La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dio luz verde a dos proyectos de ley que buscan aliviar la carga fiscal de los vecinos y reordenar los costos vinculados a la gestión judicial de deudas con la Ciudad.
Impulsadas por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, ambas iniciativas recibieron el respaldo unánime de los 47 legisladores presentes. La primera establece una moratoria para deudas impositivas vencidas hasta el 31 de agosto de 2025, que abarcan impuestos como Inmobiliario/ABL, Patentes, Ingresos Brutos, Sellos y Publicidad, entre otros.
Esta moratoria ofrece facilidades de pago de hasta 48 cuotas y contempla condonaciones de intereses y punitorios con descuentos que pueden alcanzar el 100 por ciento según el momento en que el contribuyente se adhiera al plan. Además, quienes tengan deudas en instancia judicial podrán acogerse a esta moratoria, lo que implica la suspensión de los plazos procesales y la prescripción penal.
En caso de cancelar la deuda total, ya sea al contado o mediante un plan, se extinguirán todas las acciones legales contra el deudor, brindando una salida definitiva para quienes regularicen su situación.
La Ciudad también redujo los honorarios por gestionar regulaciones de deudas
Por otra parte, la segunda ley aprobada responde a un compromiso asumido por Jorge Macri durante su campaña y modifica los honorarios que los mandatarios judiciales cobran por gestionar la regularización de deudas con la Ciudad, como ABL, Patentes e Ingresos Brutos.
Actualmente, los vecinos con deudas son asignados a mandatarios que llevan adelante la gestión judicial y tienen garantizados honorarios mínimos. Sin embargo, esta situación derivó en costos desproporcionados: por ejemplo, se registraron honorarios superiores a $248.000 por una deuda de apenas $50.000, un desequilibrio que resultaba claramente excesivo.
La nueva ley actualiza estos montos mínimos y establece una fórmula que busca equilibrar los intereses de ambas partes. Así, se reduce la carga económica para los vecinos y, al mismo tiempo, los mandatarios reciben una remuneración justa.
En concreto, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) se hará cargo de gestionar las deudas menores a $869.785, mientras que las deudas superiores quedarán bajo la responsabilidad de los mandatarios. Además, se incorpora un tope a los honorarios según el monto adeudado, configurando un esquema más favorable para los contribuyentes.
Estas medidas buscan ofrecer mayor equidad y facilitar que los vecinos puedan regularizar sus deudas con la Ciudad, evitando costos abusivos y procesos judiciales prolongados.
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