En una maniobra desesperada, el equipo económico que lidera el ministro de Economía, Luis Caputo, negoció con un puñado de grandes cerealeras una ventana de retenciones cero a cambio de que le aporten unos 7.000 millones de dólares (tras lo cual volvió a subir los derechos de exportación. Las cerealeras liquidaron poco más de esa meta, pero la mala praxis libertaria impidió que el Tesoro aprovechara ese ingreso extraordinario y compró poco más de 2.200 millones, una cifra no muy lejana a la que podría haber ido adquiriendo en meses normales (promedio de 2.667 millones hasta agosto) sin quita de retenciones. De esta manera, el beneficio no fue redituable y ahora el Gobierno enfrentará un escenario de escasez de divisas.
Según las cifras históricas de la cámara cerealera y aceitera (Ciara-CEC), con la liquidación de septiembre acumulan un ingreso de 28.447 millones de dólares, un 13,4 por ciento más que el monto de todo el ejercicio 2024 (25.090 millones). Se espera de ahora en más una oferta de apenas entre 300 y 1.000 millones de dólares mensuales hasta que finalice el año.
De acuerdo con cifras de Ciara-CEC, durante septiembre las empresas del sector liquidaron la suma de 7.107 millones de dólares; implicando un volumen 187 por ciento mayor con relación al mismo mes del 2024, así como una suba del 291 por ciento contra agosto previo. El acumulado anual creció un 35 por ciento contra mismo período de 2024 y, como se mencionó, un 13,4 por ciento de la liquidación del año anterior. Sin embargo, el Tesoro compró poco de esta oferta de dólares: apenas 2.202 millones de dólares hasta fin de septiembre. A esto se sumó su participación en el mercado para contener las presiones devaluatorias que prácticamente neutralizaron la medida, mientras que la recaudación del mes sufrió una grave baja por la falta de ingresos provenientes del comercio exterior (por la eliminación de las retenciones).
La pésima administración de la dupla Caputo-Bausili derivó a que el efecto en acumulación de divisas sea, pese al premio a las grandes cerealeras, incluso menor al de un mes habitual; el problema es que no compró un solo dólar de la liquidación hasta agosto y se acordó en septiembre, ya con la soga al cuello que tenía que acumular reservas. En enero el sector había liquidado 2.073 millones de dólares; en febrero, 2.181 millones; en marzo, 1.879 millones; en abril, 2.524 millones; en mayo, 3.054 millones; en junio, 3.706 millones; en julio, 4.102 millones y en agosto, 1.817 millones. El promedio de esos dos meses supera ampliamente la adquisición de divisas del Tesoro en septiembre y podría haberlo en cada mes, especialmente en momentos de menores tensiones cambiarias como la actual; incluso evitando las turbulencias posteriores.
MÁS INFO
Ahora sin dólares ni recaudación
“La perspectiva de oferta de dólares del sector para lo que resta del año cae significativamente: puede rondar entre 300 y 1.000 M promedio por mes. Estos números surgen de tomar la liquidación esperada anual según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y restarle las liquidaciones hasta el momento de CIARA-CEC. Como usualmente los datos de ambas fuentes difieren, el 'piso' estimado de 300 millones se calcula a partir de la relación histórica entre las dos, mientras que el techo se obtiene tomando la estimación directa anual de la BCR”, señala un informe de la consultora lcg. “La dificultad, y lo que puede distorsionar la estimación, es que posiblemente también entraron en el cupo de retención 0% DJVEs del próximo año”, agrega.
Más allá de la amplitud del rango, cualquiera de los dos números es preocupante si se tiene en cuenta que el promedio mensual histórico para el último trimestre del año ronda los 1.500 millones de dólares. “Entendemos que este ha sido uno de los factores que reforzó las expectativas de depreciación en los últimos días, aumentando la probabilidad de un cambio en el esquema cambiario tras las elecciones”, detalla la consultora.
A este magro resultado cabe descontar el costo fiscal de la medida. La decisión de eliminar transitoriamente las retenciones al sector agro exportador tiene un costo fiscal equivalente a unos 1.600 millones de dólares, 0,2 por ciento del PIB. La mayor parte de la menor recaudación proviene de la exención aplicada a la soja y sus derivados —que concentran la mayor parte del valor exportado—, lo que refleja el peso estratégico del complejo sojero en la generación de divisas y en la recaudación tributaria.
El último informe de ARCA da cuenta de ese impacto negativo. “En Derechos de Exportación se obtuvieron 562.892 millones de pesos con una variación interanual de 4,3 por ciento. Incidió negativamente la baja de aranceles dispuesta mediante el Decreto 526/2025 y la implementación del Decreto 682/2025. Este último habilitó transitoriamente la alícuota 0% para los derechos de exportación de soja, trigo y maíz, cebada, sorgo, girasol, productos cárnicos, entre otros, a condición de que los exportadores cumplan con la liquidación de divisas, habiéndose alcanzado el cupo de 7.000 millones de dólares de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE)”, explicó ARCA (ex AFIP). En términos reales, descontada la inflación (hasta agosto de 33,6 por ciento interanual), la caída por este concepto fue en septiembre de 22 por ciento, siendo unos de los pilares de la recaudación.
El resultado es menos dólares a futuro y más ajuste fiscal para compensar el regalo a la cerealeras. El Gobierno se comprometió a alcanzar un superávit primario del 1,6 por ciento del PBI este año, 0,2 puntos porcentuales menos que el resultado de 2024. La moderación en la meta (aunque mayor al 1,3 por ciento exigido inicialmente por el FMI) habilitaba en 2025 un recorte de ingresos y/o la suba de gastos respecto a 2024. En los primeros ocho meses del año el Gobierno consiguió un superávit primario del 1,3 por ciento del PBI, con ingresos cayendo al 1,3 por ciento anual real y gastos subiendo al 1,1 por ciento.
Dado que el beneficio a las cerealeras tendrá un costo fiscal de aproximadamente 0,2 del PBI, sin nuevos ingresos que lo compensen, implicará un ajuste equivalente del gasto en los últimos cuatro meses del año. Dado que prácticamente la mitad del gasto primario cuenta con ajuste automático, la cobertura recaerá sobre la porción discrecional. “Sostener el compromiso de 1,6 por ciento del PBI, implicará asumir una caída del 5 por ciento anual real en esta porción del gasto en los meses que quedan del año, cuando el profundo ajuste que vino registrando entre enero y agosto (-11% anual real) permitía considerar un aumento agregado del 3 por ciento anual antes de la baja de retenciones”, concluye la consultora.
Cerrar sesión