La tensión laboral crece en el Parque Industrial de Gualeguaychú (PIG), donde ocho empleados desvinculados de Laboratorios Pyam sostienen una protesta frente a una de las plantas de la firma. Los trabajadores instalaron una carpa y mantienen un fogón de manera permanente tras el fracaso de la conciliación obligatoria impulsada por la secretaría de Trabajo.
Según publicó el portal Infogremiales, la planta entrerriana es escenario de un conflicto que se intensificó luego de que el dueño de la firma notificara los despidos telefónicamente, informando a los trabajadores que ya no debían presentarse a trabajar. Entre los afectados se encuentran operarios con licencias médicas, incluido uno que se recuperaba de una intervención quirúrgica en la rodilla, lo que expone una crueldad que no reconoce límites ni estados de salud.
Bajo el amparo de la crisis económica que el Gobierno profundizó en todas las áreas del país, la firma intenta aplicar el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta norma habilita el pago del 50% de la indemnización por "fuerza mayor" o falta de trabajo, una excusa que los trabajadores rechazan de plano. Según denunció el Sindicato de Químicos y Petroquímicos, mientras la patronal alega una crisis terminal, la semana previa a los despidos se registró el ingreso de camiones con materia prima, lo que sugiere una maniobra de vaciamiento o, al menos, una utilización oportunista de la coyuntura para abaratar costos laborales.
Martín Gómez, prosecretario gremial del sindicato, fue categórico ante la propuesta de abonar esa mitad de la indemnización en un año: “Ellos se van a ir cuando les paguen la indemnización junta. No el 50%, el 100%”. La firmeza de los ocho despedidos, apoyados por la CGT y la CTA local, se mantiene frente a una planta que actualmente intenta sostener la producción con apenas 42 trabajadores y el resto del personal jerárquico.
Un historial de desprotección y abandono patronal
Pyam arrastra un historial de irregularidades que el gremio califica como una "situación financiera irregular" que golpea directamente el bolsillo de los trabajadores. Desde hace un año y medio, los haberes se perciben en cuotas y, a la fecha, la empresa aún adeuda el sueldo completo del mes de abril.
Más grave aún es la cuestión previsional: la compañía acumula un año de falta de pago de aportes jubilatorios y contribuciones a la seguridad social. Como consecuencia directa de esta desidia, los trabajadores se encuentran con la obra social cortada, una situación de desprotección en medio de una crisis sanitaria y económica que no da respiro.
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