A través de un decreto, el gobierno de Javier Milei definió que las empresas ya no estarán obligadas a realizar aportes económicos o contribuciones compulsivas a las cámaras empresariales, una práctica que había sido incorporada en algunos acuerdos colectivos.
La medida publicada en el Boletín Oficial apunta a modificar una situación que, según el texto oficial, carece de fundamento normativo: hasta ahora, las cámaras empresariales se basaban en una “interpretación exagerada” de la Ley 14.250, sancionada en 1953 y reformada en 2004, sobre el alcance de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) para instrumentar el cobro de aportes o contribuciones obligatorias a las compañías de la actividad, estén o no asociadas a esas entidades.
De esta manera, el Decreto N°149/2025, firmado por el Presidente y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aclara que esta práctica no tiene sustento legal y que, por lo tanto, las cámaras no pueden exigir pagos compulsivos a quienes no son parte de sus estructuras. En ese marco, el Gobierno anunció que la Secretaría de Trabajo no homologará nuevas negociaciones colectivas que incluyan este tipo de cláusulas, lo que implica un cambio en el criterio de interpretación de la ley de convenciones colectivas.
A su vez, el Ejecutivo señaló en el primer artículo que “las Convenciones Colectivas de Trabajo no podrán imponer aportes, contribuciones o cualquier otro tipo de carga económica en beneficio de las cámaras, asociaciones o agrupaciones de empleadores a cargo de no asociados o afiliados a dichas entidades, salvo que dichas cargas resultaren aceptadas voluntariamente por estos últimos”.
A partir de su entrada en vigencia, estos pagos sólo podrán realizarse de manera voluntaria: las empresas que deseen seguir aportando a sus cámaras podrán hacerlo, pero sin imposición legal. Entre los sectores más afectados por este esquema se encuentra el comercio, donde se estima que los aportes obligatorios representan unos $6.000 millones mensuales, destinados a actividades de capacitación.
La Cámara de Comercio (CAC) y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) son las dos entidades que recaudan esos aportes que equivalen al 0,5% del salario de cada trabajador de la actividad, es decir unos $ 5.000 mensuales. En el sector mercantil se desempeñan alrededor de 1,2 millón de trabajadores. (DIB).
Según el Ejecutivo, esta reinterpretación busca alinearse con el principio de "libertad de asociación", al entender que las cámaras solo representan a sus afiliados y no pueden extender su poder de recaudación a empresas que eligen no formar parte de ellas.
La decisión de la administración de La Libertad Avanza (LLA) sorprendió a la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), que adelantó a El Destape que "analiza" una respuesta frente a la controversial medida. Existen al menos otros 24 convenios que establecen que los empleadores deben hacer aportes para financiar distintas instituciones.
El Gobierno oficializó el fin de las contribuciones obligatorias de las empresas: cuáles son las cámaras perjudicadas
Uno de los ejemplos más claros de este tipo de contribuciones obligatorias es el aporte al Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio (INACAP), contemplado en el convenio colectivo de comercio, el sector con mayor cantidad de trabajadores registrados en el país.
El INACAP es financiado por un aporte mensual obligatorio de los empleadores, equivalente al 0,50% del salario inicial de un trabajador encuadrado en la categoría Maestranza “A”. En marzo, este aporte asciende a $4.725,02 por cada empleado y se ajusta automáticamente cada vez que se actualiza la paritaria de comercio. El monto lo paga el empleador y no se descuenta del sueldo del trabajador.
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Actualmente, el sistema cubre a 1,2 millones de trabajadores registrados bajo el convenio de comercio, generando un flujo de recursos estimado en $5.600 millones por mes y cerca de $70.000 millones al año. Este es uno de los aportes que, con la publicación del decreto, dejaría de ser obligatorio.
En el caso del caucho, hay dos entidades solventadas por las empresas: el Instituto Nacional de Capacitación Profesional Tecnológico y de Promoción para la Industria del Caucho (Incptpic) y el Instituto Nacional de Capacitación Profesional Tecnológico y de Promoción para las actividades desarrolladas en gomerías, talleres de reconstrucción de neumáticos (recauchutaje, vulcanización, precurado, etc.), similares y accesorias.
También tienen un instituto destinado a la formación los trabajadores cerealeros, los de farmacias, los agentes de viajes, el personal hotelero y gastronómico, los industriales metalúrgicos, los empleados de estaciones de servicio, los trabajadores de carga y descarga, y los de garajes, entre otros.
Duro comunicado de la CAC
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) consideró que el esquema mencionado es "financiado exclusivamente mediante contribuciones patronales y no mediante aportes personales". Esto es, "el trabajador no sufre descuento alguno a causa de esta contribución –y, consecuentemente, su supresión no redundará en un incremento del salario de bolsillo–", agregó.
"Tampoco es correcta la información que indica que estos fondos en parte se destinan al sostenimiento de entidades sindicales. Por el contrario, los recursos del INACAP son administrados exclusivamente por el sector patronal. Esto es, son recursos que aportan los empresarios y que son gestionados por las cámaras empresarias que los representan. Asimismo, es errónea la cifra de recaudación señalada, toda vez que los fondos que ingresan al Instituto son significativamente inferiores", aclaró el comunicado.
Respecto al uso de los recursos del INACAP, desde su puesta en funcionamiento en el año 2008, el esquema mencionado "ha permitido la capacitación de más de 8 millones de personas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, atendiendo a las necesidades particulares de las diversas ramas de la actividad y de las distintas zonas geográficas", remarcó el comunicado oficial.
Y remató: "Las formaciones en cuestión, en un proceso de actualización y mejora continua, permitieron incrementar las calificaciones de empresarios y trabajadores, favoreciendo no solo la competitividad de las empresas, sino también el desarrollo personal de los estudiantes".
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