Vivir con la mínima: los servicios duplicaron su peso, los jubilados se endeudan y recortan en consumos básicos

Un porcentaje creciente de la población no logra cubrir sus necesidades esenciales, en particular, una alimentación digna y suficiente y servicios básicos. El deterioro de los ingresos reales, combinado con el aumento del costo de vida, erosionó notablemente el poder adquisitivo de gran parte de la sociedad, pero con mayor poder de daño en los sectores más vulnerables. Tal el caso de las y los jubilados, sobre todo quienes perciben el haber mínimo y vieron casi duplicar su gasto en servicios públicos en lo que va de la gestión de Javier Milei: pasó de representar el 6 al 11% de dicho ingreso que, por su parte, perdió 27% de su poder de compra en este tiempo (una pérdida acumulada superior a los 3.000.000 de pesos por jubilado).

“Cuando el gasto en servicios públicos supera el 10% del ingreso se estima que hay pobreza energética”, indicó un informe al que accedió este medio y lo confirman diferentes testimonios que muestran, incluso, cómo para gran parte de este segmento etario los gastos en servicios llegan a superar el 50% de sus ingresos mensuales. A su vez, los medicamentos para jubilados tuvieron un incremento interanual (172% a marzo 2025) que es 124 puntos superior a la suba del conjunto de medicamentos en el mismo periodo, en tanto que más del 7,3% de los adultos mayores depende de un alquiler para tener dónde vivir, el doble que hace 20 años atrás.

Con una canasta básica que supera los 1.200.000 pesos y un haber mínimo en apenas se ubica en 296.000 pesos, las y los jubilados deben recurrir a la ayuda de los familiares para pagar servicios, mayor endeudamiento en entidades comerciales o financieras, y a la restricción en el consumo de otros bienes esenciales, todo lo que los ubica en el segmento donde más creció la miseria en este tiempo: la suba de alimentos, de medicamentos y de vivienda, sumado al veto a la recomposición de haberes por parte del oficialismo llevó a que siete de cada diez tengan ingresos insuficientes para subsistir.

A la espera de la difusión oficial esta semana del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec, relevamientos privados ya anticipan que la inflación de abril continuó en niveles elevados (en torno al 3%) con suba de alimentos y el impacto de la devaluación tras las modificaciones cambiarias; mientras, por otro lado, cada miércoles las y los jubilados se siguen movilizando al Congreso nacional en reclamo de mejores condiciones de vida y por la enorme pérdida de ingresos, pero enfrentan la respuesta represiva de las fuerzas de seguridad del gobierno nacional. 

Pobreza energética y recortes en servicios básicos

Entre diciembre 2023 y mayo de 2025, el haber mínimo jubilatorio tuvo un incremento del 180,5% (de $105.713 a $296.482). Por su lado, las tarifas de los servicios públicos aumentaron (INDEC) 430% en 2024 y 7,2% en los primeros tres meses de este año. Es decir, escalaron más del doble el ingreso que cobran casi 5 millones de jubilados en el país. 

En detalle, el valor de la factura de energía eléctrica (consumo mínimo 150 kWh, sin impuestos, ENRE) en mayo 2025 fue de $7.437 contra $1.227 de diciembre 2023 (+505,9%), en el caso del gas natural (mínimo 45 m3 mensuales; ENARGAS) se ubicó este mes en $7.056 frente a los $1.488 del cierre del 2023 (+374,1%) y respecto del agua (usuarios de los zonales bajos AYSA) llegó actualmente a $16.732 versus $3.816 de diciembre 2023 (+338,5%). Esto implica que el gasto en tarifas de servicios públicos, considerando los usuarios de menores ingresos, pasó de $6.532 apenas asumido el gobierno de Javier Milei a $31.225 en el presente. 

¿Cómo impactaron estos aumentos? “Más de cinco millones de jubilados que perciben la mínima destinan hoy el 10,5% de sus ingresos al pago de tres servicios esenciales como luz, gas y agua, cuando en diciembre de 2023 ese gasto representaba el 6,2%”, señaló un informe presentado por la Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco). Lo anterior muestra una realidad alarmante ya que “cuando el gasto en servicios públicos supera el 10% del ingreso se estima que hay pobreza energética”. De hecho, eso mismo está mencionado en el Decreto nacional 465/2024 cuyo texto indica explícitamente: “teniendo en cuenta que un usuario o grupo conviviente se considera vulnerable cuando sus costos indispensables de energía superan el DIEZ POR CIENTO (10%) de sus ingresos totales”. 

Esta problemática constituye una barrera diaria para el acceso de millones de jubilados a los servicios básicos: “Los gastos fijos de los jubilados con el haber mínimo, además de los servicios públicos relevados, se complementan con el gasto en telefonía móvil, internet y televisión por cable cuyo presupuesto mínimo es de $20.000 mensuales, y hay que agregar el gasto en medicamentos para jubilados que tuvieron un incremento interanual del 172% a marzo de este año, mientras que el conjunto de los medicamentos lo hicieron en un 48%”, señaló el diálogo con El Destape Pedro Bussetti, presidente de Deuco.

Desde el espacio trabajan con más de cincuenta centros de jubilados gestionando, por ejemplo, la tarifa social de servicios públicos a las y los jubilados de menores recursos. De allí que conocen directamente la realidad que atraviesa este segmento etario para el que los gastos en servicios llegan a superan, en algunos casos, más del 50% de sus ingresos mensuales. Así lo demuestra el caso de Ana Mónica, jubilada que cuenta por mes con un ingreso en torno a los $340.000 pero cuyos gastos mensuales en servicios públicos, de internet y cable superan los $100.000, es decir, se llevan el 30% de sus ingresos (medicamentos $40.000; electricidad $15.000, gas envasado $15.000, celular vía carga de datos $3.000; cable $30.000). 

En una situación aún más difícil se encuentra María Isabel, jubilada con un ingreso mensual de $241.000 pero con gastos básicos en torno a $130.000, sin contar nuevamente la canasta de alimentos (medicamentos $40.000, electricidad $13.000, gas envasado $15.000, celular $40.000 y cable $22.000). De esta manera, representan el 54% de sus ingresos en un mes. Una tercera situación que confirma los datos del informe es la de Adolfo, jubilado, con ingreso mensual de $341.000 pero que tiene que destinar por mes a medicamentos unos $38.000, mientras el gasto en electricidad se lleva $120.000, el de gas natural $20.000, el celular $30.000 y el cable $20.000. Un total de $228.000 que le demandan el 67% del monto mensual con el que cuenta para vivir.

Caída del poder de compra, deudas y miseria

Al peso de los servicios públicos que cuadriplicaron su valor en solo un año de gobierno de La Libertad Avanza (LLA) hay que sumar la aceleración en este último tiempo de la canasta básica alimentaria, así como el recorte en el acceso a medicamentos y las subas de los alquileres, que también impactan en las y los adultos mayores. 

Las condiciones de vida de las personas mayores muestran una vejez atravesada por ingresos que no alcanzan siquiera para cubrir lo básico: el valor de la Canasta Básica de los Jubilados que releva la Defensoría de la Tercera Edad de CABA se ubicó en abril en $1.200.523 (incluye alimentación $279.834; medicamentos $260.245; Limpieza $107.444; Vivienda $245.000; Transporte $71.000; Vestimenta $50.000, Recreación $80.000 y Servicios $107.000). Esto es, cuatro veces más que lo que cobra un jubilado de la mínima en nuestro país aún con el extra de un bono de $70.000 que se mantiene congelado en ese monto hace más de un año y recorta cada vez más la cantidad de beneficiarios. 

La situación de las y los jubilados que cada miércoles se movilizan al Congreso nacional en reclamo de mejores condiciones de vida y enfrentan la respuesta represiva de las fuerzas de seguridad, se torna cada vez más alarmante: las jubilaciones perdieron el 27% del poder de compra desde que gobierna Javier Milei, esto implicó una pérdida acumulada cercana a los 3 millones de pesos por cada jubilado desde entonces, según un informe elaborado por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE). Asimismo, indicaron que desde que comenzó “ahorró fiscal” celebrado por el oficialismo (un total de 50 billones de pesos.) los mayores recortes se dieron en obra pública (-12,6 billones) y a los jubilados (-11,8 billones)

En el caso puntual de los alimentos, con la aceleración de la inflación en marzo y la posterior devaluación en el marco de las modificaciones en la política cambiaria por el acuerdo de nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el rubro sintió el impacto en la góndola, siendo además el de mayor peso en la medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC), cuyo dato oficial para el mes de abril se conocerá esta semana. El encarecimiento de productos esenciales, como aceites, lácteos y carne vacuna, tuvo impacto en el índice de inflación mensual. Según estimaciones del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE) la inflación se ubicaría en torno al 3,4 % mensual (la proyectada para todo el 2025 en 38%), en tanto que el centro de estudios destacó que “un porcentaje creciente de la población no logra cubrir sus necesidades básicas esenciales El deterioro de los ingresos reales, combinado con el aumento del costo de vida, ha erosionado notablemente el poder adquisitivo de gran parte de la sociedad, pero con mayor poder de daño en los sectores más vulnerables”. 

Se agrega como otro factor clave los medicamentos. De acuerdo a datos del Indec, el precio se incrementó en los primeros tres meses del año 4,2% y en abril -según releva el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba/ Colfacor- el aumento fue del 2,2%, totalizando un alza en cuatro meses del año un 6,6%. Sin embargo, los medicamentos que adquieren los jubilados a través del PAMI tuvieron un incremento superior: 14,1%. Así lo advirtieron desde Deuco desde donde agregaron que “entre marzo de 2024 y marzo de este año, medicamentos para jubilados se incrementaron un 171,9% mientras que el conjunto de los medicamentos tuvo un alza del 47,9%”. 

A esto se suman los recortes la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados que, por decisión del gobierno libertario quedó limitado para quienes ganen menos de $388.000, sumado a que deben realizar un trámite de inscripción para solicitar el "subsidio social".

Un tercer punto no menor tiene que ver con los alquileres, cuyos precios desregulados afectan la posibilidad de acceder a un techo dónde vivir. Hay más de 359.000 adultos mayores que dependen de poder pagar un alquiler para tener un techo donde vivir (7,3% de la población adulta mayor y el 6,6% del total de inquilinos a nivel nacional).  Más de la mitad del total viven solos y el 41% de ese grupo se encuentra en el primer decil de ingresos, es decir, el más bajo de todos. Así se desprende de un informe elaborado por la Fundación Tejido Urbano en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) desde donde destacaron que, si se mira en el tiempo se observa que en los últimos 20 años se duplicó la cantidad de adultos mayores que alquilan en el país, al pasar de un total de 164.081 en 2004 a los más de 350 mil actuales.  Otro dato importante tiene que ver con que más del 33% de los adultos mayores inquilinos (121.265 personas) nacieron en otra provincia o país, y se asentaron en diferentes ciudades en busca de oportunidades laborales o mejor calidad de vida, pero “sin lograr consolidar un acceso seguro a la propiedad de la vivienda”.

“La situación de pobreza energética es un punto de referencia de una situación que es mucho más grave: jubilados que deben recurrir a la ayuda de los familiares para pagar los servicios, el mayor endeudamiento en entidades comerciales o financieras cuyas tasas de interés superan el 140% anual, y la restricción en el consumo de otros bienes describen esa realidad”, dijo Bussetti a este portal. El escenario se vuelve cada vez más frecuente en un país donde el 89% de las familias debe financiar alimentos (tarjetas de créditos 43,8%, al fiado 38,5 %, con y/o con dinero prestado el 6,4%). A su vez, en el caso lo particular de los adultos mayores, se incrementa el número de quienes se ven obligados a seguir trabajando fuera del hogar para intentar sobrevivir ante ingresos cada vez más insuficientes. 

Así, los recortes del gasto público en jubilaciones, la desregulación de precios y el desmantelamiento estatal tienen un impacto directo en las y los adultos mayores al punto de que en Argentina casi un millón de personas de la tercera edad están en situación de pobreza, es decir, que no tienen lo básico para hacer frente a sus necesidades de alimentos y pago de servicios esenciales.