Freno al desguace del INTA: qué significa para productores y por qué el gobierno se aferra al ajuste

Este jueves la Cámara Alta dejó sin efecto cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno de Javier Milei que fijaban el achicamiento de diferentes organismos estatales, entre ellos el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). La gestión libertaria buscaba transformarlo en un “organismo desregulado” dentro de la Secretaría de Agricultura, perdiendo autarquía y con menores recursos para su funcionamiento. Esta medida tendrá un impacto no menor en el desarrollo de las actividades productivas: se estima que favorecerá tanto a la soja y al maíz como al té, banano y algodón, ya sea en la zona núcleo como para el agregado de valor en las diferentes economías regionales del país.

De esta manera, el Senado confirmó el freno al objetivo libertario de poner fin a la investigación al servicio de la producción nacional lo que, sumado a cesantías y traslados, ponían en riesgo a trabajadores y programas fundamentales del organismo. El Decreto 462/25 había sido firmado en el marco de las facultades delegadas que le otorgó la Ley Bases. “El INTA tiene potencial de impulsar políticas públicas que impliquen arraigo y pertenencia, diversificando las opciones de vida en las economías regionales, formalizando procesos con fundamento científico y ético para impulsar un modelo agro-bio-alimentario racional y sostenible, que esté a la altura de las problemáticas de nuestro tiempo”, señaló un informe privado al que accedió este medio.

Un dato que grafica la embestida oficialista contra el organismo: los recortes en el INTA rondan el 37% del presupuesto en términos reales en tanto que, para Ciencia y Tecnología, el presupuesto nacional se encamina a una caída del 48% en dos años. De esa manera, en 2025 llegará a su mínimo histórico, por debajo del valor de 2002 (0,177% del PBI).

Por otro lado, pese al rechazo de la Legislatura nacional, esta misma semana la administración de La Libertad Avanza (LLA) promovió el Decreto 571/2025, que vuelve a avanzar contra la estructura del organismo al suprimir la Dirección Nacional del INTA, todo ello pese al rechazo del Congreso y hasta de una medida cautelar de la justicia que ya había puesto freno a la reestructuración. 

Qué está en juego para las producciones regionales 

A fines del 2024 el Gobierno nacional anunció un “Plan de Modernización” del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que, en los hechos, implicaba un fuerte recorte tanto de su patrimonio como del personal y las funciones centrales del organismo que tiene presencia en todo el país. 

Se trata de un organismo que, en sus casi 70 años de trayectoria, dio paso a investigaciones clave para impulsar la producción agropecuaria nacional, aunque la gestión libertaria buscó quitarle su carácter autárquico, afectando sus centros de investigación en diferentes regiones del país que cumplen tareas para el desarrollo de tecnologías, mejora de producciones y cultivos, y trabajo conjunto con agricultores familias y grandes productores. El gobierno del presidente Milei también intentó desprenderse de más de 20 mil hectáreas que el organismo tienen en distintos puntos de la Argentina. 

¿Qué aporta el INTA y cómo impactará en la producción? Desde sus inicios el instituto se dedicó a desarrollar y a transferir tecnologías que hicieron avanzar a la producción en el país. Por ejemplo, introdujo los primeros trigos enanos desde México, así como los primeros híbridos de maíz, que son variedades de cultivos de alto rendimiento y que, con los años, generaron un gran beneficio económico al país. Actualmente cumple un rol importante para las producciones de la zona núcleo como para las economías regionales de todo el país (desde soja y maíz hasta té, banano y algodón). En concreto, según un relevamiento realizado por la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI), desde desarrollar la primera vacuna oleosa contra la fiebre aftosa -herramienta crucial para el control de la enfermedad- hasta la promoción de la siembra directa y el silobolsa, que se exporta a más de 50 países, el organismo ha dado muestras de su protagonismo en la actividad económica nacional.

“El organismo desarrolló mapas de suelos de todo el país y si se focaliza en las mejoras relacionadas con la productividad, entre 1997 y 2015 el instituto generó beneficios 9 veces mayores a sus costos de funcionamiento (incluido el pago de sueldos), con una tasa interna de retorno para la inversión estatal del 13,2%”, detallaron. Además, posee el Banco de Germoplasma que preserva a largo plazo especies de semillas vegetales y garantiza su resguardo ante futuros eventos como plagas y catástrofes. 

Desde una visión más integral, impulsa políticas de desarrollo y extensión con una fuerte inserción en lo social y lo ambiental. “El programa ProHuerta -que fue eliminado por el gobierno libertario- promovía el desarrollo de huertas y granjas agroecológicas mediante un enfoque integral que incluía asistencia técnica, educación ambiental y apoyo a la comercialización. El programa Cambio Rural (también terminado por la actual gestión) asistía a pequeñas y medianas empresas del agro en la gestión, producción y comercialización”, señaló el informe que analiza el rol del organismo en el tiempo.
En materia ambiental, mencionaron desde políticas de mitigación como el impulso de variedades de cultivos resilientes al cambio climático hasta la participación en proyectos de conservación de la biodiversidad en sistemas productivos. 

El INTA fue creado en el año 1956 en un contexto histórico particular para el sistema científico nacional: dos años antes que el CONICET y con el objetivo de dar impulso a una producción agropecuaria estancada. Rápidamente, gracias a los desarrollos tecnológicos, sumados a la fuerte extensión territorial por todo el país, el sector se reanimó y comenzó a crecer. Con los años, “fue transformándose de acuerdo a los cambios en los requerimientos de la sociedad y expandiéndose territorialmente por todo el país, adaptándose e introduciendo nuevos paradigmas de producción, como la agroecología y la ganadería de procesos de forma reciente”, detalló el documento de los investigadores Facundo Niklison y David Levitán. Asimismo, agregaron que “dentro del INTA se despliega investigación y extensión abarcando visiones y metodologías disímiles, contrastantes e incluso que se encuentran en disputa”. 

En un universo productivo complejo y heterogéneo como el nacional, el instituto asumió una visión desde el “desarrollo integral de la ruralidad y la producción agropecuaria, con notables beneficios que van desde lo productivo-económico hasta lo social y lo ambiental”, remarcaron.

Pese a la negativa del Congreso, que rechazó el desmantelamiento impulsado por el oficialismo por decreto, igualmente el gobierno insistió esta semana con otro decreto paralelo. La medida, publicada en el Boletín Oficial, transfiere todas las funciones de la Dirección Nacional a la Presidencia del organismo, con el objetivo de “dotar de mayor agilidad operativa” a la toma de decisiones y evitar superposiciones.  De este modo, el manejo del organismo pasa a estar más centralizado en el presidente, designado directamente por el Poder Ejecutivo.

Sin recursos no hay investigación ni desarrollo  

La situación del INTA no es aislada. En paralelo, organismos como el CONICET, el SENASA o Agricultura Familiar han sufrido recortes, despidos, o directamente han sido desguazados. Un análisis de la ejecución presupuestaria en INTA, INTI y CONICET evidencia que los tres organismos acumulan caídas que superan el 30% desde diciembre de 2023.

La Función Ciencia y Técnica en el Presupuesto marca, a partir de la ejecución de los primeros siete meses del año, un deterioro del 23,1% real -considerando la inflación-, que se añade a la caída del 30,2% del 2024. De esta manera “retrocederá un 46,4% en dos años en términos reales y se ubicará a 54,5 puntos del año base (2015)”, indicó un informe del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIICTI). 

Para el año en curso se proyecta un crecimiento del PBI del 4,8%, con una inflación promedio anual estimada en 40,8%. En este contexto, el Presupuesto Vigente de la APN, luego de la ampliación presupuestaria, declina un 7,7% en términos reales, tras caer un 22,9% en 2024. Con ello, en 2025, la Función CyT se proyecta en un mínimo histórico en relación con el PBI (0,156%), por debajo del valor de 2002 (0,177%), tras haber alcanzado el 0,212% en 2024. Se trata de un deterioro en el bienio del 48,0% en su incidencia respecto del PBI. Este descenso implica un ajuste muy superior al que hizo el macrismo entre 2015 y 2019, el cual supuso una caída del 35,3% en cuatro años.

Por último, los datos evidencian que el CONICET y el INTA, durante 2024, cayeron 17,7% y 20,0% respectivamente, y continúan a la baja en torno al 20,5% y 21,0% durante 2025, para totalizar caídas de ejecución que rondan el 34-37% real. El INTI declinó un 10,8% durante 2024, contra una media sectorial del 30,2%, pero es uno de los que más cae en 2025 (26,6% hasta julio), totalizando un deterioro del 34,5% en el bienio.