgo de los tenedores de deuda soberana.

La dinámica de las ruedas de estas semanas de conflicto bélico en el Medio Oriente ilustra esta situación: el clima financiero global no derivó en colapso; los índices bursátiles de Wall Street no se derrumbaron, pero los bonos argentinos —los Bonares y los Globales— cayeron al mismo tiempo que los mercados del resto del mundo no retrocedieron con fuerza. El riesgo país subió hasta 600 puntos. Y, como si ignorara las señales del mercado, el Gobierno sigue anunciando que mes a mes va anotando superávits fiscales primarios.

La reacción de los financistas es reveladora: aplauden el resultado fiscal al tiempo que no apuestan a una mejora de las paridades de los bonos de la deuda soberana en dólares.

¿Por qué se da este comportamiento? Porque, como señala Reija, el superávit fiscal responde a demandas del pasado y el riesgo país de 600 puntos básicos apunta a una pregunta más exigente: ¿puede la economía argentina crecer lo suficiente para conseguir los recursos necesarios para pagar su deuda con los actuales lineamientos del plan económico de Milei?

Con reservas netas del Banco Central en terreno negativo, récord de casi -17.000 millones de dólares según la metodología del FMI, atraso cambiario, morosidad familiar en máximos de dos décadas y destrucción de empresas productivas, el mercado responde con un riesgo país que indica que la economía argentina no tiene acceso al mercado voluntario de crédito internacional.

Para el mundo de las finanzas, el orden fiscal -aunque sea ficticio, con contabilidad creativa y retención indebida de recursos- es condición necesaria pero no suficiente.

Los costos ocultos del superávit fiscal

Sin la más mínima revisión del esquema financiero que está llevando al plan económico al fracaso, el Gobierno sigue anunciando saldos positivos de las cuentas públicas, como si esta información pudiera cambiar la visión negativa que tienen los financistas.

El martes 16 de marzo, se difundió que el Sector Público Nacional cerró febrero con superávit. El resultado financiero fue de 144.421 millones de pesos. En los primeros dos meses del año, el acumulado equivale a un superávit financiero de 0,1% del PIB, que luce artificialmente robusto por la capitalización de intereses de la deuda, y un superávit primario de 0,4% del PIB.

Caputo celebró el dato en sus redes sociales como ratificación del equilibrio fiscal como pilar del programa. Sin embargo, estos números festejados requieren una lectura rigurosa, alejada del triunfalismo libertario. Los ingresos totales del Sector Público Nacional alcanzaron en febrero los 11,8 billones de pesos, un incremento nominal del 21,2% interanual, por debajo de la inflación de 33,1% para el mismo período. Esto implica que el Estado recauda menos en términos reales.

El problema es cómo se sostiene este superávit con ingresos que caen en términos reales. Para Milei y Caputo, la respuesta está en el ajuste permanente: una reducción del gasto público para compensar la caída real del 9% en los ingresos tributarios, causada por la baja en la producción y el consumo. El recorte del gasto público afectó a 13 de los 16 rubros principales del presupuesto, según un informe del economista Nadin Argañaraz. Las disminuciones más significativas se presentaron en los subsidios destinados a "otras funciones" con una baja del 100%, los programas sociales con un 62,2% y las transferencias corrientes a las provincias con un 47,7%.

El dato más significativo lo aporta Argañaraz al mirar el bimestre completo: al excluir las privatizaciones, el superávit financiero desciende a 211.000 millones de pesos, un descenso real del 83%. Sin los ingresos extraordinarios por venta de activos del Estado, el superávit casi desaparece. El superávit se construye con contabilidad creativa y ventas del patrimonio público. 

El resultado fiscal también estuvo sostenido por el incremento de otros ingresos no tributarios y de las rentas de la propiedad, que aportaron en conjunto más de 850.000 millones de pesos durante el mes. Un superávit construido sobre privatizaciones y rentas extraordinarias es, por definición, frágil. 

Pero la vulnerabilidad del superávit no solo se advierte en la contabilidad pública. También se ve en la economía real, donde la caída de la recaudación tiene como contracara el deterioro de la producción, el consumo y el tejido empresario.

El mercado mira también la destrucción de empresas

La Unión Industrial Argentina difundió un comunicado que advierte que la producción industrial registró una baja interanual de -3,2% respecto a enero de 2025. Sin mencionar que el motivo de la destrucción de su sector se debe a la política económica de Milei, la UIA menciona generalidades acerca de la competencia, productividad, el crédito, los impuestos y el consumo.

El industricidio en su máxima expresión,

La desarticulación del tejido empresarial queda reflejada en el más reciente informe de Fundar, dirigido por los economistas Guido Zack, Nicolás Sidicaro y Daniel Schteingart. El Monitor de Empresas mensual, con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, contempla toda empresa —pública o privada— que tenga al menos un empleado registrado en relación de dependencia.

Los números son contundentes: en noviembre cerraron 892 empresas. Es la décimo cuarta caída mensual consecutiva. En el último año se destruyeron 10.123 unidades productivas, una baja de 2,0%, que representa la vigésimo primera caída interanual consecutiva. Desde el inicio del actual gobierno, en diciembre de 2023, se perdieron 21.938 empresas, es decir, un 4,3% del total. Es la peor caída en los primeros 24 meses de un gobierno desde 2003.

La caída de empresas bajo la gestión Milei es comparable, en magnitud, a la registrada durante la pandemia. No hay shock externo, no hay cuarentena obligatoria, hay un viento a favor internacional y local fabuloso, pero existe un modelo económico que derrumba empresas a una velocidad sostenida, mes tras mes.

La caída intermensual es generalizada en 13 de los 19 sectores, y 15 de los 19 sectores muestran un descenso desde la asunción del Gobierno. A nivel provincial, 23 de los 24 distritos registran pérdidas desde diciembre de 2023. La única excepción es Neuquén, cuyo crecimiento se explica por la actividad en Vaca Muerta.

Los casos recientes son los de Fate, que cerró con el despido de 920 empleados; la planta de Paty, que despidió a casi 200 trabajadores, y la textil Alal, en Goya, Corrientes, que cerró y despidió a 260 trabajadores.

Esta destrucción del aparato productivo es también lo que observa el mercado cuando anota el riesgo país en casi 600 puntos y el índice de acciones líderes MerVal desciende. Recesión más destrucción de empresas y morosidad creciente anticipan ejercicios económicos desfavorables, lo que se refleja, en forma anticipada, en las actuales cotizaciones de los papeles.

No es que los inversores desconfíen del superávit fiscal. Es que dudan de que una economía que pierde empresas a esta velocidad pueda generar las divisas necesarias para pagar la deuda.

Existe una brecha enorme entre el discurso y la práctica del capital financiero respecto al programa Milei. En público, los economistas del establishment local e internacional elogian el ordenamiento fiscal y la baja de la inflación. En privado —es decir, con sus decisiones de inversión— votan distinto.

El riesgo país en 600 puntos es un voto de desconfianza. El programa liberal-libertario de Milei tiene un problema de consistencia que ni las extraordinarias condiciones externas —petróleo caro, cosecha récord, bonanza energética— ni la hegemonía política construida tras las elecciones de medio término de octubre pasado logran disimular.